MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"Hay pruebas contundentes de que las personas que llegan a un acuerdo por sí mismas son más propensas a cumplirlo" que cuando es un juez, el que les dice qué es lo que tienen que hacer[1]. Siguiendo lo anterior, es importante plantear cual ha de ser el panorama en que se pueden establecer los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en el Estado de Baja California. Pero debemos plantearnos una serie de problemáticas que se presentarán en este camino de análisis e investigación. El panorama actual de la administración de justicia por un lado, la necesidad de redefinir el rol del Poder Judicial y, por otro la necesidad de precisar los alcances de la Conciliación, Mediación y Arbitraje, como mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una función propia de un Estado solidario y democrático, son los tópicos mas importantes por salvar. Sin dejar de lado el económico[2].

En lo referente al primer tema, tenemos que "para revalorizar y jerarquizar el Poder Judicial es imprescindible quitarle el enorme peso que lo asfixia, producto de una mentalidad social que se empecina en arrojarle problemas que superan su capacidad de respuesta, y que podrían haber sido resueltos de manera más racional, económica y eficiente a través de algunos mecanismos alternativos"[3]. Por tanto, debe quebrarse la errónea creencia de que la vía judicial es la única manera de resolver las disputas, pues solamente variando esa manera de pensar el Poder Judicial dejará de ser el lugar por donde comienza el proceso de solución, para pasar a ser el reducto final al que pueda recurrirse cuando las alternativas (no judiciales) no sean viables. La idea es que la vía judicial se reserve para los conflictos que no admitan soluciones total o parcialmente consensuales.

Es necesario destacar que estos medios son alternativos, más no substitutivos de la justicia ordinaria, inevitablemente habrá disputas que tendrán que ser decididas por un tercero, llámese árbitro o juez. Como por ejemplo en los caso que no exista voluntad de las partes, que se trate de un delito que se persigue de oficio, o bien, que atente contra el interés público y el estado no pueda dejar en el solo acuerdo de voluntad de los particulares la decisión sobre la controversia suscitada.

En cuanto al segundo tema, la idea de promover el recurso a otras formas alternativas, no jurisdiccionales, de solución de conflictos —entre ellas la Conciliación, Mediación y Arbitraje—, se inspira en que dichos mecanismos pueden contribuir a descongestionar el Poder Judicial, aliviando la sobrecarga que hoy padece. Además de contribuir en la formación democrática de una sociedad que necesita construir diálogos y consenso para el desarrollo de su vida.

La creciente tendencia hacia la interdependencia en las sociedades nacionales y en el mundo entero conlleva, como causa y consecuencia, la búsqueda de formas distintas de convivencia incluyendo el diseño de nuevos procedimientos para la toma de decisiones y procesamiento de conflictos y el redescubrimiento y/o rediseño de modalidades antiguas.

La dinámica del mundo contemporáneo, en el que los recursos tradicionales para la solución de diferencias no son suficientes, y donde se impone no solo la necesidad de que las soluciones alcanzadas sean justas, sino que además sean oportunas y permitan mejorar la comunicación a fin de lograr arreglos cuya aplicación sea posible en un plazo prudente y que evite daños mayores innecesarios, así como el mantenimiento de una relación constructiva entre las partes en el mediano y largo plazo. En este sentido, se han venido imponiendo progresivamente una serie de mecanismos conocidos como Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos, la mayoría de ellos fundamentados en formas de negociación directa o asistida (mediación) o en el arbitraje, como forma de adjudicación por un tercero en donde las partes tienen la oportunidad de fijar el procedimiento y las reglas aplicables a la solución de las diferencias.

En este contexto, tienen una importancia especial como un proceso de decisión interdependiente mediante el cual los resultados para cada parte y, por ende, las acciones de cada cual dependen no solamente de sus propias preferencias y decisiones, sino también de lo que quiere y hace (o lo que se cree que hará) la otra parte.

Evidentemente, los medios alternativos son una práctica milenaria. Sin embargo, su relevancia actual se debe en gran medida a la reconceptualización de los conflictos y del proceso pacificador para que proporcione mayores beneficios para los involucrados y se adecue más a las exigencias y posibilidades del mundo contemporáneo.

En tanto que, de acuerdo con la concepción tradicional, los medios alternativos son un proceso de regateo o un enfrentamiento mediante el cual se trata de someter a la contraparte, pues las ganancias de uno se obtienen a expensas del otro, cuando se repiensa el tema como un proceso conjunto de resolución de problemas, se percibe que eso no es necesariamente el caso: que es posible que ambas (o todas las) partes "ganen" en la medida en que logren satisfacer sus principales intereses. De hecho, cuando ello ocurre, cuando no hay vencedores ni derrotados, las partes ganan doblemente, y también gana el sistema social y económico del Estado de Baja California.

Esos nuevos paradigmas del conflicto y sus formas de resolución plantean retos conceptuales y prácticos puesto que chocan con hábitos seculares. Para la profesión legal, en particular, contradicen la formación y experiencia, así como la cultura profesional del abogado o lo que algunos juristas han denominado como el "mapa filosófico del derecho", según el cual las partes son adversarios y los conflictos se resuelven mediante la aplicación de normas que determinan quién tiene la razón. Cuando se llega a un arreglo antes del juicio o la sentencia, se suele hacer mediante un regateo competitivo. Con frecuencia, sin embargo, la persistencia arraigada del viejo paradigma impide alcanzar un acuerdo aunque exista la posibilidad de lograrlo.

A menudo, ambas situaciones pueden ser superadas con la ayuda de un mediador. La mediación es un procedimiento voluntario y flexible a través del cual un tercero neutral asiste a las partes que tienen un conflicto en su intento de resolverlo. El mediador no decide ni suele proponer soluciones; son los involucrados quienes elaboran su propia decisión en un proceso de análisis, comunicación y negociación asistido por el mediador. Éste, por ende, debe ser una persona especialmente entrenada para cumplir su función a cabalidad, con sólidos conocimientos de la negociación y del procedimiento de mediación.

Tanto la mediación, conciliación y el arbitraje son procedimientos alternativos para la resolución de conflictos que tienen un papel fundamental en los esfuerzos por mejorar no sólo el funcionamiento de los sistemas judiciales, sino también la convivencia social y la competitividad económica. En México, como en el ámbito mundial, la inaccesibilidad y lentitud de los sistemas judiciales, la desconfianza en sus procedimientos y las dudas sobre la idoneidad de sus resultados contribuyen a la percepción negativa de los sistemas políticos y los gobiernos y a menudo constituyen un obstáculo al desenvolvimiento óptimo de la actividad económica y comercial. Aunque diversos textos legislativos del Estado de Baja California prevén el uso de medios alternativos, estas opciones han tenido poca acogida. Más recientemente, en el contexto de la difícil situación económica, agravada por una dudosa seguridad jurídica, hay una creciente conciencia de su importancia como parte indispensable de la reforma del sistema judicial[4].

Ante la dinámica de la vida social en nuestro Estado, y el permanente reclamo social de mejor seguridad pública he impartición de justicia, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, desde la perspectiva del Poder Judicial o bien, desde el Poder Ejecutivo del Estado establecen la primera real oportunidad para enfrentar los conflictos entre los habitantes de nuestra comunidad desde un proceso mas justo y humano.

Abordar el tema de los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, es establecer puentes de conexión entre distintas disciplinas del conocimiento humano y social, ya que de forma interdisciplinaria trabajan para alcanzar el fin común, mejores estado de vida y convivencia social entre los hombres de una comunidad.

La reforma al Poder Judicial donde se incluyan áreas de métodos alternativos, oficinas, centros estatales y municipales de justicia comunitaria, desarrollo de la cultura colaborativa desde los ayuntamientos del Estado, educación cívica, y reorientación del gasto social y público, así como el trabajo de capacitación y certificación internacional del recurso humano que participa, logrará que la sociedad bajacaliforniana disponga de un camino alterno para construir la posición que desea de sociedad.

Existen variados ejemplos de éxito en el país respecto a esta materia, se debe ser optimista en la posibilidad democrática de ofrecer a la sociedad una alternativa diferente a la solución de sus conflictos, y esa es una tarea que le corresponde al Estado Moderno.

[2] El asunto económico y de financiamiento es usado constantemente por los detractores de los Medios Alternativos; sin embargo, la reorganización del gasto público en materia de impartición y procuración de justicia, unido a un fuerte y convincente programa cívico de valores en el dialogo, el cumplimiento de los acuerdos y la solución pacífica de las controversias demuestra que la Justicia Alternativa, es más cercana a la actitud de las personas que al gasto de operación que esto pueda representar.

[3] CAIVANO, Roque. “Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, la crisis de la justicia y el rol de los abogados”. En: Negociación, Conciliación y Arbitraje. Ed. APENAC, 1998, p. 32. Ver también p. 31

[4] Debemos resaltar que los estudios e investigaciones académicas al respecto realizadas por la Facultad de Derecho – Mexicali de la UABC apuntan a señalar que el Estado de Baja California se encuentra dentro de los Estados con mayor atraso en la implementación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Por otra parte las recientes modificaciones a legislaciones estatales tales como: Código Civil artículo 272 bis, uso de la facultad del artículo 20 de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conciliación artículo 22 de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, la creación de la Comisión Estatal de Arbitraje en los Servicios Médicos del Estado, manifiestan un interés cada vez mayor por parte de los actores sociales en los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.