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AUTONOMIA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y VIABILIDAD DE LA SEPARACION EN LA REPUBLICA DEL PERU






INDICE

I. INTRODUCCION

II. LA DOCTRINA GENERAL DE LA SEPARACION DE PODERES
1. Origen de la doctrina 2. Fundamento de la división tripartita 3. Excepciones al principio de la separación de poderes
4. Críticas a ala doctrina de la separación
5. Poder Legislativo
6. Poder Ejecutivo
7. Poder Judicial
8. Organismos constitucionales autónomos

III. VIABILIDAD DE LA SEPARACION DE PODERES EN EL PERU
1. La experiencia peruana de 1990 – 2000
2. Una posición realista: La Teoría de la Preponderancia
de Funciones

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFIA

I. INTRODUCCION
La arquitectura de la división de los poderes públicos de la estructura estatal en los países contemporáneos, en donde prima el Estado social y democrático de derecho, se ha visto últimamente afectada por sucesos de índole nacional e incluso internacional. No hace mucho hemos visto en el Perú cómo se llegó a hipertrofiar uno de los Poderes del Estado, específicamente el Ejecutivo, en desmedro de los restantes poderes, que llegaron a ser en la práctica instituciones sometidas y dependientes a los dictados y conveniencias del gobierno de turno.

En ese sentido, la viabilidad de la doctrina de la separación de los poderes del Estado resulta de vital importancia pues precisamente no hace mucho hemos asistido a uno de los gobiernos del Poder Ejecutivo que dominó por completo la escena política nacional, subordinando y dependizando, de modo evidente, a los otros dos Poderes, que en las formulaciones teoréticas son indiscutiblemente autónomos e independientes. El contraste entre los niveles teóricos y prácticos, abstractos y concretos, es por demás preocupante.

Es de recordar que la separación o división de poderes, como principio característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano, que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas. La tradicional teoría de la separación de poderes divide éstos en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El primero, ejercido en condiciones normales por el Parlamento, es el encargado de redactar, promulgar, reformar y derogar las leyes; el segundo, cuyo responsable es el gobierno de turno, procura su cumplimiento; el tercero, que está a cargo de los tribunales de justicia, administra la justicia a nombre de la nación.
Un Estado que divide en este sentido sus facultades y funciones es menos susceptible de caracterizarse por procedimientos tiránicos o dictatoriales que aquel cuyas distintas potestades se encuentran asumidas por un número menor de instituciones responsables, o concentradas en una sola persona o institución, en el peor de los casos. La separación de poderes es, en teoría, el principal garante del que ha sido denominado Estado de Derecho, cuya esencia es el "imperio de la ley", y suele ser sinónimo de sistemas o regímenes políticos basados en comportamientos democráticos regulares.

Esta doctrina fue desarrollada durante siglos. Uno de los primeros filósofos que teorizaron sobre ella fue el inglés James Harrington, quien, en su obra “Oceana” (1656), describió un sistema político utópico basado en la división de los poderes públicos. John Locke expuso un tratamiento más detallado de la misma en el segundo de sus “Tratados sobre el gobierno civil” (1690). En sus páginas, el filósofo inglés argüía que los poderes legislativo y ejecutivo son conceptualmente diferentes, aunque pensaba que no siempre es necesario separarlos en instituciones políticas distintas; no distinguía, en cambio, el poder judicial. En cambio, el actual concepto de la separación de poderes fue definido por el teórico francés Charles-Louis de Montesquieu en uno de sus principales ensayos, “El espíritu de las leyes” (1748), donde ya quedaba descrita la triple división (él no usó el término "separación") que desde entonces se convirtió en el eje fundamental de la mayoría de las constituciones contemporáneas.

La doctrina de la separación de poderes, tal como la expone Montesquieu, se inspira en una concepción de la unidad muy próxima a la que Galeno y luego Descartes mantuvieron para pensar la unidad de los organismos vivientes. La unidad del todo se entenderá como el resultado de un equilibrio dinámico entre partes, miembros, Estados, órganos que logran contrapesarse. Hay, además, una parte directiva, gobernante, un «alma racional», de naturaleza monárquica, que llegaría a ser arbitraria y despótica si las otras partes no estuvieran separadas de ella. En cualquier caso, el «derecho», es decir, las leyes, no tendrán por qué cubrir íntegramente, de modo «totalitario», a todas las regiones de una sociedad política, porque muchas de estas partes actuarán sin necesidad de pasar, a toda costa, por las formas legales. El clima, la raza, las costumbres, si no ya los mandatos divinos que actuaban en el Antiguo Régimen por encima de cualquier poder legislativo humano, contribuirán a canalizar la vida de las sociedades políticas, bajo la nueva concepción.

La clásica tesis de la teoría de la división de poderes del Estado, en el marco de la autonomía de los poderes públicos, encuentra en la realidad social su antítesis, sobretodo tratándose de regímenes presidencialistas, en donde se dan muchas atribuciones y prerrogativas al Poder Ejecutivo en la figura central del presidente constitucional que personifica al Estado nación. A diferencia de los sistemas de gobierno parlamentaristas, en donde es el Poder Legislativo el que se convierte en el primer poder del Estado, los sistemas presidencialistas en países como el nuestro llegan a reducirse en unas cuantas personas detentadoras efectivas del poder estatal; esto es, en la persona del presidente del Ejecutivo y su círculo inmediato de poder.

Desde el ángulo de la experiencia política de nuestra nación peruana, recogemos la preocupación contenida en la antítesis mostrada por la realidad, dirigiendo la crítica hacia la viabilidad de la doctrina de la separación, sin dejar de considerar nuevas y no tan nuevas propuestas sobre la problemática del poder estatal, tal como es, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas.

En ese orden de ideas, es imprescindible el esclarecer con un estudio la viabilidad de la autonomía y separación de los poderes del Estado, a través de la siguiente formulación:
¿ Resulta viable la doctrina de la autonomía y separación de poderes del Estado en la república del Perú ?

II. LA DOCTRINA GENERAL DE LA SEPARACION DE PODERES
1. Origen de la doctrina.- En términos de actualidad, la división de poderes del Estado ha sido reemplazada por la separación de poderes, entendidos estos últimos como referidos a los órganos por los cuales se ejercen las funciones estatales. En ese sentido resultaría propio hablar de una separación de poderes, a nivel de la trilogía compuesta por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, pero supeditada, en su denominación, a un fin consistente en la enfatización de su independencia.

Siendo el poder del Estado uno en realidad, al tener el poder un carácter único o unitario, el reconocimiento de la existencia de varios poderes en ese marco de unidad no parece superar un cierto signo de abstracción metafísica. Sin embargo, la existencia de varios órganos ayuda a que éstos se limiten y controlen recíprocamente a nivel de la administración de la cosa pública, considerando que dos de las ramas (el Poder Ejecutivo y el Parlamento) ejercen poder político en sentido estricto, y la tercera (el Poder Judicial), en su función jurisdiccional, sirve como garantía final contra todo tipo de actos arbitrarios y de abuso de poder, al menos en la declaración teorética de sus presupuestos institucionales.

Como la unidad del Estado tiene que ser una realidad expresada en términos de una indivisible soberanía, el poder que surge del Estado también se reputa no divisible, porque de lo contrario ello llevaría a su fragmentación en una variedad de formaciones políticas, al decir de Raúl Ferrero Rebagliati [(]1). Este hecho resulta fundamental, pues el Estado nación es la superación de las ciudades Estado que fueron, por ejemplo, el contexto en el cual floreció Maquiavelo, por lo que cualquier atentado a la soberanía e indivisibilidad del primero implicaría un retroceso histórico, en el cual no se puede caer, bajo riesgo de pérdidas enormes para la civilización. En ese sentido, el Estado nación se confundió en sus inicios con el Estado Federal, en un sustrato de basamento constitucional, y en consecuencia la tesis de la división de poderes se ideó para darle un carácter funcional y viable a su propio fundamento.

Posteriores eventos no pocas veces han puesto en jaque a la unidad e indivisibilidad del Estado contemporáneo, en cuanto un respeto irrestricto del alcance de la división de los poderes, amenazando inclusive con disolver el Estado nación. El mundo actual, lejos de parecer fiel a un equilibrio de poderes basado a su vez en la división de los mismos, se desenvuelve en el marco de un destacamiento de las funciones del gobierno ejecutivo, por sobre los otros poderes del Estado. Asimismo, en los Estados federados (conglomerados de organizaciones político – administrativas equivalentes a Estados), se da un aumento creciente de la esfera de competencia de la autoridad federal, que representa precisamente a la unidad de los Estados. [(]2)

Es de reconocerse que la doctrina de la separación de poderes en tres personas morales fue producto de una elucubración antigua, de larga data. La división teórica del Estado en tres entidades encontró su exacto correlato, a manera de consecuencia, en una mutua complementación y subordinación recíproca. Sin embargo, en el caso de la experiencia francesa, la revolución que proclamó la división tripartita rechazó en la práctica sus postulados teóricos, al instaurar la dictadura de la Asamblea. Lo que desde antiguo se pensó que sería una garantía contra la arbitrariedad, no soportó en la práctica al primer reto histórico que se le presentó. A pesar de ello no podemos dejar de mencionar la contribución general de Aristóteles sobre un gobierno constituido por una asamblea pública deliberante, un cuerpo funcionarial y un cuerpo de magistrados. También, es de destacar a Hugo Grocio, que enuncia en forma indirecta la teoría de la separación de poderes, aunque es con John Locke que se logró cierta concreción en la referida doctrina, mediante un enunciado teórico preciso y específico. En ese sentido, en su libro “Ensayo sobre el gobierno civil” se muestra la consecuencia práctica de la separación de poderes como garantía de libertad. Locke restringe su concepción a dos poderes en realidad (el Legislativo y el Ejecutivo), atribuyendo al gobierno tres funciones (ejecutiva, federativa y prerrogativa), siendo la facultad de prerrogativa la consistente en la potestad del Ejecutivo de obrar de acuerdo a una amplia discrecionalidad cuando así lo exija el bien común, incluso sin prescripción legal o más aún en contra de la ley, dado que las leyes no podrían prever exactamente todas las situaciones especiales de emergencia. Esto último animó hasta hace poco a algunos teóricos a postular, a modo de propuesta, que los actualmente llamados Poderes Legislativo y Ejecutivo estarán unificados con el Poder Judicial bajo la forma de Consejo o Senado y de su Presidente, a cuyo conjunto se llamará Comando Central de Estado [(]3).

Con Bolingbrocke se da forma a una concepción propia de equilibrio de poderes, desde una perspectiva eminentemente práctica, expresada en la necesidad de un gobierno mixto, con recíproco control de los poderes del Estado. Sin embargo, es hidalgo reconocer que la consecución de una propuesta de equilibrio no se puede explicar sin la previa existencia de la tesis de separación de Locke. En otras palabras, el concepto preciso de “equilibrio de poderes” no es posible comprenderlo sin una preliminar “separación de poderes”. Lo uno no puede existir sin lo otro. Luego, Montesquieu sistematiza las tesis anteriores, con el fin de lograr una aplicación como fórmula concreta. Respecto a esto último, Raúl Ferrero Rebagliati textualmente expresa: “ ... el sistema de Montesquieu supera en precisión y eficacia a las instituciones británicas establecidas como fruto de una experiencia de siglos. En su inmortal obra El Espíritu de Las Leyes distingue los tres poderes que se han hecho clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Es de advertir que enuncia este último como una de las dos funciones ejecutivas, pues enumera una potencia legislativa, que dicta las normas, y dos potencias ejecutivas: una que atiende a las relaciones internacionales y a la seguridad pública, y otra encargada de castigar los delitos o juzgar las diferencias entre particulares “. [(]4)

La sistematización realizada por Montesquieu tiene como punto de referencia vital a la libertad humana y su necesidad de ser garantizada mediante dispositivos constitucionales que controlen todo exceso de poder. En ese sentido, el aporte principal de Montesquieu residiría en la idea del contrapeso del poder por medio del equilibrio de sus ramas. En el desarrollo histórico de las sociedades humanas, la emancipación norteamericana y la independencia de los países hispanoamericanos trajeron consigo una asimilación concreta de la fórmula de la separación equilibrada de los poderes del Estado. Después de siglos de oscurantismo político, enmarcados en gobiernos regidos por monarquías o principados teocráticos o despóticos, los tres poderes fueron enunciados y mencionados a nivel constitucional, al modo de una partida de nacimiento extendida con todo el entusiasmo que el ser humano pueda ensayar, en donde se consigna una solución largamente esperada y producto de numerosas elucubraciones mentales.

2. Fundamento de la división tripartita.- En la búsqueda de un basamento del tripartidismo de los poderes estatales, se encontraron dos fundamentos de “necesidad”:
a) Garantizar la libertad por medio del equilibrio de los órganos del Estado; y
b) Dividir el trabajo y mejorar la función mediante la práctica especializada.

Con la desconfianza inherente de la humanidad ante los seres humanos que detentan el poder del Estado, la división de los poderes se erige como claro remedio contra toda forma de tiranía o “despotismo ilustrado”. Luego está el hecho de la conservación de las atribuciones de cada poder frente a los otros. En ese sentido, lo que se busca garantizar es al fin de cuentas la libertad política de los ciudadanos, que traducida en la práctica de los hechos cotidianos llega a interpretarse finalmente como una lisa y llana libertad.
Lo que Montesquieu manifestó como “la necesidad de que el poder detenga al poder” no es, pues, una expresión de la desconfianza histórica hacia el mismo Estado, sino hacia los hombres que detentan el poder del Estado. Desconfianza o preocupación, pero respecto a la tendencia a la arbitrariedad que tiene toda persona que ejerce autoridad. Y es que, históricamente, el mismo ejercicio de la autoridad ha desembocado en un autoritarismo, de buena o mala fe, mas autoritarismo al fin y al cabo, pues la buena fe que pudo existir en un principio no tarda después en expresarse como opresión de la libertad individual cuando se quiere o se busca la imposición de una determinada y única manifestación de bien común. He allí a los inicios de los contestatarios y rebeldes respecto a los mayoritarios y a los que participan activamente de una forma de gobierno de turno.

Montesquieu dejó en claro su preocupación sobre la reunión en una misma persona o un mismo cuerpo de funcionarios, de los poderes del Estado, trátese de la combinación del poder ejecutivo y el legislativo, o de éstos junto con el poder de juzgar; esto es, el Poder Judicial [(]5). Claro que el absolutismo de las monarquías no pudo prescindir de aparatos jurisdiccionales, de jueces que se encarguen de administrar justicia, conforme las sociedades iban dirigiéndose a una mayor especialización en la división del trabajo. Por lo menos tal “desprendimiento” de cuotas de omnímodo poder se restringió a la solución de asuntos domésticos entre los particulares; es decir, en el marco de los derechos privados. La división del trabajo en ese sentido estaría estrechamente relacionada con la doctrina de la separación de poderes, por cuanto sin la debida especialización en los modos de actuar de los órganos estatales no habría una óptima conducción del Estado. Por otro lado, la independencia de los poderes estatales no puede llegar a lo absoluto, bajo riesgo de detener la misma marcha del Estado, ocasionando su propia fragmentación, tornando en irreal su concepción como tal.

En ese sentido, los fundamentos de la división tripartita se encuentran en la necesaria especialización del trabajo funcionarial en los predios del Estado, en el entendido de una separación no absoluta para la imprescindible coordinación entre los órganos estatales.

3. Excepciones al principio de la separación de poderes.- Siguiendo la línea de pensamiento que se refiere a la coordinación y no absoluta separación entre los poderes del Estado, se afirma que el principio de la separación tiene diversas excepciones asentadas en la complejidad de la estructura estatal, explicada en unos casos por razones de oportunidad o por la historia particular de las instituciones. En ese contexto existe el poder reglamentario del órgano ejecutivo, el cual no podría cumplir sus funciones de administración sin la facultad de dictar normas secundarias que regulen la aplicación de la ley, como norma primaria. Asimismo, otra excepción al principio de separación sería la jurisdicción administrativa, la misma que confiere al administrador la capacidad de un juzgador, a pesar de carecer de imparcialidad, puesto que revisaría nada menos que su propio acto o el de un funcionario de menor jerarquía, aunque se acepte que el poder judicial debe revisar los actos administrativos impugnados, a través de la acción contencioso administrativa. También se dan excepciones al principio de la separación cuando hay circunstancias históricas que desaconsejan la práctica de la separación y división de poderes, en casos de invasión extranjera o de gobiernos de facto, en el caso que sean “llamados” a mantener rápidamente el orden público y la continuidad de la vida del Estado, o a realizar cambios no posibles o practicables dentro de las formas o cánones constitucionales. Y es que, al decir de Raúl Ferrero Rebagliati, en tiempos anormales, el gobierno también sería anormal [(]6).

En consecuencia, la realización plena y exclusiva de una función por parte de cada poder del Estado es impracticable, dada la dialéctica que subyace en la realidad estatal. Por tanto, podemos hablar de predominio de unas funciones sobre otras. El órgano legislativo tiene como función lo legislativo, valga la redundancia. La función del órgano ejecutivo es la administrativa o de administración, y el órgano judicial tiene como función lo jurisdiccional. Pero cada poder del Estado realiza funciones adicionales, que podrían ser catalogadas como parte de los otros órganos estatales, y no de ellos mismos. Las funciones típicas serían aquellas que son propias de cada poder, y las materiales aquellas que se refieren a las impropias o no propias de cada órgano. En ese sentido, el Poder Judicial realiza actos jurisdiccionales cuando atiende a su función específica, empero también realizaría actos administrativos cuando nombra a sus empleados o interviene en procedimientos no judiciales. Del mismo modo este órgano estatal realizaría actos legislativos cuando interpreta las leyes y establece normas supletorias. Por último en el Legislativo también habría actos jurisdiccionales realizados por funcionarios administrativos, específicamente los ministros, cuando éstos se pronuncian acerca de la aplicación de las leyes en una reclamación administrativa, toda vez que su resolución constituiría un acto jurisdiccional, puesto que “dirían el derecho”. En tal sentido, los jefes de reparticiones administrativas, al resolver casos concretos que implican una cuestión de derecho, ejercerían de modo subsidiario una función jurisdiccional. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que sólo los Poderes Ejecutivo y Legislativo son estrictamente políticos, dado que se originan y renuevan a través del sufragio universal; esto es, dentro de los mecanismos propios de la democracia representativa. Por tanto, el gobierno o la conducción del país corresponderían a estos dos Poderes, en un necesario o inevitable contrapeso y coordinación.

El Poder Legislativo ejerce un contrapeso respecto al Poder Ejecutivo a través de la interpelación, el voto de censura, etc., mientras que el Ejecutivo goza de la facultad de observar las leyes, pudiendo incluso disolver el Parlamento, de acuerdo a ciertos requisitos que tienen que cumplirse. El presidencialismo o el parlamentarismo se configuran precisamente por la predominancia de los órganos estatales en la conducción política del Estado. Y en este mismo orden de ideas, producto de la interacción existente entre los poderes ejecutivo y legislativo la distinción entre un “gobierno parlamentario” y un “gobierno presidencial” no opera o no se verifica de modo absoluto o radical, pues se constituyen precisamente en base a las predominancias, de tal modo que lo correcto sería hablar en términos de gobierno predominantemente presidencial o predominantemente parlamentario. La exclusión y el sometimiento de un poder respecto al otro están prohibidos, ante el imperativo del control y cooperación recíprocos.

4. Críticas a la doctrina de la separación.- Es de indicar que Incurriríamos en un simplismo grosero si identificásemos, sin mayor análisis, la doctrina de la separación de poderes en la sociedad política, tal como la formuló Montesquieu en 1747, y la idea de un Estado de Derecho, tal como aparece, después de A. Muller y Th. Welker, en R. Von Mohl, en el año de 1824, a partir del hecho de que aquella doctrina ha sido incorporada, de algún modo, a esta idea. Cabría exponer el panorama al respecto: la idea del Estado de Derecho (en el sentido de “Estado pleno de derecho”, no de “Estado simple de derecho”) implica la doctrina de la separación de poderes; pero esta doctrina no importa la idea de un Estado de Derecho, al menos en la modulación característica o estricta de Estado pleno, según la cual suele ser utilizada esta idea (la que se refiere al reconocimiento de los derechos humanos individuales, eminentemente, aunque no exclusivamente, en el sentido del liberalismo). En realidad, ni la doctrina de los tres poderes ni la idea de Estado de Derecho son figuras exentas, susceptibles de alcanzar, en filosofía política, un significado autónomo, como el que pueda corresponder, en geometría, al tetraedro, por ejemplo. En cierto modo serían términos sincategoremáticos, pese a las pretensiones con las que suele ser presentada la idea del “Estado pleno” de derecho (por ejemplo, en el sentido de Kelsen, para quien esta expresión es, ya en sí misma, redundante). Pero la idea de Estado de Derecho, como su paralela, la idea de Estado de Cultura (formulada por primera vez por Fichte), contiene implícitamente, o de modo escondido, la referencia a una determinada sociedad política históricamente dada, como pueda serlo el Estado prusiano, en cuanto buscaba ser la expresión del Deutschum. Aquí cabe citar una frase histórica: “A partir de hoy [dice Federico Guillermo IV el 21 de marzo de 1848] Prusia se confundirá con Alemania”. Así también, el Kulturkampf, la lucha por la cultura que Bismarck inició en 1871, había que entenderla como lucha por la cultura alemana. Sin duda, además, la doctrina de los tres poderes y la idea de un Estado de derecho tienen en común su oposición a la concepción que de la sociedad política nos había dado el absolutismo del antiguo régimen; incluso tienen en común su reivindicación de los “derechos humanos individuales”. Pero esta reivindicación no tendrá necesariamente siempre el sentido del individualismo (es decir, del nominalismo individualista, liberal, que suele invocar el contrato social) en cuanto opuesto al realismo, exagerado o moderado, de los universales, en nuestro caso, de la “sociedad”. Sin duda, las reivindicaciones individualistas o personalistas pueden estar siempre actuando, incluso en un primer plano aparente; empero ellas mismas actuarán envueltas en otras oposiciones más complejas en las cuales se enfrentan, por ejemplo, los nacionalismos, entre sí y con la idea de humanidad (implícita en la Declaración de los Derechos del Hombre), o con la concepción monárquica de la sociedad política y la concepción republicana.

La doctrina de la separación de poderes, tal como la expone Montesquieu, se inspira en una concepción de la unidad muy próxima a la que Galeno (y luego Descartes) mantuvieron para pensar la unidad de los organismos vivientes. La unidad del todo se entenderá como el resultado de un equilibrio dinámico entre partes, miembros, Estados, órganos que logran contrapesarse. Hay, además, una parte directiva, gobernante, un “alma racional”, de naturaleza monárquica, que llegaría a ser arbitraria y despótica si las otras partes no estuvieran separadas de ella. En cualquier caso, el “derecho”, es decir, las leyes, no tendrán por qué cubrir íntegramente, de modo “totalitario”, a todas las regiones de una sociedad política, porque muchas de estas partes actuarán sin necesidad de pasar, a toda costa, por las formas legales. Resultaría gratuita y confusa la tesis de la implicación recíproca entre la idea del Estado de Derecho y la teoría de sus tres poderes. Y es que en realidad ¿por qué tres y no dos o siete poderes?, ¿cuáles son los fundamentos de semejante proposición? Como respuesta, podremos seguramente conceder que la idea de una Constitución política, como en general, la idea de la constitución de cualquier entidad estructural dotada de unidad interna, requiere, por lo menos, tres determinantes (co-determinantes), y no uno ni dos solamente. Con un solo determinante {a} cualquier sístasis estructural o procesual vería reducirse la integridad de sus partes a un único componente, es decir, dejaría de ser una entidad plural constituida por partes dotadas de ritmos relativamente independientes; por lo que recaeríamos en la concepción metafísica del hilemorfismo aristotélico, que atribuye a la única forma sustancial la responsabilidad de la unidad de la sustancia. Con dos determinantes {a,b} la situación sería similar, puesto que la codeterminación de dos principios los mantiene como mutuamente dependientes, haciendo imposible una symploké en la que «todo no esté relacionado con todo». Con tres determinantes {a,b,c}, en cambio, las relaciones de codeterminación toman la forma de concatenaciones conjuntas {(a,b),(a,c),(b,c)} y sus recíprocas {(b,a),(c,a),(c,b)}, en las cuales ya cabe distinguir ritmos independientes, aunque no «exentos». Pero Montesquieu habría desconocido esta symploké, apelando a una causa genérica exterior del movimiento, como en los sistemas mecánicos. Según esto podemos asegurar, en virtud de razones estrictamente lógico-materiales, que la idea de un poder judicial, como determinante de la idea no sustancialista de una sociedad política, no podría haberse tallado aisladamente, sino conjuntamente con la idea de otros determinantes (tales como la idea de poder ejecutivo o la del poder legislativo). De la misma manera que a un organismo viviente, a una sístasis orgánica, no podemos asignarle, como determinante, una única función (por ejemplo, la respiración o la reproducción), sino que es preciso asignarle más de una, y aun más de dos funciones determinantes. Pero, volviendo a la interrogante, ¿por qué tres precisamente? Si volvemos la mirada a las Constituciones Políticas: ¿por qué tres funciones, potestades o poderes, y no cuatro o doce? ¿Acaso no sería posible la constitución de un Estado de Derecho establecida en torno a siete o a doce poderes? Sin duda estas preguntas no tuvo a bien plantearlas Montesquieu; tampoco los teóricos del Estado de Derecho, ni los teóricos del Estado democrático de Derecho, ni siquiera los teóricos del Estado democrático social de Derecho. Solamente por ello ya podríamos considerar gratuita, y sin fundamento, la teoría de los tres poderes.

Pero esta tesis tripartita es confusa en la exposición de Montesquieu, en donde aparece envuelta en un dualismo, por cuanto lo que él propone no son tres, sino propiamente dos potestades, si bien la potestad ejecutiva se subdivide inmediatamente en dos, aunque atendiendo a un criterio enteramente exógeno al caso (la distinción entre un derecho de gentes y un derecho civil). Se corrobora esta tendencia al dualismo cuando, unas páginas después de su primera proposición, Montesquieu escribe esta sorprendente conclusión en El espíritu de las Leyes: “De las tres potestades de que hemos hablado, la de juzgar es en cierto modo nula. Quedan pues dos solamente... “

En cuanto a la tesis de la separación e independencia de los poderes, considerada habitualmente como la más característica de Montesquieu, tenemos que subrayar su oscuridad y confusión. Si los tres poderes son codeterminantes, ¿qué significa la tesis de su independencia? La separación entre los tres poderes estaría incluida en su condición de codeterminantes; luego la separación de poderes habrá de interpretarse como un modo oscuro de establecerse no la separación de poderes codeterminantes, sino acaso la separación de los órganos o instituciones que los encarnan, y con su “dispersión” a través de ellos. La teoría de la división de poderes fue enunciada por Montesquieu en su obra “El Espíritu de Las Leyes”, a mediados del siglo XVIII. Su teoría señala que en todo gobierno (Estado) existen tres clases de poderes: el poder legislativo, el ejecutivo con relación a las cosas que dependen del derecho de las naciones y el ejecutivo con relación a las cuestiones que dependan del derecho civil. Según Montesquieu, esta división del poder del Estado en tres, es la única manera de asegurar la libertad de los ciudadanos. Cada uno de esos poderes es ejercido por órganos distintos e independientes entre sí, siendo esta separación orgánica, la garantía para la esfera de libertad de los particulares, ya que los poderes rivalizan, se equilibran, siendo cada uno celoso guardián de su respectivo ámbito de competencia, de suerte que queda entre ellos una esfera libre para actuaciones no reguladas, en las que ninguno está autorizado para interferir, y que precisamente constituye el ámbito de libertad garantizado a los particulares.
 
Cada uno de los poderes ejerce su función en forma exclusiva y excluyente, así sólo al poder legislativo corresponde dictar la ley; al ejecutivo, la ejecución de la ley sin que pueda dictar leyes ni realizar otros actos que los autorizados por ellas; y al jurisdiccional, corresponde la aplicación de las leyes en las relaciones entre particulares o entre éstos y la Administración del Estado. Esta doctrina ha sido recogida en casi todas las constituciones políticas, y su principio básico de la separación de poderes tiene hoy plena vigencia en cuanto distingue tres funciones principales del Estado.
 
4.1 Pilares de crítica.- La doctrina que postula la división del poder del Estado en tres, habría sido dejada de lado, siendo reemplazada en la actualidad por la consistente en la “preponderancia de funciones”. Pero, antes de dar una “sentencia final” al respecto, es de anotarse que las principales objeciones a la teoría de división de poderes son:
 a) La referida tesis postula que es el poder del Estado el que se divide en tres. Situación que no sería la correcta, ya que en un Estado existe un solo poder supremo como consecuencia de que el Estado es una unidad. Lo que sí se ajusta a la realidad es que existen en él una serie de funciones que se ejercen por ciertos órganos independientes (legislativo, ejecutivo, jurisdiccional), y es por eso que cada órgano estatal representa, dentro de sus límites, el poder del Estado;
 b) La división de poderes postula que cada órgano del Estado (ejecutivo, legislativo y jurisdiccional) ejerce en forma exclusiva y excluyente sus funciones. Ello no corresponde a lo que ocurre en la práctica, por cuanto en el Estado moderno cada órgano desarrolla una función en forma principal pero no excluyente, sino que algunas se realizan por dos órganos estatales. Por ejemplo, la actividad legislativa corresponde, principalmente al Congreso o Parlamento (órgano legislativo); sin embargo en ella también puede intervenir el Presidente de la República (órgano ejecutivo);
 c) Esta teoría habría sido ampliamente superada, conservándose su principio básico de la división de las funciones del Estado en tres (ejecutivo, legislativo y jurisdiccional), y la separación de lo órganos que las realizan. Principio que se basa en una distribución racional del trabajo y que permite alejar el peligro del abuso del poder o el ejercicio arbitrario del mismo.

5. Poder Legislativo.- Desde las primeras experiencias históricas sintetizadas en los legisladores como los máximos exponentes, en sabiduría, justicia y bondad, la humanidad ha ido decantando la función consiste en el “dar leyes” en un grupo de representantes nacionales, dentro del contexto de determinada forma de gobierno, que para el caso de la contemporaneidad se encuentra identificada en su gran mayoría con la democracia constitucional de los Estados de derecho. Tales representantes populares, a diferencia de los antiguos legisladores, no son necesariamente ni sabios ni justos y mucho menos buenos [(]7).
En ese sentido, ahora el denominado Poder Legislativo viene a estar constituido por el grupo de representantes populares que se ocupan tanto de proponer, estudiar, discutir, votar y aprobar o rechazar las iniciativas de Ley que presente el propio Poder Legislativo, a través de los parlamentarios o congresistas, el Poder Ejecutivo y hasta cierto punto la ciudadanía.

5.1 El legislar.- En el orden de las necesidades comunitarias para organizar y asegurar la continuidad de las sociedades humanas, el primer acto imprescindible fue, todo lo indica, el “legislar”; esto es, la facultad de dar o expedir leyes. Alrededor de este acto legendario comienzan a organizarse los pueblos y ciudades. Incluso el derecho escrito nace ligado intrínsecamente al mismo acto de legislar, y la ciencia jurídica no tarda mucho en aparecer, aunque bajo el predominio teorético de ciertas concepciones sistémicas de la vida y el mundo.

Históricamente, el Poder Legislativo ha organizado sus tareas y funciones por medio de una o dos cámaras de deliberación y resolución, encuadrados en el “dar o expedir leyes”. Según la Constitución Política del Estado peruano, actualmente en vigencia, el Poder Legislativo en el Perú reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única para la cual son electos ciento veinte congresistas. El Congreso se elige por un período de cinco años y sus atribuciones son las de: (i) representar a los ciudadanos en el ejercicio del poder; (ii) “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes” ; y (iii) controlar el desempeño de los demás poderes y organismos del Estado. Se rige por la Constitución, el Reglamento del Congreso y normas complementarias. El Congreso cuenta con una Comisión Permanente que ejerce, entre otras atribuciones, funciones legislativas delegadas durante los períodos de receso parlamentario. Hay dos períodos ordinarios de sesiones (27 de julio al 15 de diciembre y 1º de marzo al 15 de junio) y períodos de sesiones extraordinarias convocados según la legislación correspondiente. La estructura orgánica del Congreso distingue entre el ámbito de organización y trabajo de los congresistas que se denomina “organización parlamentaria” y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denomina “servicio parlamentario”. La organización parlamentaria tiene los siguientes órganos: Pleno; Consejo Directivo; Junta de Portavoces; Presidencia; Mesa Directiva; Comisiones: 28 ordinarias, relacionadas con temas económicos, políticos, sociales, jurídicos, étnicos y de género; de investigación, para atender básicamente a denuncias de excesos de instituciones y altos funcionarios públicos; y especiales; y los Grupos Parlamentarios. A su vez el servicio parlamentario consta de: Oficialía Mayor, de la cual dependen la Dirección General Parlamentaria y la Gerencia General y la Oficina de Auditoria Interna.

Según la Comisión Andina de Juristas, “el Parlamento peruano sufre una crisis de representación, reflejada en una falta de credibilidad ciudadana. Este fenómeno tiene una explicación multicausal donde destacan el poco arraigo histórico de esta institución en el país, la débil y a veces inexistente vinculación de la institución con la ciudadanía y la carencia de una estrategia de información que a la vez que mantener informada a la opinión pública de los sucesos de la institución, contribuya a educar al país en torno a su rol. A ello se añaden los problemas de la crisis de los partidos políticos, la escasa presencia del Congreso en la solución de los problemas nacionales en la década fujimorista y la falta de continuidad democrática que tantas veces la ha afectado” [(]8). Es de anotarse que, además, hay que referirse a los hechos que sucedieron a partir del 5 de abril de 1992, cuando el Ejecutivo, con el apoyo de la cúpula militar, disolvió el Congreso convocando a una constituyente que promulgó una nueva Constitución en 1993. Aquí la debilidad de la institución fue una de las razones que explican la relativa facilidad con que se logró su disolución y la alta aprobación ciudadana a la medida. Según encuesta realizada por DATUM y publicada en el diario El Comercio el 10 de abril de 1992 el 84% de la misma aprobó su disolución. Es así que en la práctica, terminó restando atribuciones al Poder Legislativo y limitando su control sobre determinados actos de gobierno. El Reglamento del Congreso fue modificado, con el apoyo de la mayoría gobernante, a fin de permitir que los cargos de confianza sólo fueran ocupados por personas afines al Ejecutivo y evitar la aprobación de mociones que pudiesen haber significado acciones de control contra sus intereses. Cabe reconocer que en el caso peruano, los parlamentarios no tienen un deber formal que los comprometa a implementar mecanismos para la atención y acceso de sus electores. Esto ha incentivado que algunos congresistas permanezcan inmersos en las funciones corporativas del Congreso durante gran parte de su periodo congresal, descuidando su relación con la comunidad hasta la llegada del tiempo de elecciones. Lo anterior ha debilitado la relación de la sociedad civil con el trabajo del Congreso y sus comisiones.

5.2 El control al gobierno ejecutivo.- Además de la labor legislativa del expedir leyes, está la fiscalización que el Parlamento lleva a cabo dentro de una idea general de contrapeso de poder, respecto al poder que dirige los destinos del Estado, como es el poder ejecutivo. En ese sentido, es de reconocerse que los gobiernos con mayoría parlamentaria carecieron de control y, en algunos casos, abusaron del poder. Por su parte, los gobiernos sin mayoría parlamentaria resultaron inoperantes debido a que fueron objeto de sabotaje. En general, cualquiera sea el modelo adoptado por nuestras constituciones, nos debatimos entre el autoritarismo y la precariedad que a veces acompaña a los gobiernos legítimos sin lograr un sistema funcional y equilibrado, viable para efectos de una gobernabilidad en democracia. El parlamentarismo puro ofrece un modelo en el que el parlamento gobierna, tiene un calendario electoral más sensible a las crisis de coyuntura y un funcionamiento que le permite adecuar el gobierno a las exigencias de la opinión pública. La elección reconfigura la composición del Parlamento, lo que a su vez concluye en un cambio de gobierno. Éste nace como un gobierno resultante del acuerdo parlamentario lo que puede asegurar algún nivel de gobernabilidad inicial. El problema, desde esta perspectiva, es que sólo puede ser viable en sistemas políticos en el que los partidos son sólidos y estables. Éste no es el caso del Perú, pues los partidos no han construido un sistema eficiente de interacción política. Estas organizaciones han derivado en entidades volátiles, electorales, configurando organizaciones poco institucionalizadas. Por eso una forma de dar es de necesidad el establecer un mayor control parlamentario a los actos del Poder Ejecutivo. El Presidente debe seguir siendo Jefe de Estado y de Gobierno, pero no puede estar exento de algún tipo de responsabilidad política. El Presidente de la República peruano como el monarca inglés "no se equivoca" (King do not wrong); eso se lo permite su calidad de Jefe de Estado, mas también es Jefe de Gobierno y, en la práctica, los ministros han sido fusibles, secretarios de gestión con responsabilidad política. Éste es un privilegio que le concede la Constitución: el Presidente de la República, al ser Jefe de Estado, no responde políticamente pese a ejercer al mismo tiempo como Jefe de Gobierno. Aquí detectamos, pues, una cierta inconsistencia teórica a nivel de la incoherencia.
 
El tipo de cameralidad que adopte un Poder Legislativo tiene precisamente que ver con un cierto nivel de control o falta de control del Ejecutivo. En tal virtud, es de destacarse que uno de los cambios sustanciales de la Constitución Política de 1993 en relación a la Constitución de 1979 es la unicameralidad, pues mientras la Constitución de 1979 se adscribía a la tradición constitucional al instituir dos cámaras, el texto de 1993 rompe ese esquema. Salvo la Constitución de 1823, la bolivariana de 1826 y la de 1867, las constituciones peruanas han consagrado el régimen bicameral. Ésa ha sido la "Constitución histórica", en un innegable hilo de continuidad. El régimen bicameral es mayoritario en la legislación comparada, y es de anotarse que el Perú y Venezuela asumieron el unicameralismo en el contexto de procesos políticos de corte autoritario donde recortar la representación política era prácticamente una necesidad. El Congreso de la República, en estos últimos casos, fue la caja de resonancia del Poder Ejecutivo y careció de peso propio. El Senado es una cámara de reflexión y, por consecuencia, de revisión; cuya eficacia se incrementa cuando el proyecto de ley, en el tránsito hacia el Senado recoge la opinión pública. En esa línea, el Senado puede ser el enlace del Parlamento con la ciudadanía. La ventaja de la bicameralidad es que el proceso de aprobación de una ley permite que los ciudadanos se manifiesten antes que el Senado decida si el proyecto se convierte en ley. No se trata de que el Senado conozca toda la materia de la cámara baja, sino que opere como una cámara especializada, destinada a conocer temas que superen la coyuntura. En ese sentido, contempla funciones relacionadas con la legislación que compromete el largo plazo o asuntos esenciales del Estado o que se vinculan a la estabilidad de la propia organización política. La cámara alta es, además, tradicionalmente institucional: nombra altos funcionarios, ratifica ciertas decisiones del Poder Ejecutivo, decide proceso a personas con inmunidad. Una función importante que puede adoptarse para este cuerpo es la de revisar previamente la constitucionalidad de ciertas normas con rango de ley expedidas por otros órganos. Por su parte, la cámara baja es básicamente política, centrada en coyunturas, interpela, censura, abre investigaciones a personas que gozan de inmunidad y legisla. La tendencia mundial no es la cámara única sino la especialización de ambas; esto es, la presencia de dos cámaras en el contexto de la fiscalización y control de los actos del Poder Ejecutivo.

5.3 El gobierno parlamentario.- Como concepto del mismo es de indicarse que en un sistema de gobierno parlamentario, el gobierno dirige en y a través del parlamento, fusionando así el poder legislativo y ejecutivo. Aunque formalmente separados, éstos están vinculados de tal forma que violan la doctrina de la separación de poderes, lo cual los distingue claramente de sistemas presidenciales. Los rasgos principales de los sistemas parlamentarios son los siguientes: 
a) Se forman gobiernos como resultado de elecciones legislativas, no hay un ejecutivo elegido de forma separada;
b) El personal del gobierno casi siempre surge del parlamento, siendo normalmente las figuras más destacadas del partido o de los partidos que tienen la mayoría;
c) El gobierno es responsable delante del parlamento en el sentido de que depende de la confianza del parlamento y puede ser destituido si pierde esta confianza;
d) El gobierno puede, en la mayoría de los casos, disolver el parlamento, lo cual significa que los mandatos suelen ser flexibles con un límite máximo;
e) Existe un jefe de Estado separado, normalmente un monarca constitucional o un presidente no ejecutivo.

6. El Poder Ejecutivo.- La función de legislar, una vez precisada y separada como parte del ámbito de un poder específico, como el Poder legislativo, resulta insuficiente para, por sí sola, dirigir los destinos de una nación o un país. Ante la negación moderna del supremo monarca que reunía en sí las funciones de legislar, juzgar y dirigir (caso del rey sabio Salomón, por ejemplo), es necesaria la creación de cuerpos especializados. Y el órgano encargado de dirigir al respectivo Estado, como organización administrativa de la nación, es de absoluta necesidad, a diferencia del cuerpo legislativo, pues el Poder Ejecutivo ejerce funciones que no admiten paralización, pues es imprescindible la subsistencia de la dirección en todos los casos y ante todas las circunstancias habidas y por haber.

6.1 El dirigir.- La función de gobernar resulta esencial, y en ese sentido desbordaría la denominación que se da al órgano gubernativo (“Poder Ejecutivo”); esto es, como simple ejecutor de las leyes que hacen posible la subsistencia y desenvolvimiento del mismo Estado nación. Y es que la función gubernativa es de índole administrativa como actividad del Estado, en cuanto se emplea para hacer vivir a la asociación política. El administrar, en la conducción política de un país, consiste en proveer, por actos inmediatos y continuamente, a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos. En ese sentido, la función administrativa, en el nivel de la macro política, no es de una mera ejecución de la ley, puesto que existen medidas en un contexto de circunstancias que el Estado debe tomar cotidianamente, por razón de acontecimientos que las leyes no han podido prever y también porque no podría prescribirse de antemano la manera de actuar frente a determinados eventos “fluidos” o “no sujetos a moldes”. Dentro de esta complejidad en el ámbito de las funciones “ejecutivas”, los actos del Poder Ejecutivo pueden ser “reglados”; es decir, normados por vía legal; o “discrecionales”; es decir, conforme al arbitrio de los gobernantes. Comúnmente, el acto administrativo se apoya en el ordenamiento legal, pero existiría una actividad discrecional que deja opción al administrador para apreciar la oportunidad y el mérito de las normas según su arbitrio, aunque deba actuar siempre dentro del contexto de la legalidad. En consecuencia, toda entidad estatal gozaría de cierto arbitrio o libertad para ejercer sus funciones con “elasticidad”, por lo que el poder administrador, teniendo frente a sí a una diversidad de necesidades urgentes de carácter social y económico, actuaría con una gran amplitud de atribuciones, por ejemplo en el denominado “poder de policía”, que se refiere al mantenimiento del orden público.

6.2 Composición.- El Poder Ejecutivo se compone de un determinado número de funcionarios, cuya forma de designación varía de acuerdo al régimen de gobierno adoptado (régimen parlamentario o presidencial). Es así que en un régimen parlamentario, el Jefe de Estado está separado del gobierno efectivo, mientras en el régimen presidencial es el presidente ejecutivo quien designa y remueve con libertad a los ministros de Estado. En la mayoría de países, éstos últimos se encuentran expuestos a la censura parlamentaria o a la interpelación. Eso implica la asunción de un doble papel, por cuanto, por un lado, serían jefes de una rama de la administración con notable autoridad, y, por el otro, su responsabilidad política los subordinaría parcialmente a los petitorios de los legisladores. Es de destacar que la condición de rango de los ministros es muy alta, porque cada uno de ellos es parte integrante del Poder Ejecutivo, siendo sus actos no los de un mero representante, dado que serían el gobierno mismo, encabezado lógicamente por el jefe de Estado. La importancia ministerial se aprecia nítidamente, por ejemplo, en que para la validez de los actos oficiales, de carácter administrativo o gubernativo, se requiere la refrendación del ministro del ramo.

Es de comentarse que el Ejecutivo colegiado procede del llamado sistema del directorio, que Suiza adoptó en el año de 1798. En tal sentido, en este país cada uno de los integrantes del Consejo Federal tiene a su cargo un portafolio ministerial, encontrándose prácticamente impersonalizado el gobierno; esto es, la dirección o conducción política del Estado es asumida en forma colectiva, no individual.
6.3 El gobierno presidencial.- El sistema presidencial de gobierno se caracteriza por una separación de poderes constitucional y política entre el legislativo y el ejecutivo. Por tanto, el poder ejecutivo reside en un presidente elegido independientemente del legislativo y que ni es responsable delante de éste ni puede ser destituido por él, excepto en circunstancias muy excepcionales. 
Los rasgos principales de los sistemas presidenciales son los siguientes: 
a) El ejecutivo y el legislativo son elegidos de forma separada, cada uno con poderes distintos garantizados por la respectiva Constitución Política;
b) Los cargos del jefe de Estado y jefe de Gobierno se unen en el cargo del Presidente;
c) La autoridad ejecutiva está concentrada en la figura del presidente, el gabinete y los ministros son meros asesores responsables delante del presidente;
d) Existe una separación formal del personal de los poderes legislativo y ejecutivo;
e) Los mandatos son fijos. Ni el presidente puede disolver el legislativo, ni éste puede destituir al presidente, salvo casos de excepción y previos requisitos establecidos en la propia Constitución del Estado.

Pese a ciertas bondades de este sistema de gobierno, el presidencialismo es más rígido en su calendario electoral, los cambios de gobierno no operan en función de las crisis sino de las fechas, lo que puede generar problemas de gobernabilidad y tensiones crecientes que degeneren en golpes de Estado. Frente a la rigidez del sistema, se puede postular para el Perú como viable un régimen presidencial balanceado en el que sea tangible una auténtica separación de poderes, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación interorgánicos. No obstante, siendo un modelo presidencial con atenuantes parlamentaristas (lo que ha devenido en un régimen híbrido), los ingredientes presidencialistas han facilitado el caudillismo presidencial. Las instituciones europeas y norteamericanas fueron deformadas por la realidad de la práctica política, por lo general autoritaria, desinstitucionalizada y caudillista.

6.5 Ventajas y desventajas de los sistemas presidencial y parlamentario.- Las ventajas de uno suelen ser las desventajas del otro y viceversa. Ilustrativamente tenemos: 
Ventajas del sistema presidencial
Desventajas del sistema parlamentario
a) Estabilidad ejecutiva
Inestabilidad ejecutiva
b) Más democrático
Menos democrático
c) Gobierno más limitado
Gobierno menos limitado
 
Desventajas del sistema presidencial
Ventajas del sistema parlamentario
d) Parálisis entre ejecutivo y legislativo
Fluidez entre ejecutivo y legislativo
e) Rigidez temporal del mandato
Flexibilidad temporal - mayor adaptación
f) Menos incluyente
Más incluyente
 
 
6.5.1 Discusión punto por punto
a) El mandato presidencial es un mandato fijo, y por tanto existe cierta estabilidad. En el sistema parlamentario, el ejecutivo puede ser destituido por el legislativo mediante un voto de no confianza/moción de censura, lo cual puede producir cierta inestabilidad (por ejemplo, la IV República Francesa, Italia desde la 2aGM). Para evitarlo, en países como Alemania y España, se ha introducido el concepto de la moción de censura positiva - no basta con ganar la votación de censura al gobierno, sino para prosperar se tiene que proponer un gobierno alternativo. El problema en este caso es ¿qué pasa si se censura al gobierno actual, sin que haya acuerdo sobre un substituto?
Por otra parte, los defensores del sistema parlamentario dicen que incluso en países donde no existe la moción positiva, la inestabilidad no es un problema para estos sistemas, ya que en la mayoría de los casos, los gobiernos tienen una vida media de entre dos y tres años. 

b) El sistema presidencial sería más democrático, porque el presidente es elegido popularmente, reúne legitimidad popular en su persona, mientras un primer ministro no es elegido directamente, es elegido por el parlamento como líder del partido más votado (normalmente). En contra de este argumento, los defensores del sistema parlamentario dicen que la política hoy en día, y las elecciones en particular, se perfilan cada vez más como una lucha entre candidatos a la presidencia del gobierno (por ejemplo, Aznar contra R. Zapatero, Pujol contra Maragall), por tanto los primer ministros sí tienen legitimidad popular, aunque no formalmente.
El segundo argumento aquí se centra en la separación de poderes existente en los sistemas presidenciales. Así el legislativo puede legislar libremente sin interferencias del ejecutivo - cosa que no ocurre muy a menudo en los sistemas parlamentarios. En contra de este argumento, los defensores del sistema parlamentario dicen que la separación de poderes puede provocar situaciones de “separación de responsabilidades”, a saber, cuando no está muy claro si el ejecutivo o el legislativo tiene la culpa/mérito, por una determinada situación política - los dos se culpan mutuamente. Así se viola el principio democrático de “accountability” - la idea de que los representantes tienen que rendir cuentas delante de la ciudadanía.

c) Se argumenta que la separación de poderes hace que el poder político sea más limitado frente a la sociedad, dicho de otra forma, la sociedad es más libre. Como ya hemos visto, la libertad de los individuos frente al Estado ha sido la mayor preocupación del liberalismo, desde los tiempos de Locke, y es uno de los pilares del sistema político norteamericano. Aquí se dice que, por ejemplo, sin la separación de poderes, el caso Watergate nunca hubiera salido a la luz. En contra de este argumento, los defensores del sistema parlamentario dicen que, aunque hay cierta fusión Ejecutivo-Legislativo, sí existen otros mecanismos para evitar la concentración de poder. Por ejemplo, se respeta la independencia del poder judicial; la oposición parlamentaria tiene una labor de ‘marcaje’ al gobierno para evitar abusos de poder; en gobiernos de coalición, los socios se vigilan mutuamente. También dicen que no hay tanta concentración de poder en manos de una persona como en el sistema presidencial, por tanto, alegan que, en el ejemplo, en un sistema parlamentario, Watergate nunca hubiera pasado.

d) Entre las desventajas del sistema presidencial/Ventajas del sistema parlamentario, la parálisis institucional es quizás la desventaja más seria del sistema presidencial, ya que es el resultado inevitable de la coexistencia de dos poderes independientes, pero que se necesitan mutuamente (por ejemplo, el caso Clinton contra Gingrich y mayoría republicana del Congreso en el año de 1994). ¿Cómo solucionarlo? A nivel informal, como demuestra el caso citado, el presidente reúne más legitimidad en su persona, y por tanto en situaciones límites, suele prevalecer sobre el poder legislativo. Sin embargo, habría que preguntarse ¿qué mecanismos existen para garantizar que las cosas no lleguen tan lejos?
Por una parte, se podría fortalecer los poderes constitucionales del presidente frente al legislativo. Empero, así se aumentaría la posibilidad de un presidente demasiado fuerte, lo cual podría ser peligroso, sobre todo en países de poca tradición democrática. Por otra parte, se puede reducir, de alguna forma, el poder del presidente. En EEUU, este se hace limitando el número de mandatos de un presidente a dos. Así un presidente no puede perpetuarse en el poder, con todos los peligros que esto conllevaría para la democracia. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por producir en síndrome del “pato cojo”, en el cual un presidente en su segundo mandato, sabiendo que no tiene que volver a presentarse, rehuye de decisiones difíciles, prefiriendo una vida tranquila ya que no se juega nada. (Clinton mismo se burló de esta imagen, sacando un vídeo de él lavando el coche, preparando el bocadillo para su esposa).

e) En términos de rigidez, según los defensores del sistema parlamentario el sistema presidencial es demasiado rígido en el tiempo, ya que no permite que los ciclos políticos coincidan con los acontecimientos de la sociedad. El sistema parlamentario permite, por ejemplo, la convocatoria de elecciones para refrendar la actuación del gobierno, o para respaldar un nuevo giro político del gobierno. En cambio, el mandato de un presidente, y el congreso son fijos. Además, el mandato del presidente es tan fijo que si se muere o dimite, no se convocan elecciones, sino es el vice presidente el que asume la presidencia hasta cumplir el mandato original. Sin embargo, la elección del candidato al vicepresidente por parte del candidato al presidente no siempre obedece criterios como la habilidad, profesionalidad, inteligencia etc, sino muchas veces la elección es debida a cuestiones tácticas, económicas. 

f) El sistema presidencial puede ser bastante excluyente, en el sentido de que el ganador se lo lleva todo - pierde uno, gana el otro - por muy reñidas que hayan sido las elecciones. Para remediar esta situación, algunos países, como Francia, en sus elecciones presidenciales, utilizan un sistema electoral de dos vueltas, lo cual obliga a los candidatos a buscar votos de sectores que normalmente no serían sus votantes ‘naturales’. 

7. Poder Judicial.- Con el desvanecimiento del monarca absoluto, que aglutinaba en torno a él las funciones del legislar, el dirigir y el juzgar, se torna necesario el establecimiento de un cuerpo especializado en ejercer, pues, la función de juzgar. Tal es así que la administración de justicia viene a ser ejercida por un conjunto de funcionarios, no necesariamente premunidos de las cualidades de un histórico Salomón, por ejemplo, en un contexto de contrapeso de poder entre el legislativo y el ejecutivo, en niveles que van desde el mayor hasta el menor. En ese sentido, los jueces en la época moderna son inicialmente escogidos por el gobierno ejecutivo de turno, con las previsibles consecuencias de tal acto.

7.1 El juzgar.- Las razones de la desaparición del monarca absoluto son múltiples y variadas, pero, en el ámbito de la ciencia política, podemos citar una precisa reflexión del propio Nicolás Maquiavelo: Entre los reinos bien gobernados hoy, debemos citar a Francia en donde hay excelentes constituciones para la seguridad del rey y la libertad de los súbditos; indudablemente, la mejor de tales constituciones es la autoridad del Parlamento; porque el que organizó ese reino conocía la ambición y la insolencia de los grandes y, por tanto, la necesidad de tenerlos sujetos; pero, deseando también preservarlos del odio del pueblo, que los temía, quiso apartar la intervención del rey, por temor a exponerle al odio de los grandes si favorecía al pueblo, o la del pueblo si a los otros favorecía; y, con ese objeto, estableció un tercer poder para reprimir a los grandes y defender a los pequeños, independientemente del rey. Nada hay más prudente ni más propio para proteger tanto la seguridad del rey como la del reino. De donde se puede deducir que los Príncipes deben dejar a otros la aplicación de las penas y reservarse la distribución de las mercedes ... [(]9).

El poder especializado en la administración de justicia, al ejercer la función de juzgar, viene a ser una rama del Estado que teóricamente goza de independencia total en sus funciones, pues en diversos países la designación de los jueces se hace con intervención del Poder Ejecutivo y/o el Legislativo. Paralelamente a la concepción autónoma del Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, para cierto sector doctrinario la función judicial solamente sería un aspecto de la función administrativa en cuanto los jueces administran la aplicación de la ley. Asimismo, se concibe a la función judicial como un aspecto de la función legislativa, por cuanto crearía normas a falta de ley aplicable. Al margen de tales conceptos, lo cierto es que la facultad de administrar justicia debe, como aspiración que no cesa, de estructurarse por medio de un sistema de nombramientos que no tenga la marca del sello de la política partidaria para garantizar la debida imparcialidad en las sentencias y resoluciones judiciales. Claro está que los magistrados deben ser no sólo los más capacitados en su especialidad jurídica, sino también los más probos, los más honestos y justos, pues la justicia no puede provenir de personas injustas y deshonestas. Aquí el tema de la corrupción recobra actualidad. Y es que la auténtica administración de justicia jamás será compatible con forma alguna de corrupción. Por otro lado, es de anotarse que la aplicación de las normas se encuentra ligada a la creación de las mismas, pues ambas actividades están relacionadas, porque aplicar la ley no es precisamente como adherir una etiqueta a una botella. Y es que la ley, después de ser aplicada a un caso, no sigue el destino particular, sino que continúa aplicándose a otros casos, con un sentido no siempre idéntico, puesto que el juzgador imprimiría un sentido al apreciar la conducta humana sujeta a su consideración. En consecuencia, la valoración que realiza el juez tendría una importancia crucial, pues aplica su estimativa a las circunstancias del caso, por un lado, y a la estructura legal, por el otro; es decir, sobre una estructura legal que se le presenta a priori hace incidir el contenido contingente de cada caso, efectuando una valoración. En tal sentido, esta “vivencia” del juzgador resultaría siendo una parte vital de la experiencia jurídica. Por ello se ha dicho que la ley reina, mientras la jurisprudencia gobierna. Pero también habría una importancia crucial en la labor de administrar justicia en el sentido de las formalidades exigidas para garantizar la efectiva y segura realización de la misma.

Es así que el mismísimo Montesquieu señaló, citado por Alfonso Francisco Ramírez: Si examináis las formalidades de la justicia y veis el trabajo que le cuesta a un ciudadano el conseguir que se le dé satisfacción a una ofensa o que se le devuelva lo que es suyo, diréis que aquellas formalidades son excesivas; al contrario, si se trata de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos, os parecerán muy pocas. Los trámites, los gastos, las dilaciones y aun los riesgos de la justicia, son el precio que paga cada uno por su libertad. En las repúblicas se necesitan, a lo menos, tantas formalidades como en las monarquías. En una y otra forma de gobierno, aumentan las mismas formalidades en razón directa de la importancia que se da y la atención que se presta al honor, la fortuna, la vida y la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos [(]10).

7.2 Base constitucional y legal.- Según el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con el arreglo a la Constitución y a las Leyes. La potestad exclusiva de administrar justicia del Poder Judicial es uno de los principios generales que se cita igualmente en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además, precisa que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
En su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico; disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales.    
Es de indicarse que el Poder Judicial se encuentra representado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el cual de esa manera viene a ser algo así como el Presidente del Poder Judicial. Según la Constitución y las leyes, el Poder Judicial tiene la función de ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias: Salas Supremas, Salas Superiores, Juzgados.

8. Organismos constitucionales autónomos.- Dentro de la estructura del Estado, la Constitución otorga amplia autonomía a ciertos entes, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.  La razón de ser de los entes constitucionales autónomos estriba en la dificultad de que los organismos tradicionales del Estado (Poder Judicial, Gobierno Ejecutivo y Poder Legislativo) realicen ciertas funciones estatales de manera independiente y eficiente.  Ahora bien, dichos entes se encuentran sometidos a regulación por parte de la norma de procedimiento administrativo en tanto efectúen función administrativa.  El primero de dichos organismos constitucionales autónomos que aparece en el constitucionalismo moderno fue el Tribunal Constitucional, ente encargado de controlar la constitucionalidad de las normas legales.  La aparición de dicho organismo permite establecer una más amplia definición de los principios del Estado de derecho, puesto que al sometimiento del Estado a la Ley, en particular del Poder Ejecutivo, hay que agregar el sometimiento del legislador a la Constitución.   

La aparición del Tribunal Constitucional fue una de las primeras muestras de la desconfianza del propio ordenamiento jurídico ante el axioma del interés público, puesto que se verificaba la posibilidad de que el Estado, supuesto guardián de la validez de las normas, emitiera normas inconstitucionales, en especial el Parlamento.  Por otro lado, dada la existencia de un principio democrático en la emisión de las leyes, fue necesario que dicho organismo estuviese separado de la organización propia del Poder Judicial y actuase siempre a pedido de parte.  Como resultado, el Tribunal Constitucional fue dotado de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas de rango de ley y eliminarlas del ordenamiento jurídico. 

Posteriormente surgieron organismos autónomos de especial importancia.  Uno de los más importantes viene a ser el organismo encargado de participar en el nombramiento de jueces y fiscales, denominado muchas veces Consejo de la Magistratura o Consejo Judicial (ahora Consejo Nacional de la Magistratura). Ello tiene especial importancia considerando que no resulta eficiente asignar este rol al Parlamento, que es un ente eminentemente político partidario, ni al Gobierno, muchas veces interesados en controlar a los órganos jurisdiccionales. 

Relacionado también con las tareas judiciales encontramos también al ministerio fiscal, encargado de representar a la sociedad en juicio.  El Ministerio Público se convierte, entonces, en un defensor de la legalidad y de los “intereses públicos” protegidos por el derecho, a partir de la promoción de la acción de la justicia.  Sobre la base de la importancia de dicha misión, era necesario separar a los fiscales de la organización del propio Poder Judicial, para asegurar la imparcialidad de quienes participan en los procesos judiciales actuando como mandatarios del denominado interés público. 
     
El sistema electoral requiere también organismos constitucionales autónomos. Resulta indispensable establecer organismos y mecanismos adecuados a fin de asegurar imparcialidad en la determinación de quienes deben dirigir los destinos de la nación.  En tal sentido, el sistema electoral requiere autonomía funcional e independencia orgánica. Asignar la tarea de dirigir los procesos electorales, así como la de resolver las controversias que se susciten a entes políticos no otorga ninguna garantía de que los mismos se llevan de manera adecuada.  Si consideramos que el político pretende maximizar la cuota de poder de la que goza, es evidente que podrá verse forzado a intervenir en la determinación de los resultados electorales. 
     
Para efectos administrativos, un organismo de particular importancia es la Contraloría General de la República, ente encargado del control administrativo externo de la actividad administrativa.  La Contraloría, a través de su acción directa, de los llamados órganos de control interno o a través de las sociedades de auditoría, que conforman el sistema nacional de control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto, las operaciones de la deuda pública de los actos de las entidades sujetas a dicho control. 

Asimismo, no debe perderse de vista el rol de ciertos organismos constitucionales autónomos encargados de mecanismos de regulación económica.  Nos referimos concretamente a la Superintendencia de Banca y Seguros, encargada de la supervisión de las empresas bancarias, financieras y de seguros, así como el Banco Central de Reserva, ente encargado de la emisión monetaria y de mantener en su nivel debido la cantidad de dinero que circula en la economía, y a través de ello, verificar el orden en las tasas de interés. 
 
Finalmente, está el denominado Ombusdman o Defensor del Pueblo, encargado de proteger los intereses de los particulares frente a la Administración Pública y de labor muy destacada en los últimos años en el país.  De hecho, el papel del Defensor del Pueblo es de particular importancia en democracias en transición, y su rol es de especial aplicación en el control de la Administración Pública y respecto de los mecanismos de acceso a la justicia por parte de los particulares. La aparición de esta entidad es una prueba adicional del fenecimiento del dogma del interés público, pues se pretende proteger al administrado de quien debería ser el primer ente encargado de hacer efectivos sus derechos, en este caso, el Estado en general y la administración pública en particular. 

Sintéticamente tenemos:
a) Consejo Nacional de la Magistratura.- Su misión es de seleccionar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales que sean independientes, éticos e idóneos.
b) Tribunal Constitucional del Perú.- Órgano de control de la constitucionalidad contra las leyes o actos del Estado que vayan en contra de la Constitución.
c) Defensoría del Pueblo.- Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado. Interviene de oficio en casos de abuso de autoridad.
d) Contraloría General de la República.- Órgano de control público cuyo fin es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, por parte de las diversas entidades públicas.
e) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC.-
Organismo encargado de mantener actualizado el padrón ciudadano y electoral, que incluye nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. También emite el documento único de identidad DNI.
f) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.- Máximo órgano electoral y fiscalizador de la legalidad de los procesos electorales y del ejercicio del sufragio.
g) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.- Organismo encargado de ejecutar los procesos electorales, reportando los resultados al Jurado Nacional de Elecciones.
h) Banco Central de Reserva del Perú - BCR.- Conductor de la política monetaria, cuya misión principal es preservar la estabilidad monetaria, que incluye estabilidad de precios, controlar la inflación, regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales y emitir billetes y monedas.

III. VIABILIDAD DE LA SEPARACION DE PODERES EN EL PERU
1. La experiencia peruana de 1990 – 2000.- Resulta inevitable acudir a la experiencia histórica nacional inmediata para tratar de “poner a prueba” a la tesis de la separación de los poderes públicos. Y bajo el signo de este propósito nos encontramos con lo acontecido durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori; esto es, la realización de un gobierno ejecutivo que logró acumular demasiado poder, en desmedro de los restantes poderes del Estado, como son el Poder Legislativo y el Judicial. El gobierno fujimorista hizo claramente dependientes a los demás órganos del Estado, en un proceso de un propio “proyecto nacional” de veinte años como mínimo, concretizado progresivamente a partir del “autogolpe” del 5 de abril de 1992, dirigido precisamente contra los poderes legislativo y judicial. Pasado el tiempo, en una actualidad del año 2004 por ejemplo, las consecuencias jurídicas se han expresado concretamente en una denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y trece de sus antiguos ministros de Estado por dar el autogolpe en 1992, que puso fin al régimen constitucional vigente en ese entonces. Fujimori, refugiado en Japón desde el año 2000 está denunciado por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. La denuncia fue presentada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que tiene los juicios presentados desde hace cuatro años contra el ex mandatario por cargos que van desde abusos a los derechos humanos, hasta tráfico de armas y corrupción. Cabe precisar que el ex jefe de Estado fue denunciado junto a los ex ministros de Defensa, Víctor Malca Villanueva, y del Interior, Juan Briones Dávila, por el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, puesto que la misma noche del autogolpe, grupos de militares detuvieron a varios líderes de la oposición e intervinieron los medios de comunicación.
Sin embargo, al margen de las consideraciones jurídico penales, en el campo de la ciencia política la situación histórico concreta del mencionado autogolpe de abril de 1992 se ha analizar el hecho como parte integrante del fenómeno político, y en este sentido el bagaje de conocimientos a aplicarse no proviene del ordenamiento jurídico de determinado país, sino del terreno de lo político. En tal virtud, es de aplicación el análisis de coyuntura o apreciación de la situación que es definido como un método de investigación aplicada, cuya finalidad es precisar el nivel de desarrollo alcanzado por un fenómeno político (actividad o lucha), determinar las causas de esta situación y predecir su curso probable [(]11).

En ese orden de ideas, el ataque del poder ejecutivo hacia los otros órganos centrales del Estado ha de saber analizarse, desde una situación anómala respecto a una independencia de poderes establecida sin dudas ni murmuraciones, como parte de un fenómeno social mayor, con el añadido de una situación interna de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Respecto a este mayor fenómeno podemos mencionar lo escrito por Sally Bowen: Como había ocurrido ya con el Fujishock económico, esta vez tampoco hubo reacción popular. Era inmediatamente obvio que las críticas punzantes que Fujimori había hecho sobre corrupción e intereses personales en el Congreso y en el Poder Judicial habían tocado una cuerda sensible en la mayoría de la población. Una inmediata encuesta realizada por Peruana de Opinión Pública (POP) el día después del “autogolpe”, mientras que el golpe rápidamente se daba a conocer, mostró 73% a favor de la acción tomada por Fujimori. Un par de días después, Apoyo encontró que 71% apoyaba la disolución del Congreso y 89% estaba a favor de la reestructuración del sistema judicial. Por encima de la mitad consideraban que el Perú seguía dentro de la democracia ... [(]12).

En ese sentido, se puede decir que Fujimori logró justificar el autogolpe, apelando a los más caros anhelos de reivindicación y de justicia que se anidan en el sufrido pueblo peruano. Que Fujimori haya utilizado para beneficio personal la confianza depositada en él por parte de la población es otra historia, una historia que se suma a uno de los tantos fraudes o estafas políticas de gobernantes que subieron a la primera magistratura de la nación para lucrar con el erario nacional, en desmedro de las amplias mayorías pauperizadas o arrinconadas en niveles mínimos de subsistencia y educación. Por eso resulta fundamental hacer hincapié en la formación ética y moral de las personas. Por ejemplo, por el lado del Poder Legislativo, el problema no es tanto, como se nos quiere hacer creer, de bicameralidad o de unicameralidad, sino de legisladores que reúnan las cualidades personales para poder dar las leyes que el país necesita. Y por el lado del Poder Judicial, este órgano estatal tiene todo un reto histórico para demostrar que la corrupción no es un mal inherente en los encargados de administrar justicia a nombre de la nación.

Desde una perspectiva de síntesis, el problema es de real vigencia de los derechos fundamentales del ser humano aun dentro de los regímenes de excepción, de una separación de poderes, dentro de un marco de complementación en aras del bien común, de tal forma que ningún poder pueda interferir en el ámbito de competencia de los otros y todos trabajen coordinadamente en beneficio del interés común.



2. Una posición realista: La Teoría de la Preponderancia de Funciones.- Frente a las innumerables críticas que se han hecho a la tesis de la división y separación de poderes, al pretenderse lograr en realización de la misma una plena autonomía y total independencia entre los respectivos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Tal plasmación dista mucho de ser factible en la práctica, pues de verificarse traería consigo nada menos que la desaparición del Estado nación, originada por un absoluto desgobierno y anarquía funcional respecto a una unitaria conducción política de un país determinado. El caso de las situaciones anómalas que exigen gobiernos anómalos (de facto o sobredimensionados) en este sentido es emblemático, pues, por ejemplo, en el caso de Fumijori y su “autogolpe”, la realización de este último sirvió como contexto necesario de lucha frontal contra la subversión del terrorismo senderista y emerretista. Y es que sucede que las múltiples formas que adquiere el terrorismo necesitan del aprovechamiento de las reglas de juego de la democracia representativa, que destaca precisamente el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y constitucionales de la persona humana. El problema más bien parece radicar en limitar estrictamente esos “periodos de excepción” para evitar cualquier apetito personal de los gobernantes de turno. En el caso de Fujimori lo que faltó precisamente fue esa delimitación, y por eso pasó lo que pasó, aunque también es de reconocer que el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue posible no sólo por obra de los que se plegaron a la aventura fujimorista, sino también por acción de supuestos políticos de oposición, que prefirieron seguir viviendo del Estado a poner en práctica realmente sus principios.

En esa medida, en el ámbito doctrinario se ha elaborado una tesis que tiene correspondencia directa con lo que acontece en la realidad, acerca de los órganos o poderes del Estado. Tal tesis se denomina “Teoría de la preponderancia de funciones”.

Es de anotar que sobre la base del principio de la división y separación de las funciones del Estado en tres se ha formulado esta teoría. Las funciones del Estado están en directa relación con sus fines, de modo tal que en principio ellas son innumerables. Sin embargo, por razones eminentemente prácticas, se las agrupa en tres: ejecutiva, legislativa y judicial.
 
Según este planteamiento, esas tres principales funciones, se ejercen cada una en forma preponderante o preeminente y no excluyente por órganos distintos.
 
Lo anterior significa que la función ejecutiva es ejercida principalmente por el órgano ejecutivo (Presidente de la República); la función legislativa se realiza esencialmente por el órgano legislativo (Congreso Nacional o Parlamento) y la función jurisdiccional, se desarrolla en forma preponderante por el órgano jurisdiccional (Tribunales de Justicia).
 
En esta referida tesis se señala que cada órgano ejerce su función en forma principal, pero no excluyente, de suerte que una misma función puede corresponder a dos órganos. Así por ejemplo, el Presidente de la República (órgano ejecutivo) no sólo ejecuta la ley sino también participa en el proceso de su formación; el Congreso Nacional además de legislar puede ejercer funciones jurisdiccionales a través del juicio político. La complejidad es tal que todos los órganos centrales del Estado desarrollan las tres funciones. El Poder Judicial, por ejemplo, además de juzgar y sancionar las conductas contrarias a derecho, realiza labores no jurisdiccionales cuando emite las correspondientes resoluciones administrativas y es dirigido por el Presidente de la Corte Suprema, con la presencia un consejo ejecutivo. En consecuencia, la preponderancia de funciones es verdaderamente lo que más se acerca a la realidad.


IV. CONCLUSIONES
1. La división de poderes del Estado ha sido reemplazada por la separación de poderes, entendidos estos últimos como referidos a los órganos por los cuales se ejercen las funciones estatales. En ese sentido resultaría propio hablar de una separación de poderes, a nivel de la trilogía compuesta por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, pero supeditada, en su denominación, a un fin consistente en la enfatización de su independencia.

2. La consecución de una propuesta de equilibrio entre los poderes del Estado no se puede explicar sin la previa existencia de la tesis de separación de Locke. En otras palabras, el concepto preciso de “equilibrio de poderes” no es posible comprenderlo sin una preliminar “separación de poderes”. Lo uno no puede existir sin lo otro. Luego, Montesquieu sistematiza las tesis anteriores, con el fin de lograr una aplicación como fórmula concreta.

3. La sistematización realizada por Montesquieu tiene como punto de referencia vital a la libertad humana y su necesidad de ser garantizada mediante dispositivos constitucionales que controlen todo exceso de poder. En ese sentido, el aporte principal de Montesquieu residiría en la idea del contrapeso del poder por medio del equilibrio de sus ramas.

4. En la búsqueda de un basamento del tripartidismo de los poderes estatales, se encontraron como fundamentos de la división tripartita, en primer lugar el garantizar la libertad por medio del equilibrio de los órganos del Estado, y, en segundo lugar, el dividir el trabajo y mejorar la función mediante la práctica especializada.

5. La realización plena y exclusiva de una función por parte de cada poder del Estado es impracticable, dada la dialéctica que subyace en la realidad estatal. Podemos hablar de predominio de unas funciones sobre otras. El órgano legislativo tiene como función lo legislativo, valga la redundancia. La función del órgano ejecutivo es la administrativa o de administración, y el órgano judicial tiene como función lo jurisdiccional, pero cada poder del Estado realiza funciones adicionales, que podrían ser catalogadas como parte de los otros órganos estatales, y no de ellos mismos.

6. En el orden de las necesidades comunitarias para organizar y asegurar la continuidad de las sociedades humanas, el primer acto imprescindible fue, todo lo indica, el “legislar”; esto es, la facultad de dar o expedir leyes. Alrededor de este acto legendario comienzan a organizarse los pueblos y ciudades. Incluso el derecho escrito nace ligado intrínsecamente al mismo acto de legislar. El Poder Legislativo viene a ser actualmente el encargado de realizar el acto de legislar.

7. En un sistema de gobierno parlamentario, el gobierno dirige en y a través del parlamento, fusionando así el poder legislativo y ejecutivo. Aunque formalmente separados, estos poderes están vinculados de tal forma que violan la doctrina de la separación de poderes, lo cual los distingue claramente de sistemas presidenciales, teniendo entre sus principales características la formación de los gobiernos como resultado de elecciones legislativas, sin Ejecutivo elegido de forma separada; y la existencia de un Jefe de Estado separado, normalmente un monarca constitucional o un presidente no ejecutivo.

8. Ante la negación moderna del supremo monarca que reunía en sí las funciones de legislar, juzgar y dirigir, resulta necesaria la creación de cuerpos especializados. Y el órgano encargado de dirigir al respectivo Estado, como organización administrativa de la nación, es el Poder Ejecutivo, el cual ejerce funciones que no admiten paralización, pues es imprescindible la subsistencia de la dirección en todos los casos y ante todas las circunstancias habidas y por haber.

9. El sistema presidencial de gobierno se caracteriza por una separación de poderes a nivel constitucional y político entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo reside en un presidente elegido independientemente del Legislativo, que no es responsable delante de éste ni puede ser destituido por él, excepto en circunstancias muy excepcionales, teniendo entre sus principales características el que el ejecutivo y el legislativo son elegidos de forma separada, cada uno con poderes distintos garantizados por la respectiva Constitución Política; los cargos del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno se unen en el cargo del Presidente; la autoridad ejecutiva está concentrada en la figura del presidente, el gabinete y los ministros son meros asesores responsables delante del presidente; existiendo una separación formal del personal de los poderes legislativo y ejecutivo.

10. Pese a ciertas bondades del presidencialismo, este sistema de gobierno es más rígido en su calendario electoral, los cambios de gobierno no operan en función de las crisis sino de las fechas, lo que puede generar problemas de gobernabilidad y tensiones crecientes que se traduzcan en golpes de Estado, con el consiguiente paso a gobiernos de facto.

11. Con el desvanecimiento del monarca absoluto, que reunía en torno a él las funciones del legislar, el dirigir y el juzgar, resulta necesario el establecimiento de un cuerpo especializado en ejercer la función de juzgar. La administración de justicia viene a ser ejercida por un conjunto de funcionarios, en un contexto de contrapeso de poder entre el legislativo y el ejecutivo, en niveles que van desde el mayor hasta el menor. En ese sentido, los jueces en la época moderna son inicialmente escogidos por el gobierno ejecutivo de turno, con las previsibles consecuencias de tal acto, por eso la facultad de administrar justicia debe estructurarse por medio de un sistema de nombramientos que no tenga la marca del sello de la política partidaria para garantizar la debida imparcialidad en las sentencias y resoluciones judiciales, siendo los magistrados no sólo los más capacitados en su especialidad jurídica, sino también los más probos, los más honestos y justos, pues la justicia no puede provenir de personas injustas y deshonestas.

12. Dentro de la estructura del Estado, la Constitución otorga amplia autonomía a ciertos entes, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento: los organismos constitucionales autónomos. La razón de ser de los entes constitucionales autónomos estriba en la dificultad de que los organismos tradicionales del Estado (Poder Judicial, Gobierno Ejecutivo y Poder Legislativo) realicen ciertas funciones estatales de manera independiente y eficiente.  Entre los referidos organismos se encuentran el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, los entes integrantes del sistema electoral, entre otros.

13. Los sucesos extraídos de la experiencia nacional de 1990 al 2000, nos muestran cierta inviabilidad de la doctrina de la separación de poderes, pero referida a la dimensión absoluta de la misma, pues es sabido que en ciencia política situaciones anómalas exigen de gobiernos anómalos. Como parte de nuestra historia política, el ex presidente del Ejecutivo, Alberto Fujimori, logró justificar el autogolpe del 5 de abril de 1992 apelando a los más caros anhelos de reivindicación y de justicia que se anidan en el sufrido pueblo peruano. Que Fujimori haya utilizado para beneficio personal la confianza depositada en él por parte de la población es otra cuestión, un hecho verificado que se suma a uno de los tantos fraudes o estafas políticas de gobernantes que subieron a la primera magistratura de la nación para lucrar con el erario nacional.

14. El problema sobre el respeto irrestricto a las formas jurídico constitucionales tiene que reconocer la existencia de un ámbito social mayor, que en el caso de una sociedad amenazada por un terrorismo subversivo admite periodos anómalos, de excepción a la regla. El problema más bien parece radicar en limitar estrictamente esos “periodos de excepción” para evitar cualquier apetito personal de los gobernantes de turno. En el caso de Fujimori lo que faltó precisamente fue esa delimitación, y por eso pasó lo que pasó, aunque también es de reconocer que el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue posible no sólo por obra de los que se plegaron a la aventura fujimorista, sino también por acción de supuestos políticos de oposición, que prefirieron seguir viviendo del Estado a poner en práctica realmente sus principios.

15. En el ámbito doctrinario se ha elaborado una tesis que tiene correspondencia directa con lo que acontece en la realidad, acerca de los órganos o poderes del Estado. Tal tesis se denomina “Teoría de la preponderancia de funciones”. Esta teoría se ha formulado sobre la base del principio de la división y separación tripartita de las funciones del Estado, que se gesta reflexionando que las funciones del Estado están en directa relación con sus fines, de modo tal que en principio ellas son innumerables. Sin embargo, por razones eminentemente prácticas, se las agrupa en tres: ejecutiva, legislativa y judicial.

16. Según la tesis de la preponderancia de funciones, en el contexto de los órganos del Estado, esas tres principales funciones se ejercen cada una en forma preponderante o preeminente y no excluyente por órganos distintos. Eso significa que la función ejecutiva es ejercida principalmente por el órgano ejecutivo (Poder Ejecutivo); la función legislativa se realiza esencialmente por el órgano legislativo (Parlamento o Poder Legislativo), y la función jurisdiccional se desarrolla en forma preponderante por el órgano jurisdiccional (Poder Judicial).



V. BIBLIOGRAFIA













Iván Guevara Vásquez
D.N.I 18069920
iusfilosofia@yahoo.es
Profesor de derecho y metodología de la investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima - Perú
(Trabajo realizado en Enero del 2005).












[([1[)]]] FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional General y Comparado. Editora Jurídica Grijley. 8ª e. 1ª re. Lima –Perú. 2000. p 258.[]
([2[)]] Respecto a los Estados Federales, como los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mejicanos o la República Federal de Alemania, basada en Estados Lander, queda claro que lo contrario equivale a una progresiva anarquía interestatal que desemboca inexorablemente en una plena autonomía de los Estados integrantes. []
([3[)]] LIVRAGA RIZZI, Jorge Angel. El Ideal Político. Ankor Editores. Trujillo – Perú. p 112. []
([4[)]] FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Op. Cit. p 260.[]
([5[)]] La construcción teorética de la doctrina de la separación y división de poderes, llevada al terreno de los hechos históricos no puede garantizar per se la evitación de formas de tiranía y de corrupción si es que, destacando el caso de los reyes jueces de las diversas culturas del planeta, el ser humano que asume alguna forma de cargo o representación estatal no reúne ciertas cualidades que lo aproximan a la condición de estadista, en cuanto ser capaz de dar solución a diversos problemas sociales, de la colectividad a la cual precisamente dirige. Resulta obvio que tal condición no puede renunciar, bajo ningún punto de vista, a sentimientos propios de la humanidad. []
([6[)]] Respecto a este punto es de destacarse que se esgrime como argumento de explicación, lindante con una justificación, el hecho que el bien común y el propio Estado no pueden ser sacrificados por un respeto irrestricto al principio doctrinario de la separación de poderes, el cual vendría a ser así tan sólo un medio, a diferencia del bien común, el cual sería el fin. []
([7[)]] Sobre la democracia, es de mencionar el siguiente comentario de Noam Chomsky que hace en su obra El Miedo a la Democracia: “ En los Estados clientes del Tercer Mundo, la preferencia por los sistemas democráticos suele ser, en gran parte, una cuestión de relaciones públicas. Pero allí donde la sociedad es estable y el privilegio es seguro, entran en juego otros factores. Los intereses empresariales tienen una actitud ambigua hacia el Estado. Quieren que éste subvencione la investigación y el desarrollo, la producción y la exportación ..., regule los mercados, garantice un ambiente favorable para las operaciones empresariales en el extranjero, y que, en muchos otros aspectos, sirva de Estrado del bienestar para los ricos. Pero no desean que el Estado tenga poder para interferir en las prerrogativas de propietarios y directivos. Esta última preocupación da lugar al apoyo de las formas democráticas, siempre y cuando el dominio del sistema político por parte de las empresas esté asegurado. Si un país satisface ciertas condiciones básicas, los Estados Unidos toleran los sistemas democráticos, aunque en el tercer Mundo, donde es difícil garantizar unos buenos resultados, ello sucede con frecuencia sólo a duras penas. Pero las relaciones con el mundo industrial muestran claramente que el gobierno de los Estados Unidos no se opone a los sistemas democráticos como tales. En las democracias occidentales estables y dominadas por las empresas, no es de prever que los Estados Unidos desarrollen programas de subversión, terror o ataque militar como ha sido común en el Tercer Mundo .... “.

[([8[)]]] COMISION ANDINA DE JURISTAS. Parlamento y ciudadanía, problemas y alternativas. Lima- Perú. 2001. p .227.
[([9[)]]] MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Editorial Santa Bárbara S.A. Lima – Perú. pp 63 -64. []
([1[0[)]]] RAMIREZ, Alfonso Francisco. Antología del pensamiento político. Tomo I. Editorial Trillas. México D.F – México. 1962. p 223. []
([1[1[)]]] PAEZ WARTON, José. El Análisis Político. Lima – Perú. 1995. p 207. []
([1[2[)]]] BOWEN, Sally. El Expediente Fujimori: El Perú y su Presidente 1990 – 2000. Perú Monitor S.A. Lima – Perú. 2000. p 118.

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