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Los Derechos del Hombre en la Constitución de 1857

Tras la Revolución de Ayutla y el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna, se hizo notoria la necesidad de una nueva ley fundamental, en la que se reconocieran de manera clara los Derechos Individuales del Hombre, dado que anteriormente los derechos de los habitantes del territorio mexicano habían sido violados y dejados a un lado por el autoritarismo en el que había vivido el país durante mucho tiempo. El presidente Don Juan Álvarez convocó a un Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855, apegándose a los postulados vertidos en el Plan de Ayutla, este poder Constituyente contaría con un año para expedir una nueva Constitución.
El Congreso Constituyente se reunió del 17 de febrero de 1856 al y para el 5 de febrero de 1857 sería promulgada. El Constituyente trabajó con la intención de reconocer plenamente los Derechos del Hombre dentro del Texto Constitucional como lo consigna Emilio O. Rabasa en su obra “El pensamiento político del Constituyente de 1856 – 1857” de la siguiente manera: “La Comisión conoció que un deber imperioso y sagrado le demandaba una declaración de los derechos del hombre y ha procurado satisfacer a esta exigencia en el título primero”, declaro Arriaga en la parte expositiva de su presentación. ......, el capítulo de los derechos humanos fue tomado de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del Bill of Rights norteamericano , algo de la Constitución de Cádiz y lo disperso de la Constitución de 1824. Extrañamente no se mencionó el Decreto de Apatzingán de 1814, el que había dedicado todo un capítulo –el V-, a la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos.”[10]
El Título I, “De los Derechos del Hombre” Sección I de la Constitución de 1857, reflejó la importancia que se les daba por parte de los miembros del constituyente, principalmente los de ideología liberal, este catalogo de garantías que constó de 29 artículos, fue considerado uno de los más completos para la época, aunque no se incluyera dentro de éste reconocimiento la libertad religiosa, debido las discusiones acaloradas y divididas en la sesiones del Constituyente de 1856 y 1857.
El Artículo 1º de la Constitución es una declaración de reconocimiento a los Derechos del Hombre pues fue redactado de la siguiente manera: “El pueblo mexicano reconoce que, los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.”[11]
Estudiosos del Derecho Constitucional como Emilio O. Rabasa, Ignacio Burgoa Orihuela y Paulino Machorro Narváez señalan que el artículo 1º de la Constitución de 1857 es un claro reflejo de la ideología política que se vivía en ese momento, que era el liberalismo romántico, basado en el Jusnaturalismo, que anhelaba reconocer sobre todas las cosas los Derechos de cada individuo, que habían sido dados en su momento por el creador todopoderoso. Puede ser fácil para muchos criticar esta concepción sobre los que ahora son llamados Garantías Individuales o Derechos Humanos, pero debemos de observar que las ideas vertidas en este artículo son el resultado de la situación que había vivido el país durante años, al haber tenido que soportar la feroz dictadura santannista, es por eso que para varios de los constituyentes de 1857 fue necesario reconocer de esta manera los Derechos del Hombre, como lo habían hecho la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Los Artículos 2 al 11 garantizaron los derechos referentes a la libertad en una gran variedad de formas.
El artículo 2° reconoció la libertad humana o libertad física de las personas al prohibir la esclavitud, siguiendo la senda establecida por Miguel Hidalgo, en su bando del 6 de diciembre de 1810, pese a tener la presión de que en nuestra frontera norte se encontraban los Estados Unidos de América en los cuales aún existía la esclavitud en sus estados del sur, en palabras de Paulino Machorro Narváez: "Y, por tanto, el artículo 2 de la Constitución mexicana fue un reto valiente al poder económico, militar y político más grande del mundo."[12]
El artículo 3° consagró la libertad de enseñanza, además de acotar la necesidad de reglamentar las profesiones que necesitan de título para su ejercicio, para evitar el ejercicio indebido o la usurpación de profesiones.
El 4° y el 5° preceptos constitucionales reconocieron los derechos referentes al trabajo, la libertad para ejercer la profesión, oficio o trabajo que más deseara siempre y cuando no fuera en contra de la Ley, la sociedad, o se ordenara por sentencia judicial, se garantizaba la "justa retribución" al trabajo realizado, prohibía tanto la renuncia a la libertad para poder ejercer una profesión u oficio, como los convenios que obligaran a las personas al destierro.
Los artículos 6° y 7° consagraron las libertades básicas de manifestación de las ideas y de imprenta, acotándolas a que siempre y cuando con estas no se fuera en contra de la moral, los derechos de terceros, que provocaran delitos o perturben el orden público. En el caso específico de la libertad de imprenta o como establece el artículo 7º “la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia”[13] se hizo la acotación del deber de respetar la vida privada; para el caso de persecución de delitos de imprenta el mismo artículo estableció la creación de jurados calificadores, que determinaban si se había cometido falta o no, si era así, otro jurado se encargaría de aplicar la ley y designar la pena correspondiente; esto con el fin de que las personas que fueran afectadas acudieran ante una autoridad especializada que fuera verdaderamente imparcial y no ante la autoridad común que podía actuar por consigna.
El artículo 8º decretó la inviolabilidad del derecho de petición ejercido por escrito y de manera pacífica y respetuosa, obligando con ello a la autoridad que se le hizo la petición a dar seguimiento mediante acuerdo escrito y dando a conocer el resultado al peticionario, el mismo artículo establecía el límite de que el derecho de petición en materia política solo podía ser ejercido por los ciudadanos mexicanos.
El artículo 9º garantizaba el derecho de asociación y reunión con fines lícitos y pacíficos, no reconociendo este derecho a las reuniones armadas.
El artículo 10 garantizó el derecho a la posesión y portación de armas, con la salvedad de las prohibidas por la ley y de establecer penas a quien las portara indebidamente.
El artículo 11 consagró la libertad de transito, de entrada y salida de México sin la necesidad de algún documento que ampare a la persona, estableciendo la salvedad de no perjudicar las facultades de las autoridades administrativas y judiciales en lo referente a los asuntos de responsabilidad civil o criminal.
Los artículos 12 y 13 de la Constitución de 1857 exaltaron el principio de Igualdad entre los mexicanos, pues el artículo 12 estableció la abolición de los títulos nobiliarios, prerrogativas y honores hereditarios, subrayando que: Solo el pueblo legítimamente representado, puede decretar recompensas en honor de quines hayan prestado o prestaren servicios eminentes á la patria o a la humanidad.”[14] Y el artículo 13 que prohibió las leyes privativas y los tribunales especiales, además de desaparecer los privilegios del clero y el ejercitó en esta materia al establecer: “Ninguna persona ni corporación puede tener fieros ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan esacta conecsión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción.”[15] Éste fue uno de los grandes logros de la Constitución de 1857 que en verdad exaltó la igualdad y eliminó privilegios.
Del artículo 14 al artículo 26 se consagraron las garantías de seguridad jurídica de las personas, lo que fue considerado un gran avance en materia judicial y de ejecución de las leyes para su momento, lo que dio certeza a los ciudadanos que habían vivido en la incertidumbre durante la dictadura de Santa Anna.
El artículo 14 específicamente versó sobre la irretroactividad de la Ley, y la garantía de que nadie podía ser juzgado ni sentenciado, por leyes que no hayan sido dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicables a él, ni por tribunales que no estuvieran previamente establecidos al hecho.
El artículo 15 hizo hincapié en la garantía de que nunca se celebrarían tratados para la extradición de reos de carácter político, ni para aquellos reos del orden común que hubieran tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito, reafirmando con ello lo establecido por el artículo 2º de esta misma Constitución, también se prohibió la celebración de cualquier convenio o tratado que alterara o socavará las garantías y derechos que otorgaba la Constitución de 1857.
El artículo 16 estableció la garantía de que nadie podía ser molestado en su persona, familia, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente, que se encuentre fundado y motivado en la ley. El artículo en cuestión también hace también referencia a los delitos in fraganti, señalando que cualquier persona podía detener al delincuente y a sus cómplices, siempre y cuando los pusiera sin demora a disposición de la autoridad inmediata.
El artículo 17 garantizó que nadie podía ser preso por deudas de carácter puramente civil, ni se podía hacer uso de la violencia para reclamar un derecho. Estableciendo también la disposición de los tribunales para administrar justicia de manera gratuita, con esto se abolieron las denominadas costas judiciales.
El Artículo 18 estableció la garantía de imponer la pena de prisión solo a los delitos que merezcan pena corporal, al acusado no se le podía poner en prisión durante el tiempo que durara el juicio, establecía la posibilidad de hacer frente al proceso estando en libertad mediante el pago de una fianza, respaldando el principio de derecho que establece: “Toda persona es inocente, hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.” El artículo en cuestión también señalaba que no se podía prolongar la prisión por falta de pago de honorarios o por algún motivo de dinero.
El artículo 19 consagró el termino de tres días para determinar la situación jurídica de las personas acusadas por un delito, si que quede justificada su detención por un auto motivado de prisión, estableciéndose responsabilidad a las autoridades que excedieran ese plazo, además de garantizar que no se maltrataría a las personas detenidas, ni se les pediría alguna contribución de tipo económico dentro de las prisiones, estableciendo la obligatoriedad de la ley y las autoridades para castigar esas conductas.
El artículo 20 estableció las garantías que tiene todo acusado dentro de un juicio criminal, debiendo dársele a conocer la causas del procedimiento; sus acusadores; la obligación que existe por parte del juez de tomarle su declaración preparatoria dentro de la siguientes cuarenta y ocho horas después de ser puesto a disposición de un juez; el derecho que tiene el acusado a ser careado con los testigos que declaran en su contra; el que se faciliten todos los medios necesarios para demostrar su inocencia, y que se le oiga su defensa por sí, por persona de su confianza o por ambos, y en caso de que el acusado no tenga quien lo defienda, establece la obligación del Estado de presentarle una lista de defensores de oficio para que elija el que más le convenga.
El artículo 21 garantizó que la imposición de penas es facultad exclusiva de la autoridad judicial y que la autoridad administrativa o política solo podía imponer multas que no rebasaran los quinientos pesos, ni ordenar la reclusión de una persona por más de un mes, conforme a los casos que determine la ley.
El artículo 22 fue uno de los grandes avances en cuanto a garantizar los Derechos del Hombre, pues prohibió la tortura, el tormento de cualquier especie, cualquier tipo de penas infamantes, excesivas o trascendentales que atentaban contra la integridad humana.
El artículo 23 abolió la pena de muerte en materia política y reservándola a los delitos como la traición a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al parricida, al homicida con premeditación, alevosía o ventaja, a los delitos del orden militar y de piratería, estableciendo que la ley daría las definiciones de estos delitos; dejando a cargo del poder administrativo, mejor conocido actualmente como el ejecutivo el establecimiento de un nuevo sistema penitenciario.
El artículo 24 consagró las garantía de que los juicios criminales no tendrían más de tres instancias, el principio “non bis in idem”, de no ser juzgado dos veces por el mismo delito, sea la persona absuelta o condenada, se abolió también la practica de absolver de la instancia.
El artículo 25 estableció la inviolabilidad de la correspondencia, ordenando penas severas a quien violara esta garantía.
El artículo 26 garantizó que en tiempos de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje ni otro servicio real o personal sin el consentimiento del propietario, y en tiempo de guerra solo podrá pedirlo con apegó a la ley.
El artículo 27 consagró el derecho y respeto a la propiedad, en este artículo se otorgó al poder público la facultad de la expropiación estableciendo la utilidad pública y la previa indemnización como condiciones necesarias para ello, dejando a la ley secundaria el establecer la autoridad que la aplicaría y los requisitos para efectuarse. Se debe hacer especial hincapié que éste artículo solo consagró la propiedad individual de la tierra, como estableció de la siguiente manera: “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter denominación ú objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.”[16]
El artículo 28 estableció la libertad de comercio dentro del territorio de la República, prohibiendo los monopolios y aboliendo prohibiciones que se dieran con el pretexto de proteger la industria. Establecía la excepción en lo referente a la acuñación de moneda, el correo y lo relativo a lo que hoy en día conocemos como patentes y marcas.
El artículo 29 estableció los requisitos necesarios y las reglas a seguir en caso de que se presentara la necesidad de suspender por un tiempo determinado las garantías otorgadas por la constitución, gran parte de la redacción y espíritu de este artículo sobrevivió en la constitución de 1917, por ello para complementar lo anterior podemos citar el siguiente análisis de Rubén Delgado Moya sobre el artículo 29 constitucional actual, que se puede aplicar muy bien al de la Constitución de 1857: “Para hacer frente a cierta clase de requerimientos que incluso puedan poner en peligro la estabilidad del Estado, éste se ve en la necesidad imperiosa de suspender, llegada la emergencia, todas aquellas garantías que la propia Constitución consagra en favor de los gobernados. Dicha cesación de garantías compete exclusivamente al titular del poder ejecutivo de la Unión,......la referida suspensión sólo deberá afectar exclusivamente las garantías que fuesen obstáculo para enfrentar un peligro inminente, ......La suspensión de las garantías individuales, importa la cesación de la vigencia temporal y especial de las mismas, pero no su negación absoluta.”[17]
Con este título I de la Constitución de 1857 se había logrado por primera vez consagrar los Derechos del Hombre en un apartado especial de una Ley fundamental del México Independiente, pero esto no quedo en una simple declaración de derechos, también se estableció un juicio para defender los derechos del hombre, y este fue el juicio de amparo.


[10] RABASA, Emilio O. 1991. El Pensamiento Político del Constituyente de 1856 - 1857. 1ª Edición. México: Editorial Porrúa - UNAM. Página 28.[]
11 TENA RAMÍREZ, Felipe. 2002. Op. Cit. Página 607.[]
12 MACHORRO NARVAEZ, Paulino. 1959. La Constitución de 1857. 1ª Edición. México. Dirección General de Publicaciones. UNAM. Página 71.[]
13 TENA RAMÍREZ, Felipe. 2002. Op. Cit. Pp. 607 - 608.[]
14 Ibídem, Página 608.[]
15 Ídem.[]
16 Ídem, Página 610.[]
17 DELGADO MOYA, RUBEN. CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. COMENTADA. 5ª. ed. Ed. SISTA S.A. de C. V. México, D. F., 1997, pp. 68 - 69.

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