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ABSURDA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL ARTÍCULO 455

El patriotismo que necesitamos no es el de los valientes sino el de los que saben, para que guíen y enseñen y den al pueblo los senderos que ha trazado la vida moderna.
Vicente Lombardo Toledano.

I. REFORMA AL ARTÍCULO 455 DEL CÓDIGO CIVIL
En fecha diecisiete de enero del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la reforma que realizaron los diputados pertenecientes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, a diversos artículos del ahora Código Civil para el Distrito Federal; específicamente en lo que se refiere a la figura jurídica llamada tutela. Así tenemos que se modificaron los artículos 455, 456, 462, 475 y 618, y se crean los artículos 456 Bis y 457 Bis. En dicha reforma se establece una modificación a estos artículos sobre esta figura, las cuales pueden ser motivo de críticas, sin embargo vamos a enfocarnos únicamente en lo que respecta al artículo 455, pues dicho precepto atenta contra la verdadera naturaleza jurídica de la TUTELA.
El nuevo artículo 455 del Código Civil para el Distrito Federal, nos dice lo siguiente: “La tutela se ejercerá por un solo tutor, excepto cuando por concurrir circunstancias especiales en la misma persona del pupilo o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y de los bienes”. Como se puede observar de lo anterior, existe con la reforma, tutor de los incapaces, así como tutor de los bienes. Observemos detenidamente esto porque es la parte central del presente trabajo.
Para poder hacer una crítica sana a este precepto, es necesario ubicar correctamente el marco conceptual sobre el problema planteado. Esto es, hay que saber que es la tutela, por ende sobre quienes recae dicha situación y cual es la naturaleza jurídica de esta figura. Es indispensable determinar que no pretendemos entrar a descubrir el hilo negro de lo que es en sí la tutela, pero si se puede ubicar claramente cual es su objeto y naturaleza de la misma. Pues hecho lo anterior, ahora entremos en materia.
II. CONCEPTO DE TUTELA.
El Código Civil para el Distrito Federal no nos da una concepción de lo que es la tutela, solamente nos describe su objeto y alcances del mismo. Por lo que acudiendo al Diccionario Jurídico Mexicano, podemos observar que en cuanto a la tutela nos dice lo siguiente: “(Del latín tutela, que a su vez deriva del verbo tueor que significa preservar, sostener, defender o socorrer. En consecuencia da una idea de protección). En su más amplia acepción quiere decir ‘el mandato que emerge de la ley determinando una potestad jurídica sobre la persona y bienes de quienes, por diversas razones, se presume hace necesaria –en su beneficio- tal protección”.[1]
Julián Bonnecase, jurista francés nos dice lo siguiente: “La tutela es un organismo de representación de los incapaces, que se aplica tanto en materia de minoridad, como en caso de interdicción”.[2] No estamos de acuerdo con el autor en lo que se refiere que la tutela es un organismo de representación, en virtud de que esta palabra (organismo) se utiliza para designar un conjunto para formar algo, y la representación es única y no necesita de diversos elementos para su integración.
Con las anteriores concepciones nos percatamos que la tutela es un cargo que se le impone a las personas con plena capacidad de ejercicio, para la protección y defensa de los menores e incapaces. La tutela es supletoria de la patria potestad, si hay quien ejerza la patria potestad no será necesario el tutor, pero si no lo hay entonces se nombra a una persona capaz para que se encargue del incapacitado. La patria potestad deriva del vínculo natural del afecto de los padres hacia sus hijos, en tanto que la tutela ha sido creada y se organiza, exclusivamente sobre la base del derecho positivo.[3]
Atendiendo a lo establecido en el Código Civil, el artículo 449 nos dice que el objeto de la tutela es “la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley”.
III. SUJETOS DE TUTELA.
Para determinar quienes son los sujetos de tutela, basta referirnos a lo que dispone el propio Código Civil; así en su artículo 450 hace una estipulación en sus dos fracciones sobre las personas que tienen incapacidad legal y natural. A contrario sensu podemos decir que los sujetos a tutela que no estén sujetos a patria potestad son:
I. Los menores de edad, y
II. Los mayores de edad que no gocen de su capacidad de ejercicio.
En este último, basta con mencionar que no tiene su capacidad de ejercicio para determinar que esta sujeto a tutela, en virtud de que al tener una persona algunas de las características que marca la fracción II del artículo 450, es lógico inferir que necesitará de otra persona para obligarse, pero esta persona deberá de contar con la capacidad de goce y con la capacidad de ejercicio para poder obligar a la persona que tenga a su cargo.
Lo anterior tiene también relación con el artículo 23 del Código Civil, donde se mencionan las restricciones a la capacidad de ejercicio:
Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar la sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.
IV. FIGURA DE LA REPRESENTACIÓN.
Atendiendo que los incapacitados no pueden por sí mismo celebrar actos jurídicos y obligarse completamente, entra aquí la figura de la representación. En este caso sería una representación por disposición de la ley, en virtud de que el incapaz no tiene plena voluntad para entender y por lo mismo la ley, para proteger a este tipo de personas, les establece la figura del tutor, siempre y cuando no haya quien ejerza la patria potestad.
La figura de la representación, puede ser conceptualizada, conforme a lo que nos señala el Maestro Ernesto Gutiérrez y González, de la siguiente manera: “es el medio que establece la ley, o de que dispone una persona capaz, para obtener, a través del empleo de la voluntad de otra persona capaz, los mismos efectos jurídicos que si hubiera actuado el capaz, o validamente un incapaz”:[4]
La representación solo opera respecto a personas, y nunca respecto de los que no lo sean. Las personas solo pueden ser representadas y por lo mismo pueden ser representantes, ya sean estas personas físicas o personas morales. Esto lo menciono con el objeto de que quede claro qué es la representación porque tendrá mucha importancia en la crítica del artículo 455 reformado.
Una vez hecho mención de los conceptos antes mencionados, pasamos a criticar la redacción del artículo 455 que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
V. CRÍTICA AL ARTÍCULO 455 REFORMADO DEL CÓDIGO CIVIL
De los conceptos que hemos hecho referencia en párrafos anteriores, podemos ya irlos ubicando en la crítica de redacción y de alcance que establece este artículo.
Es una barbaridad que el legislador no entienda la figura de la representación. Como podemos observar los incapacitados no pueden por sí celebrar actos jurídicos, en este caso, si no hay persona quien ejerza la patria potestad, entonces vendrá la designación de un tutor. Este tutor tendrá la función primordial de representar a su pupilo y como consecuencia de ello tendrá el deber de protegerlo y cuidar el patrimonio del incapaz. El pupilo es persona, lo único que sucede es que no tiene plenamente su capacidad de ejercicio, por lo que por disposición de la ley y con el objeto de que no quede desprotegido y en una incompleta inseguridad jurídica, se establece que a esa persona se le nombre un tutor que tendrá las obligaciones que el mismo Código Civil le establece.
Con lo expuesto, y con el apoyo que nos otorga el Código Civil, específicamente en el artículo 449 primer párrafo, en su última parte, la naturaleza jurídica en sí de la tutela es la de representar al incapaz de ejercicio; puesto que como se ha demostrado, el incapaz de ejercicio necesita de un representante para que este último efectúe con cuidado, diligencia y esmero todos aquellos actos y comisiones que bien pudiera realizar el incapaz si no estuviera en ese estado.
Ahora, enfocándonos al artículo en cuestión, claramente el Legislador confunde la terminología jurídica empleada. Determina que cuando concurran circunstancias especiales en la persona del pupilo y de su patrimonio, podrá separarse el cargo de tutor del pupilo y tutor de los bienes. En primer lugar cabe hacernos la pregunta ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? ¿Quién determinará que son circunstancias especiales? ¿El Juez, los familiares del pupilo, el tutor, cualquier interesado? En verdad que no se puede dejar esto a la ligera, y mucho menos si lo que se pretende es proteger al incapaz de ejercicio para beneficiarlo porque esto acarrearía muchas cuestiones poco favorables para el pupilo. Si bien, la ley no debe ser casuística pero sí debe dar las bases necesarias para poder adoptar el camino adecuado para llegar a una conceptualización más correcta.
Como ya lo hemos mencionado con antelación, al ser la naturaleza jurídica de la tutela la de representar al menor o al incapaz de ejercicio, y al afirmar que solamente las personas son las que pueden ser representadas, entonces podemos observar que la reforma toma una concepción errónea de lo que es la tutela. Al determinar que puede haber el cargo de tutor del pupilo y tutor de los bienes del mismo, incurre en un error garrafal de tipo jurídico.
Recordemos que los bienes o cosas en el campo del derecho son: “toda realidad corpórea o incorpórea, interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que le sea útil, tenga individualidad propia y sea sometible a un titular”.[5] Claramente se observa que los bienes no son personas, sino que forman parte de un patrimonio, y éste último es considerado como una universalidad de derecho, en el cual concurren todos los bienes, derechos y obligaciones de carácter pecuniario y moral, y solamente quienes pueden contar con patrimonio son las personas, ya sean éstas físicas o morales.
Entonces, volviendo al caso que se plantea, ¿pueden los bienes estar sujetos a tutela? ¿acaso lo bienes tiene personalidad jurídica? Claro que no es posible lo planteado. Los bienes no tienen personalidad jurídica, por lo mismo no pueden ser sujetos de representación, pueden tener un titular pero no un representante. Los bienes no tienen voluntad, no tienen ninguno de los atributos de la personalidad que el propio código Civil establece, por lo tanto no es posible que, al ser la naturaleza jurídica de la tutela la representación, los bienes estén sujetos a la tutela.
Es necesario que nuestros legisladores conozcan bien las instituciones, figuras y técnicas jurídicas. El lenguaje jurídico es un lenguaje técnico y por lo mismo se debe emplear de manera correcta, ya que puede ocasionar que por su mala utilización se acarreen consecuencias que nunca se previnieron.
Volviendo al punto en controversia, los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal utilizaron mal el lenguaje jurídico, al tratar de que exista un tutor de los bienes, pues como ya vimos, la naturaleza jurídica de la tutela es la representación del pupilo o del incapaz de ejercicio, por lo mismo no puede haber tutor de cosas u bienes.
Lo que trató de decir en realidad el legislador, es que cuando concurran esas circunstancias especiales de las que habla (¿?), la administración de los bienes se delegará a una persona distinta al del tutor, quien se encargará de cuidar, proteger y llevar a cabo un buen manejo del patrimonio del incapaz de ejercicio. Es muy distinto hablar de administración de los bienes a hablar de tutor de los bienes. El administrador deberá rendir cuentas al propio tutor, quien únicamente se encargará de la guarda y protección del menor, así como el de autorizar todo lo que le manifieste el administrador de los bienes y entregará cuentas de ese encargo al juez de lo familiar correspondiente. La figura de la administración es muy distinta, al del tutor, pero no excluye el uno al otro.
Ahora bien, podrán decir muchos que desde épocas remotas, y muy en específico desde el derecho romano, la figura de la tutela se creó para cuidar únicamente los bienes del menor incapaz, y no para representarlo en cualquier otra celebración de actos jurídicos. En parte tendrían razón quienes opinaran de esta manera, pero es necesario aclararles que el derecho evoluciona, y al evolucionar sufre ciertos cambios, y ahora la tutela se le reconoce como una figura supletoria de la patria potestad, debido a que, como ya se mencionó en líneas anteriores, solamente se dará la tutela cuando no hay quienes puedan ejercer la patria potestad sobre el incapaz de ejercicio.
Esto se corrobora con mayor razón cuando el propio artículo 425 del Código Civil para el Distrito Federal, nos dice: “Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este código”. Este precepto nos dice que la naturaleza jurídica de la patria potestad es la representación del incapaz de ejercicio, por lo tanto al ser la tutela supletoria de la patria potestad resulta también que su naturaleza es igual al de la patria potestad, la de representar al pupilo o al incapaz de ejercicio.
Cabe hacer una aclaración antes de dar por terminado el presente trabajo, no se debe confundir el objeto de la tutela con su naturaleza jurídica. Por objeto de cualquier institución o figura jurídica es determinar los alcances que tiene la misma, es decir, qué se pretende alcanzar o qué fin tiene dicha figura jurídica. En cambio, la naturaleza jurídica es encontrar cual es su esencia en el propio mundo jurídico. De ahí que el propio Código Civil para el Distrito Federal nos dice cual es el objeto de la tutela: “es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda para gobernarse a sí mismo”. Sin embargo, el legislador al redactar dicho artículo, confunde en la segunda parte del primer párrafo el objeto de la tutela con su naturaleza jurídica, pues nos dice: “La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley”, cuando debió decir que la tutela tiene por naturaleza la representación interina del incapaz de ejercicio”.
Es indispensable que los legisladores conozcan bien el derecho civil, en especifico el derecho de las obligaciones, y mucho más importante conocer el derecho para la familia, pues conociendo bien el primero, bien se puede conocer el segundo, con sus respectivas variantes.
Concluyendo, la tutela tiene por naturaleza la representación del incapaz de ejercicio, y al operar la representación solo entre personas, resulta absurdo e ilógico que pueda haber tutor de los bienes. Las cosas tienen titulares pero no representantes, de ahí que el artículo 455 del ordenamiento invocado, debiera decir: “La Tutela se ejercerá por un solo tutor, pero cuando concurran circunstancias especiales en la misma persona del incapaz de ejercicio y en su patrimonio, podrá el tutor delegar a una persona distinta únicamente la administración de los bienes”. Con ello se estaría empleando de manera correcta el lenguaje jurídico, y así no se incurriría en males de terminología.

EDGAR MARTÍNEZ CRUZ
ALUMNO DE 10º SEMESTRE
Comentarios a: edgar_martinez_cruz@hotmail.com

[1] INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. Edit. Porrúa, pág. 3187.[]
2 BONNECASE, Julián. Tratado Elemental de Derecho Civil. T. I. Trad. José M. Cajica. 2ª reimpresión. Edt. Cárdenas. Pág. 438.[]
3 GALINDO GARFÍAS, Ignacio. Derecho Civil. 15ª edición. Edit. Porrúa. México, 1997. pág. 712 y 713.[]
4 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de la Obligaciones. 12ª edición. Edit. Porrúa. México, 1998. pág. 403.[]
5 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. El Patrimonio. 5ª edición. Edit. Porrúa. México, 1995. pág. 51

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