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EL ABOGADO DEFENSOR EN LA PROPUESTA DE REFORMA DEL EJECUTIVO FEDERAL
Mucho se habla en la actualidad sobre un problema que aqueja a toda la población: LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Este problema no es de hoy, sino que aqueja desde mucho tiempo atrás, inclusive desde tiempos inmemorables. Pero hoy en día, con la nueva apertura que se ha venido dando en la información, así como la transparencia que día a día se va desarrollando, muestran con mayor claridad y preocupación el problema que sufre la sociedad.
El Presidente de la República Vicente Fox Quezada, el 29 de marzo del presente año, presentó ante los Senadores, una iniciativa que trata sobre la Reforma a la Administración de Justicia, en específico en materia penal, en la cual propone la creación de diversas leyes federales, así como diversos cambios al Código Penal Federal. De igual forma propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder llevar a cabo los cambios que propone.
Son muchos los puntos que trata dicha reforma, sin embargo nos parece interesante el punto referente a la figura del “defensor profesional certificado”, el cual es parte considerable en la administración de justicia penal. No solamente se debe dejar en manos del órgano jurisdiccional, la forma de administrar justicia, sino que debemos también aterrizar en la función tan importante que desempeña el abogado al momento de tomar la defensa de una persona que se le imputa un hecho ilícito y que lo conlleva a enfrentar un procedimiento penal.
El Ejecutivo Federal, en uno de los puntos que trata sobre la defensa del “imputado” (tal como llama en la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al sujeto que se le atribuye un delito), y en el momento de considerar al sistema acusatorio en el nuevo procedimiento penal que propone nos dice lo siguiente:
“En otro orden de ideas, es dable advertir que el proceso acusatorio requiere de un alto grado de profesionalización de los intervinientes, situación que necesariamente impacta en el derecho a una adecuada defensa, garantía reconocida por la Norma Fundamental, de tal suerte que es menester elevar a rango de garantía constitucional el derecho a un defensor profesional certificado, ya que a pesar de que se ejerza la profesión de licenciado en derecho, esto no garantiza que los litigantes tengan la capacidad técnica y ética en el desempeño de sus tareas de defensa, en el marco de la protección de uno de los valores fundamentales del hombre, como es la libertad.”
Mas adelante, en la misma exposición que viene realizando, nos menciona:
“En este sentido, se propone la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que tanto a nivel federal como estatal se regulen las bases que aseguren la libertad, capacidad, probidad de los abogados. Lo anterior, con la finalidad de asegurar la tutela jurídica de los gobernados para que cuenten con abogados de elevada calidad ética y profesional, en virtud de que el ejercicio de esta profesión exige asumir de manera cabal y responsable la defensa de los ciudadanos ante los tribunales.”
Uno de los derechos fundamentales que todo ser humano debe tener en un procedimiento de carácter penal, es la debida defensa ante el órgano estatal (Ministerio Público) que depone en su contra, ya sea que actúe este último para salvaguardar los intereses de la sociedad, o ya sea por actuar por iniciativa de parte (víctima u ofendido). Esta defensa debe ser proporcionada por personas capaces y con conocimientos técnico-jurídicos, quienes deberán contar con la debida preparación para ejercer esta actividad defensiva. Sin embargo como también menciona la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, estos profesionales deben contar con una calidad ética. Este último punto es toral en la defensa que debe tener todo sujeto, es decir que el defensor debe ser una persona con la suficiente calidad moral para cumplir con esta función tan noble y tan importante.
Para poder comentar este punto de la reforma es necesario determinar qué es la abogacía y la tarea tan importante que ha desempeñado a través del tiempo.
LA ABOGACÍA COMO PROFESIÓN
La palabra abogado, según el Diccionario de la Lengua Española, nos establece en su primera acepción:
“Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico.”[1]
El Diccionario Jurídico Mexicano, al hablar sobre la palabra abogacía nos dice lo siguiente:
“Profesión y actividad del abogado (advocatus, de ad: a y vocare: llamar o sea abogar), quien al ejercerla debe actuar en favor de los intereses que tiene confiados; de las más nobles por su importancia para lograr la paz y el bienestar social.”[2]
La función del abogado a lo largo de la historia ha sido una de las actividades más importantes y una de las profesiones más noble que han existido. Los justiciables siempre han necesitado de alguien que por su prestigio o sapiensa los asesoren o se encarguen de hacer valer sus derechos frente a los órganos jurisdiccionales, pero principalmente el que indudablemente impere la justicia en sus causas.
En Grecia los ciudadanos tenían que hacer valer sus derechos ante el juez por sí mismos, exponiendo sus razonamientos ante el Tribunal. Con el transcurrir del tiempo se les permitió que los asistiera una persona que fuera su pariente o amigo, dando lugar a la aparición de hombres que por su dotada oratoria fungieran como asistentes en una causa judicial, de ahí que recibieran el nombre de “oradores judiciales”.
En Roma en un principio existió la institución del patronato, en donde cada jurisconsulto podía asesorar y ayudar a cualquier persona que requiriera ser defendida ante los magistrados. Recordemos que los romanos eran muy formalistas, hasta el grado de quien no dijera correctamente ciertas formulas o palabras, por ese simple hecho perdía su causa.
Moliérac, sobre este punto nos dice lo siguiente: “En la institución del patronato y de la clientela antigua es donde surgió, en la vieja Roma, la función del abogado; los patricios, que con los pontífices eran los únicos que conocían las fórmulas sacramentales para poner en práctica las acciones de la ley, eran los patronos y defensores de los plebeyos.”[3] Con el paso del tiempo la abogacía se fue convirtiendo en una verdadera profesión, pues la defensa ante las autoridades correspondientes ameritaba cada vez más un conocimiento exhaustivo de las normas y la exposición de argumentos adecuados para hacerlos valer en juicio.
El abogado, al ejercer esta noble profesión, debe (desde el punto de vista deontológico) buscar ante todo el respeto y el cumplimiento de la justicia, tanto de la parte que asesora y defiende, así como también de los órganos jurisdiccionales. En una función social la que realiza, pues los justiciables depositan su confianza en ese profesional para que los guíe y los conduzca por el sendero de la paz y el bienestar.
El Código de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en su artículo 1.1, nos establece con gran elegancia y prominencia la misión que tiene encomendada todo abogado, el cual por su relevancia transcribimos a continuación:
“1.1.- La misión del abogado.
“En una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el Abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del Derecho. En un Estado de Derecho, el Abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la Justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender sus derechos y libertades; es por lo tanto, el asesor y defensor de su cliente, y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia.
“Su misión le impone deberes y obligaciones múltiples, algunas veces con apariencia contradictoria, con respecto: A si mismo. Al cliente. A los tribunales y otras autoridades ante las cuales el Abogado asiste o representa al cliente. A su profesión en general y a cada colega en particular. A la sociedad, para la cual una profesión liberal e independiente, regida por el respeto a las reglas que se ha impuesto a sí misma, es un medio esencial de salvaguardar los derechos del hombre frente al estado y a los otros poderes.”
El Licenciado Javier Quijano Baz en una conferencia que dictó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hace una diferenciación entre el Licenciado en Derecho y la profesión de la Abogacía. Considera que la Abogacía es una de las tantas profesiones jurídicas, y que ésta no es compatible con la judicatura. El licenciado Quijano Baz al citar al jurista Ángel Ossorio mencionó lo siguiente: “La abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Entonces el que no se dedica de manera habitual y permanente a dar consejos jurídicos o pedir justicia en los tribunales, será todo lo licenciado que se quiera, pero abogado no.” y más delante el mismo expositor señaló: “La abogacía no es sino una de las varias profesiones jurídicas y esto es por antonomasia junto con la judicatura, pero nada más, abogacía y judicatura son por definición dos de la profesiones jurídicas más señaladas, pero haya otras como la del ministerio público o ministerio fiscal, la del notariado, asesoría del estado, el magisterio y la investigación científica.”[4]
Estamos de acuerdo con el expositor, pues como se ha venido narrando en el presente trabajo, la profesión que se fue moldeando y creando fue la de abogacía, y no, como actualmente se conoce, la del licenciado en derecho. El licenciado en derecho que no se dedique a ser postulante tampoco puede llamársele abogado, ya que no se dedica ni abogar ni aplicar sus conocimientos técnicos-jurídicos en la defensa de los justiciables.
“Es decir, en nuestro sistema, en rigor, no todo licenciado en derecho viene a ser un abogado, aunque todo abogado, debe ser licenciado en derecho, es decir, debe poseer el título respectivo. El licenciado en derecho tiene muchos campos de acción y uno de ellos, es el de la abogacía, ese sector de la profesión jurídica que consiste en el asesoramiento o representación,... de los clientes ante los Tribunales.”[5]
La abogacía es una profesión que tiene por objeto la defensa de los intereses particulares o privados, la cual resulta totalmente incompatible con la judicatura, en virtud de que los jueces no pueden defender sino aplicar la ley e impartir justicia. Los abogados son los encargados de llevarle al juez todos lo elementos necesarios para que éste forme su juicio y pueda resolver adecuadamente la contienda o el conflicto de intereses.
Después de expuesto lo anterior, podemos ir viendo que el abogado es parte fundamental en la administración de justicia, pero no significa que sea la única. En la correcta administración de justicia también se encuentran los jueces quienes son los encargados de aplicar al caso concreto la norma jurídica, sin embargo es el abogado quien debe darle al juez los hechos constitutivos de la pretensión así como, el presentar las pruebas necesarias para obtener una resolución adecuada a los intereses de la parte que defiende.
Nos parece adecuado y certero lo que Campillo Sáinz nos menciona sobre la responsabilidad conjunta que tienen los abogados (aunque malamente los llama litigantes) y los jueces en la administración de justicia: “La aplicación y la realización de la justicia es obra conjunta de litigantes y juzgadores. El litigante presentando la defensa de su cliente y el juez determinando la justicia del caso concreto, después de escuchar los alegatos de las partes. Ambos son coadyuvantes en la realización de la justicia.”[6]
El abogado debe ser una persona con plenos conocimientos jurídicos, así como tener una gran calidad ética para el desempeño de su profesión. Debe sentirse comprometido verdaderamente con la sociedad, para asesorar y defender los intereses de los clientes que soliciten sus servicios. Sin embargo, el abogado debe tener mucho cuidado con el asunto que patrocina. Es también importante para el abogado contar con libertad e independencia al tomar un asunto.
Recordemos que los litigantes acuden con sus sentimientos y pasiones ante el abogado para que los asesore y, en su caso, los defienda ante el órgano jurisdiccional. Por ello, el abogado debe tener un temperamento firme y no dejarse llevar por la emoción de su cliente, debe saber aligerar las pasiones y nivelar las emociones. “La Abogacía mas que intereses rige pasiones, y aun podría totalizarse la regla haciéndola absoluta por que detrás de cada interés hay también una pasión: y sus armas se hallan mejor acomodadas en el arsenal de la psicología que en el de los Códigos.”[7]
LA GARANTÍA DE LA DEBIDA DEFENSA
Una vez hecha la exposición respecto a la importancia que tiene la profesión de abogado como auxiliar en al administración de justicia, es menester enfocarlo como una garantía de todo “imputado” en un procedimiento de carácter penal. Esta garantía se encuentra consagrada en nuestra Ley Fundamental, para ser más específicos lo encontramos actualmente establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado A, en su fracción IX, el cual textualmente estipula:
“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
“A. Del inculpado:
...
“IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; ”
Esta garantía es de las consideradas, o que doctrinalmente se han clasificado dentro de las garantías de seguridad jurídica. Aquí la seguridad que prevalece es que toda persona a quien se le impute un delito tiene derecho a estar asistida de un abogado, quien llevara a cabo su defensa. Ahora, cabe mencionar que el artículo descrito menciona que la defensa deberá ser adecuada y aquí es donde actualmente surge un problema: ¿Cuándo se considera que una defensa es adecuada? ¿Puede haber una defensa inadecuada?
Sobre este punto el maestro Carlos Barragán Salvatierra nos menciona una posible solución sobre esta cuestión: “... el término defensa adecuada es por demás subjetivo, ya que no denota quién o quiénes son las personas adecuadas para determinarlo. Lo importante es que el inculpado al sentir que no tuvo una defensa adecuada puede solicitar la reposición del procedimiento (que no es un recurso o incidente), y de conformidad con la ley se debe expresar como agravio en el recurso de apelación.”[8]
La institución de la defensa no debe verse tan sólo como una garantía, sino más bien debe entenderse como un derecho fundamental de toda persona, algo innato y no como una concesión graciosa por parte del Estado. Así el maestro Colín Sánchez, citado por Barragán Salvatierra nos dice: “la defensa en su connotación más amplia, ha sido considerada como un derecho natural e indispensable para la conservación de las personas, de sus bienes, de su honor y de su vida: ha sido objeto de una reglamentación especial en los diversos campos en los que puede darse; dentro del proceso penal es una institución indispensable.”[9]
En la propuesta de reformas que hace el Ejecutivo Federal, al tratar el tema de la defensa, nos menciona:
“En su concepción más amplia, la defensa es considerada como un derecho natural e indispensable para la preservación de la integridad de la persona, de su libertad, de sus bienes, de su honor y de su vida. Así, en todo régimen democrático, en donde se priven garantías, o se realicen conductas o hechos delictivos, ipso facto nace la pretensión punitiva estatal y coincidentemente el derecho de defensa.
“En este sentido, cada persona tiene derecho a una defensa efectiva en todas las fases del procedimiento penal, desde el primer acto de molestia y corresponde a las autoridades federales tutelar la adecuada prestación de la defensoría profesional.”
Si bien estamos de acuerdo que la institución de la defensa es un derecho natural que tiene toda persona en un procedimiento de carácter penal, también debemos estar de acuerdo que es una garantía individual, en donde Estado se obliga a respetarlo y hacerlo efectivo frente a sus autoridades y frente al Estado mismo.
Ahora bien, para que pueda llevarse a cabo y de manera efectiva esta garantía, quien desempeñe la función de la defensa debe ser un técnico de la materia. Es aquí donde entra el abogado, pues es la persona indicada para realizar esta función. Claro que no por el hecho de contar con un título que lo acredite como licenciado en derecho, signifique que se dedique a la actividad de la abogacía, sin embargo hasta la fecha el único requisito que se solicita para ejercer la defensa de una persona es la de contar con título profesional de licenciado en derecho.
De ahí que la propuesta del Ejecutivo Federal se enfoque al de elevar a rango de garantía constitucional el derecho el derecho a un defensor profesional certificado, proponiendo la reforma a artículos 17 y 20 Constitucionales, para quedar como siguen:
“Artículo 17.- ...
...
“Las leyes federal y locales sentarán las bases para que se garanticen la libertad, la capacidad y la probidad de los abogados.”
Aunque al artículo 20 Constitucional se le propone una modificación casi completa, solamente para enfocarnos a este trabajo, mencionaremos la parte correspondiente a la garantía de defensa:
“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el imputado, la víctima o el ofendido, tendrán los siguientes derechos:
“A. Del imputado:
...
“II. A una defensa adecuada a cargo de abogado certificado en términos de la ley, desde el momento en que el imputado comparezca ante el Fiscal del Ministerio Público y dentro de las veinticuatro horas siguientes a que quede a disposición del juez. Si no quiere o no puede nombrar un defensor, o éste no comparece el Fiscal del Ministerio Público o, en su caso, el juez le designará un defensor público gratuito, el cual podrá ser sustituido en todo momento a petición del imputado.
“También tiene derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; así como tener acceso a los registros, después de aceptar expresamente el cargo;”
Como podemos observar, la propuesta del Ejecutivo Federal va enfocada a querer encontrar la forma adecuada para que el Estado salvaguarde debidamente la garantía de defensa, enfocado a proteger a las personas que se encuentren en un procedimiento de carácter penal. El que se proponga la certificación del abogado es un paso más para reglamentar esta profesión. Creemos que en sí, es un requisito más para ejercer la profesión de abogado en materia penal, y no un requisito para ser licenciado en derecho.
Ya hemos mencionado que quienes terminan la carrera de licenciado en derecho, no necesariamente se dedican a la abogacía, existen otros que se dedican a la actividad judicial, a la actividad académica, a la actividad de asesores del Estado, a la actividad notarial, a la correduría pública, a ser agentes del Ministerio Público o a la Administración Pública. El licenciado en derecho tiene un panorama amplio para dedicarse a cualquiera de las profesiones jurídicas.
Deberán certificarse únicamente los que pretendan dedicarse a la defensa de carácter penal, con ello se buscaría a profesionistas con mayor calidad ética, así como se harían más responsables en la defensa de un individuo que deposita toda su fe y confianza en su actividad.
Es importante no olvidar que el abogado es el auxiliar más importante en la administración de justicia; con sus conocimientos jurídicos, argumentos y audacia, introduce al juez a su causa y le determina el camino a seguir para encontrar la verdad jurídica. Tal como lo diría Elisur Arteaga Nava al prologar la obra de Raúl F. Cárdenas Rioseco: “... nada es el Derecho sin el abogado litigante, sin el jurisperito que es capaz, en defensa de la libertad y los intereses de su cliente, de formular planteamientos originales, profundos o audaces. Los doctrinarios y los jueces, frecuentemente, se limitan a ahondar en las vetas halladas por litigantes.” o también como lo diría Piero Calamandrei: “La defensa de cada abogado está constituida por un sistema de llenos y de vacíos; hechos puestos de relieve porque son favorables, y hechos dejados en la sombra porque son contrarios a la tesis que se defiende. Pero superponiendo los argumentos de los dos contradictores y haciendo que se adpten, se ve que a los vacíos de la una corresponden exactamente a los llenos de la otra. El juez, así, sirviéndose de una defensa para colmar las lagunas de la contraria, llega fácilmente, como en ciertos juegos de paciencia, a ver ante sí el conjunto ordenado, pieza por pieza, en el tablero de la verdad.”[10]

e-mail: edmartinezc@yahoo.com.mx
Licenciado en Derecho

[1] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 22ª ed. Edit. Espasa-Calpe. España, 2001. Pág. 8.[]
2 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. A-CH. 11ª ed. Edit. Porrúa. México, 1998. Pág. 13[]
3 MOLIÉRAC, J. Iniciación a la Abogacía. Tr. Pablo Macedo. Edit. Porrúa. México, 1974. Pág. 48.[]
4 QUIJANO BAZ, Javier. La Ética del Abogado frente a la administración de Justicia. Conferencia dictada en el Auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. 6 de julio de 2004.[]
5 GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. 9ª ed. Edit. Oxford. México, 2000. Pág. 184.[]
6 CAMPILLO SÁINZ, José. Dignidad del Abogado. Algunas consideraciones sobre ética profesional. 8ª ed. Edit. Porrúa. México, 1998. Pág. 56.[]
7 OSSORIO, Ángel. El Alma de la Toga. Imprenta de Juan Fueyo. Madrid. Pág. 128.[]
8 BARRAGAN SALVATIERRA, Carlos. Derecho Procesal Penal. Edit. Mc Graw Hill. México, 1999. Pág. 253.[]
9 Ibídem. Pág. 229.[]
10 CALAMANDREI, Piero. Elogio de los Jueces. Edit. Orlando Cardenas. Pág. 115

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