EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE

( INCORPORACIÓN DE LAS ECOTASAS EN EL DERECHO PERUANO COMO UNA BÚSQUEDA DE JUSTICIA AMBIENTAL)[1]

 

ABSTRACT

El problema del daño al medio ambiente, no es fruto del azar o de los caprichos de la naturaleza, es por el contrario,  un resultado de las diversas actividades del hombre. Para los abogados, -el problema-  hay que afrontarlo con  instituciones jurídicas modernas  que procuren el desarrollo de la persona humana (conforme fuera establecido en nuestra Carta Magna, artículo 2, inciso 22).

Por ello, resulta  necesario gravar aquellos procesos productivos que, en mayor o menor escala, directa o indirectamente, deterioren el medio ambiente. Así mismo,  debemos tomar en cuenta el principio de “quien contamina paga”[2], y, que la naturaleza y el cuidado del medio ambiente tienen un coste económico que hay que afrontar, siendo que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan [3].

 

 

1.-INTRODUCCIÓN

Toda forma de vida depende que nuestro planeta goce de buena salud. Sin embargo, los sistemas interrelacionados que conforman el entorno natural -la atmósfera, los océanos, los cursos de agua, la tierra, la capa de hielo y la biosfera- están amenazados por las actividades humanas. Además, un entorno frágil resulta más vulnerable a los desastres naturales que, a su vez, lo degradan en un círculo pernicioso de causas y efectos[4].

 

Como una severa advertencia de las consecuencias del abrupto cambio climático, se tiene un informe del Pentágono al ex Presidente norteamericano Bush[5],  en este documento se advierte que nuestro planeta Tierra está al borde de la anarquía: “El cambio climático actual puede, en los próximos 20 años, resultar en una catástrofe global que costará millones de vidas como consecuencia de desastres naturales y también como resultado de violencia civil y guerras por tres recursos vitales para la existencia, el agua, la energía y los alimentos. Los dos primeros se harán escasos y muy caros debido a cambios climáticos. En cuanto a la energía, la persistencia en continuar usando la actual energía fósil, llevará también a elevar su precio para poder hacer frente con nuevas tecnologías al recalentamiento del clima que ella provoca, y también para obtener recursos para otras energía más caras, renovables y no contaminantes”.

 

De otro lado, resulta de suma importancia el desarrollo del Derecho Ambiental[6] y los mecanismos regulatorios para materializar el derecho de la persona humana a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. También, es necesario que en el presente siglo se desarrollen investigaciones jurídicas y no jurídicas sobre: responsabilidad social de las empresas, programas de adecuación medio ambiental, sostenibilidad ambiental,  recalentamiento del planeta, economía ecológica, reforestación y conservación de bosques, turbulencias sociales, econegocios, negociaciones medioambientales, desastres naturales globales, peligro de extinción etc.; investigaciones que servirán para tomar acuerdos jurídicos intergubernamentales y decisiones políticas relativas a los principales problemas medioambientales mundiales, como son el agotamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación y la diversidad biológica.

 

En consecuencia, este ensayo echa una mirada al derecho ambiental español  y vemos -por ejemplo- que en este país existen  importantes figuras jurídicas, tal es el caso de los denominados “IMPUESTOS ECOLÓGICOS”, “ECOTASAS”,“TRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES” o “TASAS VERDES” que buscan prevenir agresiones contra el medio ambiente o  reparar los efectos de las agresiones ya producidas-. Solo de esta forma, podremos construir instituciones propias,  eficientes, y la formación de una conciencia ambiental.

 

2.- EFECTO INVERNADERO Y EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

2.1.- Estrategia Nacional Sobre Cambio Climático

Conforme el Decreto Supremo Nº 083-2006-PCM se ha aprobado la Estrategia Nacional Sobre Cambio Climático, la cual en su contenido referente al Cambio climático y su importancia en el Perú, dice: “El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida en la Tierra. Sin él la temperatura sería de 18º C bajo cero, no tendríamos agua en forma líquida. El efecto invernadero es la absorción de parte de la radiación solar que es reflejada por la Tierra. Ello hace que la temperatura promedio del planeta sea de 15ª C. Esta absorción se produce por los denominados gases del efecto invernadero (GEI), principalmente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Sin embargo, en los últimos doscientos años, en la era industrial, las actividades humanas han aumentado su concentración en la atmósfera a niveles mayores(…) Es así como el hombre ha interferido en la naturaleza del efecto invernadero, transformándolo de un mecanismo esencial para la vida en la Tierra, en el problema de contaminación complejo: el cambio climático (…) Actualmente se consume cien veces más carbón que en el siglo XVIII y el petróleo ha visto incrementado su consumo en más de doscientas veces solo durante el siglo XX. El cambio climático es fundamentalmente producto de la forma en que se produjo la industrialización y los patrones de consumo de los países desarrollados (...)”

 

2.2 El valor de la biodiversidad

América Latina tiene las más ricas reservas genéticas del mundo. Alberga alrededor del 40% de las especies conocidas, además de ser la reserva más importante de agua y tierras cultivables del planeta. Sus bosques tropicales y templados representan cerca de un tercio de los bosques del mundo. Algunos sectores del bioma amazónico y del bosque templado subantártico se encuentran entre los menos intervenidos del mundo. A pesar de toda esta riqueza biológica, importantes procesos de deforestación y desertificación están amenazando su patrimonio natural. De los 6.93 millones de Km2 de bosques originales, en la actualidad solo quedan 3.66 millones. Cada año se pierden 15.000 km2 de bosques, osea casi 3 hectáreas por minuto[7].

 

2.3 El mal manejo de los recursos naturales

Cierto es que el mal manejo de los recursos naturales, en combinación con una política privatizadora y sin un marco regulatorio, han acelerado el deterioro ambiental en muchas regiones de nuestro país. A partir de ello, somos testigos de innumerables movilizaciones sociales de  grupos de peruanos que con razón o sin ella, protestan porque entienden que sus recursos naturales y medio ambiente serán destruidos por las “empresas mineras”. Al respecto, debe quedar establecido  un marco jurídico mínimo:  “La movilización social” es un Derecho individual y de ejercicio colectivo que tiene la finalidad política de protestar [8], y está respaldado por  los derechos de opinión, expresión, participación política y reunión [9].

Asi mismo, se puede hablar del “ecologismo de los pobres”, (luchas sociales con contenido ecológico)[10] -como las protestas de Bagua en Amazonas, o Tía María en Arequipa-; el “ambientalismo indígena-campesino” (lucha contra la utilización y asignación externas de recursos),  ejemplos de ello son las concesiones de territorios para la explotación minera.

No obstante -debemos ser categóricos-, por más justas que parezcan “las movilizaciones sociales o protestas  deben ser  la última ratio, pues su abuso genera un clima de tensión, violencia y enfrentamientos entre la policía y la sociedad civil. “Hemos de recordar que la violencia política en nuestro país dejó un saldo trágico aproximado de 60 mil muertos y pérdidas materiales de 20 mil millones de dólares”.[11]

 

3.- ECOTASAS

Se define como “el impuesto destinado a compensar el impacto medioambiental causado por una actividad económica, gravando de alguna manera esa actividad.”[12] Este impuesto fue denominado Ecotasa por el prestigioso instituto ambientalista Worldwach[13], y grava aquellos procesos productivos que, en mayor o menor escala, directa o indirectamente, deterioren el medio ambiente.

Al respecto el nombre para las tasas o impuestos ecológicos[14]. Se puede referir a:

1.      Una política fiscal[15] que introduce impuestos para promover las actividades ecológicamente sostenibles a través de incentivos económicos. Estas políticas pueden ser complementarias o prevenir los acercamientos al problema con soluciones de índole reguladora. A menudo estas políticas intentan mantener el total de impuestos recibidos reduciendo de forma proporcional otros impuestos, como por ejemplo en el trabajo y en los recursos naturales, en cuyo caso se conoce como la tasa verde.

2.      Los impuesto pigouvianos[16] que son un tipo de impuestos que buscan corregir una externalidad negativa, fue llamado así en honor al economista británico Arthur Pigou, quien fue el primero en proponer que se enfrentaran las externalidades de esta manera.

3.      Los impuestos indirectos[17] sobre los insumos de producción o sobre bienes de consumo cuya utilización puede perjudicar el medio ambiente (por ejemplo, los impuestos selectivos al consumo de la gasolina)

4.      Disposiciones sobre otros impuestos relacionados con la ecología.

5.      Disposiciones que contemplan una depreciación acelerada y tasas impositivas más bajas en el caso de equipos y métodos de producción que permitan ahorrar energía y reducir la contaminación.

Siguiendo a Peinado Lorca, se tiene que estos impuestos deben ser considerados como finalistas, puesto que su fin último es actuar con fines ambientales específicos de forma que la sociedad tenga una percepción clara del destino de los impuestos y los acepte.

3.1 Agenda Nacional de Investigación en Cambio Climático

Finalmente, en diciembre de 2009 se definió en el Perú la Agenda Nacional de Investigación en Cambio Climático. En su elaboración participaron representantes del Estado, universidades, empresas y sociedad civil. La misión de la Agenda de Investigación en Cambio Climático es constituirse en un mecanismo dinámico que guíe las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de los gobiernos regionales y las instituciones de investigación del país. Esta Agenda definió cuatro ejes temáticos y seis ejes de soporte. Los ejes temáticos de investigación son: (i) Predicción del Cambio Climático; (ii) Mitigación de Gases de Efecto Invernadero; (iii) Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático; y (iv) Herramientas para la Toma de Decisiones. Por otro lado, los ejes de soporte definidos son: (i) Institucionalidad y normativa; (ii) Capacidades Humanas de Ciencia, Tecnología e Información; (iii) Infraestructura y Equipamiento; (iv) Información y Difusión; (v) Cooperación Internacional; y (vi) Financiamiento.

 

4.- LEGISLACION AMBIENTAL ESPAÑOLA

  • Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

El primer párrafo del preámbulo de esta norma está basada  principalmente en la  Constitución Española de 1978, artículo 45,  que a la letra dice:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Se habla de la necesidad de contar con una legislación medioambiental que instrumente nuevos sistemas de responsabilidad  que prevengan eficazmente los daños medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen a producirse, aseguren una adecuada y rápida reparación.

Asi mismo, se hace mención a la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004[18], el cual incorpora al ordenamiento jurídico español un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo, ilimitado, preventivo, y autónomo e instituye a la Administración Pública de un conjunto de potestades suficientes para el cumplimiento de la ley.

·        Ilimitado, pues el contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el operador responsable, consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medio ambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria.

·        Objetiva, en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Se completa de esta manera el marco legal de protección de los recurso naturales, pues los daños medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las cuales venían estipulando de ordinario la obligación de restitución de los perjuicios derivados de tales actuaciones infractoras.

·        Política preventiva, debe ser objeto de especial atención la dimensión preventiva, tanto en su regulación como en su aplicación administrativa, pues no hay mejor política conservacionista que la política de prevención frente a los daños medioambientales.

·        Autónoma, pues se separa la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.

4.1.- VENTAJAS DE LAS ECOTASAS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) formada por 30 de los países más desarrollados, recomienda el uso de ecotasas y otros impuestos para la protección del entorno. Al respecto, Jhon Norregaard y Valerié Reppelin en la Revista Control de la Contaminación, nos habla de las enseñanzas derivadas de la experiencia de países líderes en el uso de las ecotasas:

Primero, las reformas no se llevaron a cabo de manera aislada, sino que se efectuaron en el marco común del Protocolo de Kyoto[19] y otros acuerdos internacionales encaminados a lograr la reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, en respuesta a indicios cada vez más convincentes de recalentamiento del planeta.

Segundo, La característica común de la reforma de los impuestos ecológicos ha sido la aplicación de un gravamen sobre las emisiones del dioxido de carbono (…) que es con mucho el gas que produce más efecto de invernadero.

Tercero, en general, el fin perseguido por las reformas de los impuestos ecológicos que son objeto del presente análisis no es generar impuestos elevados. En la mayoría de los casos perseguían el objetivo doble de mejorar la situación ambiental y utilizar los fondos recaudados para reducir las distorsiones de otros impuestos, particularmente los que afectan negativamente al empleo.

Cuarto, si las ecotasas no se combinan con medidas compensatorias, pueden perjudicar la competitividad internacional.

Quinto, los estudios realizados indican que el público estima que las ecotasas son regresivas.

Sexto, si bien los impuestos ecológicos típicos pueden tener efectos negativos que no se observan con otros gravámenes, con frecuencia plantean un conflicto entre los objetivos fiscales y ecológicos, ya que la mayoría tiene por objetivo eliminar o reducir sus propias bases impositivas.

 

5.- LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA Y PRONUNCIAMIENTOS DEL TC EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL.

El artículo 2 inciso 22 de nuestra Constitución nos habla del derecho humano “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Así mismo, el  artículo 67° del texto constitucional dice: “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”.  

En cuanto a normas infraconstitucionales tenemos las siguientes:

·        Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.

 

·        Decreto Legislativo Nº 1013, de creación del Ministerio del Ambiente.

 

·        Ley Nº 28245 Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

 

·        D.S 008-2005 PCM, Reglamento del SNGA.

 

·        D.S. 008-2008-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del MINAM.

 

·        D.S. 012-2009-MINAM Política Nacional del Ambiente

 

5.1.-  Pronunciamientos del TC sobre medio ambiente

5.1.1.- Contenido del derecho al ambiente saludable

El Tribunal Constitucional[20] a definido que dentro del contenido de un “ambiente  equilibrado” se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes abióticos, como el agua, el aire, o el subsuelo, los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, habría que sumar los elementos sociales y culturales aportantes del grupo humano que lo habite.” (STC Exp. Nª 0018-2001-AI/TC, P,f.7).

 

5.1.2.-Dimensiones positiva y negativa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado comporta un deber negativo y positivo frente al Estado. Su dimensión negativa se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana. En su dimensión positiva le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Claro está que ello no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención (STC Exp. Nª 2268-2007-PA/TC, S, f, j, 5, c)

 

5.1.3.- Deber estatal de establecer una política nacional de ambiente

El artículo 67 de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de  instituir la política nacional de ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar o conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional –entendida como el conjunto de directivas para  la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su subsistencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2, inciso 22) de la Constitución que reconoce el derecho fundamental de toda persona “a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida” (STC Exp. Nª 9340-2006-PA/TC, S, f. j. 2, e)

 

5.1.4.-Formas de afectación del medio ambiente

Desde una perspectiva práctica, un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades: a) Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases olores, nieblas o partículas en suspensión y otras sustancias. b) Actividades insalubres: Se generan cuando se vierten productos al ambiente que pueden resultar perjudiciales para la salud humana. c) Actividades nocivas: Se generan cuando se vierten productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, percuaria o piscícola. d) Actividades peligrosas: Son las que ocasionan riesgos graves a las personas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones (STC Exp. Nª 0018-2001-AI/TC, P, f. j. 6)

 

5.1.5.-Relación entre la producción económica y el derecho al medio ambiente

En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, este se materializa en función a los principios siguientes: a) el principio del desarrollo sostenible o sustentable; b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener  en estado óptimo los bienes ambientales; c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados; e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente; y, g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación para la explotación de los recursos no renovables. (STC Exp. Nª 2268-2007-PA/TC, S, f. j. 5)

 

7.- CONCLUSIONES

  • En nuestra Carta Magna no se ha recogido expresamente el principio “quien contamina paga” y tanto en el texto constitucional, el TC, o la propia Ley General del Ambiente, abordan el tema de la responsabilidad por daño ambiental de forma muy tímida (no es objetiva, preventiva, autónoma). El modelo económico está diseñado exclusivamente en la competitividad de nuestros mercados para atraer  inversionistas, sin tomar en cuenta el uso irracional de los recursos y la destrucción del medio ambiente,  lo cual determina que en la práctica, los daños causados sean de difícil o imposible reparación.
  • Se debe emprender una reforma legislativa que debe partir del Ministerio del Medio Ambiente, tomando en cuenta los acuerdos internacionales, la voz de nuestros pueblos (quienes deben ser consultados),  y la experiencia internacional de los países que cobran impuestos ecológicos. De tal forma que a tenor de lo que ha dispuesto la Constitución española en su artículo 45 “se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”, fortaleciéndose las potestades de los entes administrativos para que la responsabilidad por daño ecológico, sea diferente a la responsabilidad civil o penal, y se asegure una adecuada y rápida reparación.
  • El Perú es un país eminentemente minero, pero sin conciencia ambiental; son muy pocos los gobiernos regionales o locales que incentivan el cuidado del medio ambiente, esa labor de concienciar ciudadanos pertenece a grupos específicos como la familia, los educadores, los medios de comunicación y especialmente a las autoridades. La idea básica que debe primar es la política de prevención y cuidado del medio ambiente.

 

 

8.- REFERENCIAS DE PAGINAS WEB

·        http://www.minam.gob.pe

·        http://www.inei.gob.pe/

Arequipa, primavera del 2010.

 

 



[1] Aldo Marcelo Ramos Palomino es docente de los cursos “Derecho Penal II” y “Derecho General” en la Facultad de Derecho y Facultad de Contabilidad de la UTP, respectivamente; así mismo, trabaja en el Ministerio Público de Arequipa.

[2] Citado por Manuel Peinado Lorca, “Impuestos Ecológicos o Ecotasas”, Diario de Alcalá, 3 de mayo de 1966.

[3] Según el numeral I, del Preámbulo de la Ley española 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

[4] Texto extraído  de la web: http://www.wmo.int/pages/themes/environment/index_es.html.,  página de la Organización Metereológica Mundial (OMM)

[5] Citado por Oswaldo de Rivero. El pentagano informa a Bush: cambio climático puede destruir la humanidad.

[6] El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica en formación. Es posible, no obstante, identificar las que constituyen hoy sus principales características, las cuales le otorgan en conjunto la suficiente especificidad para justificar la existencia de un área especializada con dicho nombre.
El conocimiento y la percepción sobre la naturaleza de dichos riesgos y los medios para enfrentarlos han ido desde luego variando, pero en general se asume que existen ciertas "condiciones ambientales mínimas" que hacen posible el desarrollo pleno de la persona humana y que, en palabras de Amartya Sen, no reducen significativamente los "vectores de desarrollo" personal, permitiendo la expansión de las libertades reales de que gozan los seres humanos. Desde luego, existe discusión respecto a dichas condiciones y sobre los mejores medios para alcanzarlas. Finalmente, también es neceario identificar las fuentes o causas de los riesgos ambientales y los efectos o impactos que generan o podrían generar, de tal manera que podamos contar con la información que nos permita decidir adecuadamente sobre los mejores medios para alcanzar las metas de protección ambiental
(Texto extraído de la página web: http://blog.pucp.edu.pe/item/1666. Dialogo y debate sobre Derecho y Politica Ambiental).

 

[7] Cifras extraídas de Fernando Santibáñez Q., Paula Santibáñez V. / Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA, revisar la página electrónica: http://www.cipma.cl/RAD/2007/3_Santiba%C3%B1ez.pdf

[8] Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española protestar (del lat. protestāri) significa: confesar públicamente la fe y creencia que alguien profesa y en que desea vivir, expresar impetuosamente una queja o disconformidad, aseverar con ahínco y con firmeza, expresar la oposición a alguien o algo.

[9] Léase el artículo del autor: ¿Existe el Derecho a las movilizaciones sociales? de la Revista Institucional del Ministerio Público “Ratio y Actio”, Año VI, Número 6, 2010,  páginas 53-56.

[10] Datos extraídos de la Revista Nueva Sociedad Nª 188. Noviembre 2003, pag 110-118: ¿La gestión ambiental. Imperativo Ecológico o Propiedad Privada?, Gentes, Ingo.

[11] Artículo del autor: ¿Existe elDerecho a las movilizaciones sociales?

[12] Extraído de “Glosario de turismo y hostelería”, revisar la página electrónica: http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,ecotasa.xhtml

[13] Dato citado por Manuel Peinado Lorca en: “Impuestos Ecológicos o Ecotasas”

[14] Extraido de la página http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotasas modificada por última vez el 13:20, 15 jun 2010.

[15] La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. (Extraído de la   página http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal

[17] Extraído de la revista: Temas de economía Nº 25. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN mediante el uso de impuestos y licencias negociables, JJhon Norregaard y Valerié Reppelin-Hill. Fondo Monetario Internacional. 2000, edición en español.

[18] Revisar el Diario Oficial de la Unión Europea de 30.04.2004 en la  página:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:es:PDF

 

[19] Protocolo de Kyoto  sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico

[20] En la STC Exp. Nª 0018-2001-AI/TC, P,f.7