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MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL.

SEMINARIO SOBRE

LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO.


FINANZAS PÚBLICAS.

1.1.- Las finanzas públicas.

La palabra finanzas es un derivado del verbo latino finer, cuyo significado es terminar o pagar. Así , el concepto de finanzas comprende todo lo relativo a pagar, en donde además del acto de terminar con un adeudo, también queda incluida la forma de manejar aquello con que se paga y la forma en la que se obtuvieron los recursos necesaria para estar en posibilidad de realizar los pagos.[1]

El Licenciado Manuel Espinoza Barragán platea en su obra Lineamientos de Derecho Público, que el Estado tiene en nuestra época una serie de actividades que son sumamente variadas y amplias y van desde la conservación de la sociedad, la salvaguardia de su independencia, la seguridad del orden y la tranquilidad, tanto exteriores como interiores, hasta el progreso social, económico, educativo, sanitario y cultural.[2]

Dichas actividades igualmente son conocidas bajo la denominación de cometidos o tareas del Estado, y para su desarrollo, la entidad estatal requiere allegarse de los bienes que le permitan tanto proveer su existencia, como los bienes que aparte permitan el desarrollo de los servicios públicos.

Por esta razón el Estado realiza la actividad financiera que le permita a llegarse de los bienes al efecto.

En el diccionario Jurídico 2004 las finanzas públicas quedan definidas como sigue:

Son los ingresos y los gastos del Estado, normalmente previstos en el presupuesto. Estas operaciones están sujetas al principio de legalidad y tienen por objeto realizar las funciones financieras del Estado. El termino finanzas públicas es muy debatido en virtud de que para varias corrientes del pensamiento económico y financiero no comprende el alcance real de la disciplina sistematizada históricamente bajo este concepto.[3]

Las finanzas publicas no pueden ser entendidas sin el análisis histórico que revela la necesidad de que el ciudadano tenga certeza de los derechos del Estado a percibir ciertas exacciones su justa causa, pero igualmente se encuentra estrechamente vinculado a la exigencia social de que los limites del Estado para recaudar, así como de la exigencia de requerir a cuentas al gobernantes se establecieran en normas claras y que permitieran al pueblo conocer e incluso controlar las actividades económicas estatales.

Así pues, se reconoce que la ciencia de las finanzas públicas como tal surgió en Francia, aun cuando antes encontremos antecedentes que revelan la necesidad del Estado para financiar sus recursos a sus necesidades y de hacer estudios cada vez mas profundos sobre la manera de mejorar la aplicación de los recursos cada ocasión mas escasos para el Estado, así pues, al decir del maestro Ernesto Flores Zavala, las finanzas públicas conquistaron su autonomía en el siglo XIX y fue sólo hasta entonces que fue objeto de estudio sistemático.[4]

Debido por lo tanto a que es reciente el estudio de las Finanzas en general y concretamente de las que corresponde al Estado y que por ello se adjetivan como Públicas, que son varias las definiciones que de esta ciencia podemos obtener.

Sólo como dato histórico, he de señalar que el primer antecedente de alguna institución que en el contexto internacional se ocupara de detallar y estudiar esta ciencia del Derecho y de la actividad económica del estado, se remonta al 12 de febrero de 1938, año en el cual fue fundada en la Haya, la Asociación Internacional de Derecho Financiero y Fiscal, cuyo primer congreso fue celebrado precisamente en La Haya el año siguiente.[5]

La ciencia de las Finanzas Públicas se ha desarrollado primero ante concepciones liberalistas, que postulaban la necesidad de que el estado permitiera en la vida privada que entre los ciudadanos se permitieran los principios económicos guiados por el laisses faire, laisses passer, para que mas tarde con las teorías sociales se pugnará por ampliar la actuación del Estado hasta convertirlo en un verdadero interventor de la economía o incluso un rector de la misma, como ocurrió esencialmente en régimen socialista.

Hoy, al primer lustro del siglo XXI, es difícil para los Estados absortos en la globalización, fijar con certeza el limite entre la liberalidad económica y el intervensionismo económico, pues incluso las grandes potencias, en concreto, los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón o la propia Unión Económica Europea, de una u otra manera intervienen sus economías para lograr una distribución democrática de la riqueza, así como pugnan por una mayor libertad económica para enfrentar las necesidades humanas.

Podemos precisar que el objeto de estudio que ocupa a la Ciencia de las Finanzas Públicas es el siguiente:

La Ciencia de las finanzas Públicas tiene por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro orden público se procura las riquezas materiales necesarias para su vida y su funcionamiento y también la forma en que estas riquezas serán utilizadas.[6]
Los resultados de los estudios y teorías de los científicos de las finanzas públicas para que el Estado pueda dedicar sus recursos a satisfacer sus necesidades, se revelan posteriormente en normas, cuando el Poder Legislativo de los estados asume alguna de las teorías relevantes como el contenido de la voluntad soberana transformado en precepto jurídico.

La norma jurídica plasma así pues las preocupaciones tanto de los teóricos como de la población respecto al planteamiento de la manera en que el Estado realizar su actividad financiera del Estado.

Las normas jurídicas revelan estas preocupaciones cuando el Estado genera preceptos que regulan el derecho y obligación del Estado a recaudar parte del patrimonio de los ciudadanos, así como la obligación del Estado a rendir cuentas públicas de lo recaudado y por ello, el estudio de los efectos que la recaudación tiene en la sociedad en el futuro cercano como en el desarrollo nacional a largo plazo. A ese conjunto de normas se les conocen como normas de programación y presupuesto.

La actividad financiera pública concebida en términos normativos supone determinados fines para lo cual se deben conocer los efectos provocados por los instrumentos financieros (los ingresos y los gastos públicos), y el problema radica en elegir los medios más eficaces. El enfoque normativo consta de tres etapas:

  1. La constituida por el estudio de las finalidades a las que pretenden servir los distintos programas de ingresos y gastos gubernamentales.

  1. La que consiste en el conocimiento de los efectos económicos de los programas de los referidos ingresos y gastos públicos, y

  1. La última, que consiste en instrumentar la política a perseguir, esto es, elegir los medios más eficaces para lograr las distintas finalidades. Por otra parte, la actividad financiera estatal explicaría las causas que condicionan a las autoridades públicas en el proceso de toma de decisiones. El objeto sería explicar los motivos de las acciones financieras y aplicar dicha estructura para predecir que acción fiscal se tomará en supuestos diferentes[7].

Esta última cita es importante en si misma, pues revela que las Finanzas Públicas del Estado son de tal naturaleza que deben atender al bien general, así como que la preocupación de esta ciencia no concluye con el análisis de los efectos de un presupuesto en la colectividad, sino que se extiende a analizar cuales fueron los resultados finales de los programas aplicados con cada año y por último, que entre la satisfacción de necesidades, como en la realización y el logro de ciertos efectos públicos, la Ciencia de las Finanzas Públicas se encuentra vinculada con la Política, aunque compartimos el punto de vista de los maestros Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinosa, en el sentido de que el contenido de la Ciencia de las Finanzas Públicas esta vinculado con aspectos económicos.[8]

En la actualidad se reconoce el contenido económico de las finanzas del Estado; así es que en esta materia Richard Musgrave expone que las funciones financieras del Estado en una economía neocapitalista contemporánea pueden resumirse en las siguientes: 1) la asignación óptima de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades públicas; 2) el pleno empleo con estabilidad en los precios, y 3) la equidad en la distribución del ingreso. Otros autores agregan o rectifican esta clasificación y algunos como Fuentes Quintana y Retchkiman, añaden el desarrollo económico.[9]

No obstante, dicho contenido económico, la regulación de los principios, de la naturaleza y de las instituciones conforme a las cuales se realizan las actividades financieras del Estado, son de tal naturaleza, que es de interés público la creación normativa que permita a la entidad estatal hacerse de recursos para enfrentar sus necesidades, así como de la existencia de normas que les permitan recaudarlos y erogarlos.

Así encontramos dentro de las ramas del derecho administrativo, a una ciencia autónoma que se ocupa del estudio concreto de las actividades financieras del Estado, denominada como derecho Financiero.

El derecho financiero tiene por objeto regular las tres etapas o momentos de la actividad financiera del estado: la recaudación u obtención de los recursos; la administración o asignación a los planes y programas y la erogación o gasto para satisfecer las necesidades públicas.
1.2. Los ingresos del Estado.


La estructura gubernamental del estado requiere para cumplir con las funciones que la ley le otorga de proveerse de los medios económicos necesarios para enfrentar sus obligaciones de proveer los servicios públicos, así como para garantizar su continua existencia.

Así entonces el Estado tiene la necesidad de asignar a la estructura gubernamental una serie de ingresos financieros que se obtienen a gracias a la recaudación tributaria.

La recaudación es una actividad soberana del Estado, en la que se demuestra la potestad de este al imponer inclusive de forma coactiva el cobro del tributo sobre los ciudadanos e incluso sobre los propios órganos gubernamentales obligados al pago del tributo.

Esta característica coactiva, heterónoma y general, es la que brinda tanto al derecho financiero como al derecho tributario sus características de ramas autónomas del resto del sistema jurídico.

En general el estado obtiene ingresos en dos grandes vías, los que recibe en vía de derecho privado y los que recibe en vía de derecho público. Pero finalmente son los ingresos regulados por las normas de derecho público y que el Estado obtiene ejerciendo su potestad soberana los que conforman el monto de mayor importancia para la existencia del Estado.

Los ingresos por derecho privado son mínimos, generalmente el Estado los recibe en vía de cesiones de derechos privadas, en vía de donaciones o en vía testamentaria o intestamentaria.

Son los ingresos del Estado regulados por el derecho Público los que ocupan el estudio fundamental del Derecho Financiero.

1.3.- Los recursos del Estado.

Así entonces, los recursos del Estado se obtienen primordialmente por normas de derecho Público.

En este sentido existen dos tipos de ingresos del Estado en relación a las características de las normas de derecho público que los regulan.

Por una parte tenemos los recursos fiscales y en otra a los recursos con carácter de financiamientos.

En el primer caso estaremos refiriéndonos a los ingresos e carácter fiscal. En el otro nos referimos a los ingresos que provienen de la contratación de créditos, empréstitos o préstamos derivados.

Sin embargo a mi parecer la clasificación teórica que nos puede ilustrar con mayor precisión cuál es la manera en que se dividen los ingresos del estado es la clasificación cameralista que divide a los ingresos del Estado de la siguiente manera:

1.- los ingresos derivados del principio de la soberanía fiscal del Estado esto es, los impuestos;
2.- Los ingresos que provienen de unidades económicas del Estado, posteriormente conocidas como empresas públicas, y, por último,
3.- Las derivadas de la deuda pública.[10]

De la clasificación anterior el Estado obtiene la mayor parte de sus ingresos de las contribuciones que esté impone a los ciudadanos, aunque se debe precisar que esta no es la única fuente de ingresos del Estado, pues también se deben enunciar entre dichos ingresos aquellos que se adquieren por medio de financiamientos contratados fuera o dentro del país, mismos que dan origen a la deuda pública.

1.4.- Clasificación en la Legislación mexicana.

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 enumera en su artículo 1º los ingresos que en materia Federal le corresponde obtener al estado Mexicano; dichos ingresos se encuentran clasificados en tres grandes incisos que son los siguientes:

A) Los ingresos del Gobierno Federal.

Entre estos ingresos que el Gobierno federal tiene derecho a obtener se encuentran los impuestos; las contribuciones de mejoras; los Derechos; las contribuciones no comprendidas en la Ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago; los productos y los aprovechamientos.

B) Los ingresos de organismos y empresas.

Entre los cuales se encuentran los ingresos correspondientes a los organismos y empresas paraestatales o de participación estatal y las aportaciones de seguridad social

c) Los ingresos derivados de financiamientos.

Entre estos se encuentran todos los ingresos que el Estado mexicano percibe por concepto de endeudamiento público, incluyendo entre ellos los diferimientos de pago.

La definición legal de cada uno de estos ingresos del estado es obtenida de los artículos 2º y 3º del Código Fiscal de la Federación, salvo en el caso de los ingresos derivados de Financiamiento, los cuales se encuentran a su vez regulados por los artículos 1º y 2º de la Ley de Deuda Pública.
DEFINICIÓN LEGAL
DE LAS CONTRIBUCIONES:

Las contribuciones según el contenido el artículo 2º del Código Fiscal de la federación quedan definidas por dicho ordenamiento de la manera siguiente:

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II ( Aportaciones de Seguridad Social), III (Contribuciones de mejoras), y IV (Derechos) del artículo 2º del Código Fiscal de la Federación.

Aportaciones de seguridad Social: son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de Personas que son sustituidas por el estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de Seguridad Social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

También quedan establecidas por excepción y descarte en la fracción IV del artículo 2º del código Fiscal de la federación al dispones que cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II del mismo ordenamiento, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

Contribuciones de mejoras: Son las establecidas en a Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de Derecho Público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Accesorios de las contribuciones: La propia Ley de ingresos da lugar a que los impuestos puedan tener accesorios, según se desprende de la misma al revisarse todos los impuestos que es posible que pueda obtener el Estado. Así entonces, el Código fisvcal de la Federación contempla en su último párrafo del artículo 2º la noción de los accesorios de las contribuciones entre las cuales se estiman a los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Aun cuando dicho ordenamiento omite precisar en que consiste la esencia de cada una de esas percepciones.

Aprovechamientos: Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estdo por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Recargos: Son las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización por cheque rebotado en cumplimiento de la obligación de pago al fisco, constituidos a su vez como accesorios de los aprovechamientos y participan de la misma naturaleza que estos.

Productos: Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado.



Clasificación de los ingresos del
Estado percibidos como financiamientos.
Por lo que hace a la otra fuente de ingresos a que se hizó referencia al principio de este capítulo osea los financiamientos que se contraen, existen disposiciones en la Constitución y en la Ley General de deuda Pública.

En la Constitución se atribuyen al Congreso las facultades de “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación las de aprobarlos y reconocer y mandar pagar la deuda nacional en el concepto de que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo que se realicen con el propósito de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada en los términos del artículo 29 Constitucional (Constitución Federal, artículo 73, fracción VIII).

En la Ley general de Deuda Pública se establecen las normas para la obtención de los financiamientos que constituirán la Deuda Pública y la competencia que en la materia corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público[11].

Los financiamientos provienen de la contratación de créditos, empréstitos o préstamos derivados de I) la suscripción de bonos o emisión de títulos de crédito p cualquier otro documento pagadero a plazo; II) la adquisición de bienes o contratación de obras o servicios pagaderos a plazo; III) los pasivos contingentes relacionados con los actos anteriores y IV) la celebración de actos jurídicos análogos a los mencionados y todos los pasivos creados por esas operaciones constituyen la deuda pública estatal.[12]








UNIDAD DOS.


LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO.

2.1.- Aspecto Económico.

Con el derecho financiero ocurre el mismo fenómeno en materia económica que con el Derecho económico.

El carácter instrumentalista del derecho económico en la economía se manifiesta en la adaptabilidad de sus reglas a las condiciones cambiantes de los sistemas económicos...[13]

De igual modo el Derecho Financiero se ha tenido que adaptar a las circunstancias cambiantes de la economía moderna, así hemos sido testigos mudos, aceptantes tácitos, como lo podemos derivar de Juan Jacobo Rosseau, del nacimiento de una Constitución Social, la de 1917 que en su creación a que el estado asumiera una actividad financiera participante de los quehaceres públicos como de la vida económica del Estado y de la Población.
La Constitución de 1917, obligaba al Estado a desarollar un papel de rector económico y de regulador y distribuidor de la riqueza nacional y en este sentido toda la actividad financiera que se desempeño aún hasta finales de la década de l971-1980, se enfocó a la dedicación de los ingresos del estado como medios para incentivar el desarrollo económico e industrial del país, sin embargo, igualmente y debido a los vencimientos de deuda al final del periódo de desarrollo estabilizador, el sistema entró e una crisis primero de pagos y después de crecimiento, de la cual aún hoy no hemos salido.

En consecuencia de esas propias crisis económicas e incluso que a nivel mundial se han resentido, el modelo económico del país ha cambiado, mutándose de un régimen de economía mixta a u otro de carácter neoliberal individualista, que ha modificado por entero las funciones que el Estado Mexicano debe desempeñar en materia económica, hasta prácticamente reducir sus actividades casi a las del estado policía del siglo XIX, aún cuando quedan aún en el país algunas pocas empresas paraestatales, que no obstante, siguen siendo las mas importantes.
Esto, indudablemente ha tenido consecuencia sobre el régimen financiero del estado mexicano, pues con la reducción de gastos en materia de las actividades de fomento industrial, así como con la eliminación de la mayor parte de las industrias de participación estatal, indudablemente se han transformado las finanzas del estado, aunque no las preocupaciones financieras mas importantes de las últimas dos décadas del siglo XX, consistentes en los vencimientos de deuda, que ahora amenazan con convertirse en una nueva carga en contra del erario federal en virtud de los vencimientos para el año 2020, relativos a los préstamos contraídos con el Banco Mundial para enfrentar la crisis de 1994.
2.2.- Aspecto Político.

En cuanto al aspecto político, el espíritu de la Ley financiera., evocando a Montesquieu, se centra esencialmente en el contenido de los artículo 25, 26, 28 y 29 de l Constitución Federal que previenen que el desarrollo Económico del país será dirigido esencialmente por el estado, obligando la Constitución al propio estado mexicano a favorecer un desarrollo económico con visión democrática.

Lógicamente para lograr un desarrollo económico equilibrado, el estado debe de realizar gastos para brindar los servicios públicos necesarios para lograr una justa distribución de la riqueza y un crecimiento económico que permita redistribuirla, y la forma e obtener dichos recursos es a través de las contribuciones o de deuda pública, de tal manera que de manera indubitable esos artículos que previenen el régimen económico de la nación, también se encuentran íntimamente vinculados con el sistema financiero del estado, concretamente en relación a las actividad tributaria consagrada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, como presupuestaria, en el sentido de plantear, estudiar y determinar los
ingresos necesarios para satisfacer el presupuesto.

La actividad presupuestaria, que es una fase preparatoria de las actividades financieras del estado, es una fase netamente política, en la cual corresponde, por razones históricas de peso, que provienen de la Inglaterra del siglo XVIII, que sea la Cámara de Diputados únicamente, osea el pueblo constituido como una soberanía, el que discuta y apruebe el presupuesto para satisfacer los egresos estatales del año siguiente de ejercicio.
Igualmente es menester político al momento de la aprobación del presupuesto el estado, que la soberanía acuerde respecto a los hechos jurídicos que se van a transformar en hechos generadores de tributos, así como la finalidad económica y política que se persigue con cada tributo determinando con precisión los objetivos que se piensan alcanzar con los mismos.
2.3.- Aspecto jurídico.

El derecho regula la actividad financiera del Estado en atención a dos ámbitos económicos distintos; por una parte el derecho financiero es esencialmente una rama de derecho público y por ello tiene indiscutiblemente vínculos con el derecho constitucional, siendo sus fuentes esenciales los artículos 14, 16, 21 y 21 aplicados analógicamente; 25,26,27, 28, 29, 31 fracción IV, 71,72, 73, 74, 89, 131 y133 esencialmente, los cuales encuadran los principios jurídicos hacia los cuales debe atender la actividad financiera del Estado.

Otra rama con la cual tiene vínculos el derecho financiero es el derecho Administrativo, pues la organización del Sistema Tributario Nacional, del Sistema de Programación y Presupuesto, así como del Sistema de Rendición de Cuentas públicas y la estructura y organización de los principios de los órganos y organismos que regulan a cada una de las entidades que forman parte de ellos se encuentran establecidos en esta rama jurídica, así como las bases generales que fijan los elementos esenciales de los actos que la Administración Pública debe realizar con el fin de efectuar la actividad financiera del Estado.

El derecho Internacional Público es otra rama importante con la cual el derecho financiero establece una íntima vinculación, sobre todo cuando se trata de estudiar cuales son las causas de la doble tributación de entre los Estados., así como cuando a partir de esos estudios se generan los elementos e instrumentos necesarios con el objeto de evitarla.

En relación al derecho Penal es indudable que la fuerza instrumental que revela la ejecutoriedad de la potestad financiera soberana del Estado se encuentra en este sistema jurídico. El Derecho penal especializado en materia financiera ha conformado tipos penales autónomos y específicos para ada una de las subramas que integran el sistema financiero del Estado Mexicano, existen pues, tipos penales en materia de la subrama fiscal, cuya finalidad es evitar la evasión del pago de impuestos esencialmente, en materia de Administración y erogación esencialmente la rama penal se fija en establecer tipos penales que tiendan a prevenir la comisión de fraudes contra la administración y de determinar con certeza los elementos para tipificar las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos al desviar los recursos del erario.

En materia del derecho privado podemos encontrar vinculaciones con el derecho notarial, y mercantil, al fijarse esencialmente en el derecho fiscal, los elementos de las obligaciones que corresponden a los fedatarios públicos como a los retenedores, sean personas físicas o morales en su calidad de retenedores del pago de contribuciones
2.4.- Aspecto sociológico.

En el plano sociológico, el derecho financiero tiene esencialmente como finalidad la de lograr una equitativa distribución de la riqueza, de tal manera que sus efectos se revelen generalmente en el gasto, sociológicamente se espera que el tributo sea devuelto de forma heterogénea a través de la prestación de servicios públicos generales, en igualad de circunstancias a toda la población.
Igualmente entre los egresos del Estado se previenen las actividades de fomento a través de subsidios a los ciudadanos que realicen actividades económicas necesarias para el desarrollo nacional.
2.5.- Necesidades que satisface el Estado.

El Estado moderno tiene una finalidad que consiste en generar el bien común a la población.

Para realizar el bien común, el Estado debe de realizar sus distintos cometidos o también conocidas como tareas.

Dichas tareas satisfacen las necesidades tanto del estado como de la población integrante del mismo.
Se reconocen esencialmente tres tareas o cometidos del Estado: el cometido de Policía, el cometido de Fomento y el cometido de servicios públicos.

El cometido de policía se encuentra dividido en dos, el de policía interna y el de policía externa.

La policía interna es de carácter administrativo y tiene por objeto preservar hacia el interior del Estado la tranquilidad y la paz públicas.

La policía externa tiene carácter militar, su objeto es proveer la existencia de una fuerza armada o ejército para que este se ocupe de garantizar la soberanía y existencia del estado, frente a otras potencias extranjeras.

El cometido de Fomento es una actividad que permite al Estado intervenir la economía e incentivar aquellas actividades y áreas económicas que sean consideradas como estratégicas para lograr el adecuado desarrollo económico, tecnológico y social.

El cometido de servicio público es muy cuestionado por la teoría administrativa, sin embargo con el mero afán de aportar una definición enunciare la de Haoriu que lo reduce al conjunto de actividades que con carácter técnico el Estado tiene que brindar a los ciudadanos con carácter continuo, general, permanente, en condiciones de igualdad y calidad a todos los ciudadanos que habitan la Entidad estatal.

2.6.- La planeación y el presupuesto por programas.

La Constitución Federal previene que el Estado Mexicano es el Rector económico de nuestro país y que como tal, es responsable en expedir un Plana Nacional de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que el Presidente debe elaborar con el propósito de exponer cuales son los problemas económicos que tiene que enfrentar la nación, así como las necesidades que se deben satisfacer e igualmente es un instrumento público en el cuál se detalla cuales son las vías y medios que el Presidente utilizará para satisfacerlos.

El presupuesto de la Federación es un instrumento público integrado por dos documentos que son la Ley de Ingresos y el Proyecto de egresos.

En general la Ley de Ingresos consiste en el decreto federal que emite la Cámara de Diputados, previa sanción del Presidente de la República con el propósito de fijar en ella los diversos ingresos a captar para el año de ejercicio. Excepcionalmente algunos impuestos no se encuentran en dicha ley sólo en los casos de que surja un nuevo impuesto para ese mismo año, pues basta con que la Cámara apruebe el nuevo impuesto y el presidente lo sancione para que se aplique al año de ejercicio siguiente. La vigencia del Presupuesto, es anual.

El presupuesto de Egresos no es ley, es mas bien una propuesta que el Presidente de la república expone acerca de los gastos que hipotéticamente se tendrán que hacer para el año de ejercicio siguiente.

El Presupuesto de egresos no puede ser ley en razón de que se desconocen las contingencias nacionales e internacionales que la nación tenga que enfrentar en el siguiente año de ejercicio, motivo por el cual no se puede obligar al estado mediante un sistema jurídico a gastar en determinados proyectos pues la realidad económica no necesariamente responde a las aspiraciones normativas.

Para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, hasta el año de 1976 se aplicaba el presupuesto tradicional, para la elaboración de éste bastaba con que cada entidad gubernamental expusiera ante al Poder Ejecutivo cuales eran sus necesidades económicas para el siguiente año de ejercicio, posteriormente se turnaba en un gran proyecto e Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al Congreso para que este lo sancionara, de esta manera era relativamente fácil fijar los tributos a recaudar , así como realizar la asignación a cada una de las dependencias de Estado.

Sin embargo, a partir de 1976 se hicieron reformas legales y se elaboro la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público federal.

Esta Ley previene en su artículo 2º que el gasto público comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera y pagos de pasivo deuda pública.

Por Gasto Corriente se entiende el importe de las erogaciones del sector público que se consumen en el desarrollo propio de las funciones administrativas y en la prestación de servicios que realiza, además de las transferencias de consumo que efectúa a otros sectores. Por este motivo a este tipo de gastos también se les conoce como gastos de administración.

Inversión Física, son las erogaciones que destinan a los siguientes capítulos: planta y equipo y construcciones (incluye la adquisición de materiales de construcción), maquinaria, muebles e inmuebles y otros bienes que se capitalizan. La inversión financiera se integra por las erogaciones destinadas a la realización de actividades financieras que el Gobierno federal efectúa con fines de fomento y regulación crediticia y monetaria, como la compra de bonos o acciones del mercado de valores.

Finalmente , la deuda Pública la constituyen erogaciones que se destinan a cubrir los empréstitos de cualquier tipo de financiamientos, internos y externos, celebrados sobre el crédito de la nación. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley General de deuda pública, este concepto se integra con las obligaciones de pasivo directas o contingente, derivadas de financiamiento a cargo de los órganos que integran la Administración Pública Federal.
Por su parte el artículo 2º de esta Ley establece que se entiende por financiamientos, constituyéndose así como los contratos dentro o fuera del país de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: a) la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo; b) La adquisición de bienes, así como la contratación de obras y servicios cuyo pago se pacte a plazos; c) los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y d) la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

Así entonces y para enfrentar cada uno de estos gastos que tiene el estado Mexicano, se ha modificado el sistema presupuestario y se le ha cambiado por el sistema de presupuesto por programas, con el objeto de que al enviar simplemente un proyecto de sus gastos, cada entidad informe con precisión a la Cámara de Diputados cuanto proyecta erogar para el siguiente año de ejercicio y cuales son los rubros a los cuales se desea enfocar dichos gastos, proponiendo al Congreso las metas y objetivos que se pretenden lograr con el presupuesto otorgado, de tal manera que el Congreso puede observar cuales son los costos que cada programa va a tener para el Gobierno federal , así como las repercusiones económicas que con el mismo se pretenden producir en la economía nacional[14].



2.7.- Análisis del Gasto de Gobierno.

La nueva Ley de ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2004 previene en su artículo primero cuales con los ingresos que se proyectan para este año de ejercicio entre ellos los siguientes:


Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2005, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

CONCEPTO Millones
de pesos

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1,280,105.2

I. Impuestos: 864,830.7

1. Impuesto sobre la renta. 375,833.3

2. Impuesto al activo. 12,242.3

3. Impuesto al valor agregado. 313,739.9

4. Impuesto especial sobre producción y servicios: 110,805.9

A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz. 75,860.0

B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 19,362.4

a) Bebidas alcohólicas. 5,600.0

b) Cervezas y bebidas refrescantes. 13,762.4

C. Tabacos labrados. 14,564.0

D. Aguas, refrescos y sus concentrados. 1,019.5

5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 14,207.1

6. Impuesto sobre automóviles nuevos. 5,295.2

7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. 0.0

8. Impuesto a los rendimientos petroleros. 0.0

9. Impuestos al comercio exterior: 25,996.9

A. A la importación. 25,996.9

B. A la exportación. 0.0

10. Accesorios. 6,710.1

II. Contribuciones de mejoras: 16.0

Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica. 16.0

III. Derechos: 361,027.7

1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 7,220.3

A. Secretaría de Gobernación. 970.4

B. Secretaría de Relaciones Exteriores. 1,259.9

C. Secretaría de la Defensa Nacional. 46.4

D. Secretaría de Marina. 0.4

E. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1,623.5

F. Secretaría de la Función Pública. 0.0

G. Secretaría de Energía. 21.7

H. Secretaría de Economía. 67.8

I. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 13.0

J. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2,781.1

K. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 27.6

L. Secretaría de Educación Pública. 347.8

M. Secretaría de Salud. 2.0

N. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 0.6

Ñ. Secretaría de la Reforma Agraria. 46.9

O. Secretaría de Turismo. 0.9

P. Secretaría de Seguridad Pública. 10.3

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público: 5,873.9

A. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 0.2

B. Secretaría de la Función Pública. 0.0

C. Secretaría de Economía. 300.6

D. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 477.9

E. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 5,095.2

3. Derechos a los hidrocarburos. 347,933.5

A. Derecho sobre extracción de petróleo. 229,791.3

B. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo. 114,156.2

C. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo. 3,986.0

D. Derecho sobre hidrocarburos. 0.0

IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 118.7

V. Productos: 5,658.3

1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público. 85.5

2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público: 5,572.8

A. Explotación de tierras y aguas. 0.0

B. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 1.2

C. Enajenación de bienes: 1,251.7

a) Muebles. 1,102.1

b) Inmuebles. 149.6

D. Intereses de valores, créditos y bonos. 2,573.3

E. Utilidades: 1,746.6

a) De organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 0.0

b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 458.1

c) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 1,255.3

d) Otras. 33.2

F. Otros. 0.0

VI. Aprovechamientos: 48,453.8

1. Multas. 684.5

2. Indemnizaciones. 774.7

3. Reintegros: 125.3

A. Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123. 24.7

B. Servicio de Vigilancia Forestal. 1.1

C. Otros. 99.5

4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica. 1,242.8

5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación. 0.0

6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación. 0.0

7. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado. 0.0

8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales prestados por la Federación. 0.0

9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas. 0.1

10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud. 0.0

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica. 1,111.2

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 240.1

13. Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras. 0.0

14. Aportaciones de contratistas de obras públicas. 27.0

15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal: 0.5

A. Aportaciones que efectúen los Gobiernos del Distrito Federal, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares. 0.2

B. De las reservas nacionales forestales. 0.0

C. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 0.3

D. Otros conceptos. 0.0

16. Cuotas Compensatorias. 345.6

17. Hospitales Militares. 0.0

18. Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor. 0.1

19. Recuperaciones de capital: 3,503.7

A. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de entidades federativas y empresas públicas. 1.2

B. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares. 250.1

C. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado. 0.0

D. Desincorporaciones. 2,500.0

E. Otros. 752.4

20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal. 113.7

21. Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. 9,976.4

22. Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras. 1,012.0

23. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios. 0.0

24. Otros: 29,296.1

A. Remanente de operación del Banco de México. 5,000.0

B. Utilidades por Recompra de Deuda. 0.0

C. Rendimiento mínimo garantizado. 17,912.6

D. Otros. 6,383.5

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 500,880.8

VII. Ingresos de organismos y empresas: 385,104.8

1. Ingresos propios de organismos y empresas: 385,104.8

A. Petróleos Mexicanos. 183,197.0

B. Comisión Federal de Electricidad. 162,805.3

C. Luz y Fuerza del Centro. 459.1

D. Instituto Mexicano del Seguro Social. 9,185.0

E. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 29,458.4

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal. 0.0

VIII. Aportaciones de seguridad social: 115,776.0

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 0.0

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 115,776.0

3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los Patrones. 0.0

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. 0.0

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. 0.0

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 37,455.7

IX. Ingresos derivados de financiamientos: 37,455.7

1. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 116,881.3

A. Interno. 116,881.3

B. Externo. 0.0

2. Otros financiamientos: 20,000.0

A. Diferimiento de pagos. 20,000.0

B. Otros. 0.0

3. Superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo (se resta). 99,425.6

TOTAL 1,818,441.7

Fuentes de información:



1.- DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto; LUCERO ESPINOSA, Manuel, Elementos de Derecho Administrativo Segundo Curso, Limusa, México, D.F., 1995.


2.- ESPINOSA BARRAGÁN, Manuel, Lineamientos de Derecho Público Mexicano, Cardenas Editor y Distribuidor, segunda edición, Tijuana, México, 1986.


3.- FINANZAS PÚBLICAS, Diccionario jurídico 2004, Informática Mexicana.


4.- FLORES ZAVALA, Ernesto, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, Porrúa, México, D.F., 1970, 12ª edición.


5.- FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Porrua, México 1988, 38ª edición, 327p.
Opus. Cit.


6.- INGRESOS DEL ESTADO. Diccionario jurídico 2004, Informática Mexicana.


7.- WITKER VELÁSQUEZ, Jorge, Introducción al Derecho Económico, Mac Graw Hill, Serie Jurídica, quinte Edición, México, 2003.




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Derechos de autor reservados conforme a la ley.


[1] DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto; LUCERO ESPINOSA, Manuel, Elementos de Derecho Administrativo Segundo Curso, Limusa, México, D.F., 1995, 16p.[]
2 ESPINOSA BARRAGÁN, Manuel, Lineamientos de Derecho Público Mexicano, Cardenas Editor y Distribuidor, segunda edición, Tijuana, México, 1986, 169p.[]
3 FINANZAS PÚBLICAS, Diccionario jurídico 2004, Informática Mexicana.[]
4 FLORES ZAVALA, Ernesto, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, Porrúa, México, D.F., 1970, 12ª edición, p.-3. []
5 .- Opus, cit. p.- 6[]
6 Opus. Cit., p.-9.[]
7 FINANZAS PÚBLICAS, Loc. cit.[]
8 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto; LUCERO ESPINOSA, Loc. cit.[]
9 FINANZAS PÚBLICAS, Loc. cit.
[]
10 INGRESOS DEL ESTADO. Diccionario jurídico 2004, Informática Mexicana.
[]
11 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Porrua, México 1988, 38ª edición, 327p.[]
12 Opus. Cit., 316.p[]
13 WITKER VELÁSQUEZ, Jorge, Introducción al Derecho Económico, Mac Graw Hill, Serie Jurídica, quinte Edición, México, 2003, p.-24.[]
14 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Ernesto y LUCERO ESPINOZA, Manuel, Opus. cit.,p.-38-39.

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