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EL CONTRATO DE FIANZA.
Aspectos mercantiles y administrativos.
(Primera parte)
Las entidades con atribuciones para emitir contratos de fianza son las sociedades anónimas conformadas como afianzadoras.
Por lo que respecta al empleo de las palabras fianza, reafianzamiento, afianzamiento, causión, garantía u otras que empleen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo pueden ser empleadas por aquellas entidades que obtengan las autorizaciones respectivas. En este sentido queda prohibido al Registro Público de la Propiedad y el Comercio inscribir a cualquier entidad que tengan por objeto jurídico operar la emisión de fianzas si no se insertan los documentos oficiales que comprueben la existencia de la autorización que deba emitir al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad al artículo primero de la Ley Federal de instituciones de Fianzas la actividad de fianzas se encuentra considerada como una actividad de derecho público, y así se reitera en el artículo primero de la Ley Federal de Instituciones de fianzas, el cual a la letra dispone:
ARTICULO 1o.- La presente ley es de interés publico y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las instituciones de fianzas; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; así como las de los agentes de fianzas y demás personas relacionadas con la actividad afianzadora, en protección de los intereses del publico usuario de los servicios correspondientes.
Esta ley se aplicara a las instituciones de fianzas, cuyo objeto será otorgar fianzas a titulo oneroso, así como a las instituciones que sean autorizadas para practicar operaciones de reafianzamiento. competerá exclusivamente a la Secretaria de hacienda y crédito publico, la adopción de todas las medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las instituciones nacionales de fianzas, las que se regirán por sus leyes especiales y, a falta de estas o cuanto en ellas no este previsto, por lo que estatuye la presente.
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es el órgano competente para interpretar, aplicar y resolver en el ámbito administrativo lo relacionado a la labor financiera que deben desarrollar dichas Instituciones.
De acorde a lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Instituciones de fianzas, a todas las partes que intervengan en la celebración del contrato de fianzas se les aplicaran las normas mercantiles, ya sea que intervengan como beneficiarias, solicitantes, fiadas, contrafiadoras u obligadas solidarias, excepción hecha a aquellos que intervengan para conformar la garantía hipotecaria.
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas previene que queda prohibido a toda persona física o moral no autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgar habitualmente Fianzas a titulo oneroso.
En este respecto queda entonces la duda de que debe entenderse por habitualidad en la celebración de contrato de esta índole, legalmente la propia Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la presunción de que se realizan fianzas de manera habitual cuando se ofrezcan las pólizas mediante el empleo de publicidad o se utilicen en su caso agentes para tal efecto.
Para organizarse y funcionar como Institución de Fianzas o para operar exclusivamente el refianzamiento, se requiere de la respectiva autorización que al efecto expida el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público.
Los actos de afianzamiento que pueden ser desarrolladas a partir de las autorizaciones previstas por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas son los siguientes:
I.- Fianzas de fidelidad individuales y colectivas.
II.- Fianzas judiciales en su carácter penal, no penal y judiciales que amparen a los conductores de los vehículos automotores.
III.- Fianzas de carácter administrativo que contemplen los ramos de realización de obra, de proveeduría, fiscal, de arrendamiento y otras de carácter administrativo.
IV.- Fianzas de crédito, en materia de suministro, de compraventa, financieras y otras fianzas de crédito.
V.- Fianzas para realizar fideicomisos de garantía relacionados con pólizas de Fianza y respecto a a aquellos que no guarden relación con esta actividad.
Las instituciones de fianzas por las fianzas que otorguen, se consideraran de acreditada solvencia, salvo que las instituciones de fianzas, que sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción de las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales.
Todas las fianzas que se emitan en papelería oficial de las instituciones de fianzas se presumirán, salvo prueba en contrario, legalmente validas y las instituciones no podrán objetar la capacidad legal de quien las suscriba.
Las autoridades federales o locales están obligadas a admitir las fianzas, aceptando la solvencia de las instituciones de fianzas, sin calificar dicha solvencia ni exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica.
LAS OPERACIONES QUE TIENEN FACULTAD
DE REALIZAR LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

Las instituciones de fianzas solo podrán realizar las operaciones siguientes:
I.- Practicar las operaciones de fianzas y de reafianzamiento a que se refiere la autorización que exige esta ley, así como otras operaciones de garantía que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general;
II.- Celebrar operaciones de reaseguro financiero.
III.- Constituir depósitos en instituciones de crédito y en bancos del extranjero.
IV.- Operar con valores en los términos de esta ley y de la ley del mercado de valores;
V.- Operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la realización de su objeto social;
VI.- Adquirir acciones de las sociedades siguientes:
A) De sociedades que les presten sus servicios o efectúen operaciones con ellas.
B) De sociedades que contraten u operaciones que efectúen con terceros, que la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público repute complementarios o auxiliares de las operaciones que sean propias de las instituciones de fianzas.
C) Del capital social de otras instituciones de fianzas o de instituciones de seguros o de reaseguro o reafianzamiento, del país o del extranjero, de sociedades de inversión o de sociedades operadoras de estas ultimas; de administradoras de fondos para el retiro y de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. ademas, cuando las instituciones de fianzas no formen parte de grupos financieros, podrán invertir en el capital social de cualquier otro intermediario o entidad financiera que las leyes aplicables autoricen. esta inversión solo podrá hacerse previa autorización de la secretaria de hacienda y crédito publico, con los excedentes del capital mínimo pagado de la inversionista a que se refiere el primer párrafo de la fracción II del articulo 15 de esta ley, y su importe no computara para la cobertura del requerimiento mínimo del capital base de operaciones.
D) De sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas.
VII.- Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administración de bienes inmuebles destinados al establecimiento de las oficinas de la institución;
VIII.- Dar en administración a las instituciones cedentes del extranjero, las primas retenidas para la inversión de las reservas constituidas, correspondientes a operaciones de reafianzamiento;
IX.- Administrar las reservas previstas en esta ley, a instituciones del extranjero, correspondientes a las operaciones de reafianzamiento cedido;
X.- Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas técnicas o en cumplimiento de otros requisitos necesarios, correspondientes a operaciones practicadas fuera del país;
XI.- Adquirir, construir y administrar viviendas de interés social e inmuebles urbanos de productos regulares;
XII.- Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto social;
XIII.- Otorgar prestamos o créditos;
XIV.- Recibir títulos en descuento y redescuento a instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y a fondos permanentes de fomento económico destinados en fideicomiso por el Gobierno Federal en Instituciones de Crédito;
XV.- Actuar como institución fiduciaria sólo en el caso de fideicomisos de garantía con la facultad de administrar los bienes fideicomitidos en los mismos, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianzas que expidan, como excepción a lo dispuesto por el articulo 385 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Asimismo, podrán actuar como institución fiduciaria en los fideicomisos de garantía a que se refiere la sección segunda del capitulo v del titulo segundo de la ley general de títulos y operaciones de crédito, sujetándose a lo que dispone el articulo 85 bis de la ley de instituciones de crédito y bajo la inspección y vigilancia de la comisión nacional de seguros y fianzas.
Las Instituciones de Fianzas, en su carácter de fiduciarias, podrán ser fideicomisarias en los fideicomisos en los que, al constituirse, se transmita la propiedad de los bienes fideicomitidos y que tengan por fin servir como instrumento de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de fianzas otorgadas por las propias instituciones. en este supuesto, las partes deberán designar de común acuerdo a un fiduciario sustituto para el caso que surgiere un conflicto de intereses entre las mismas.
XVI.- Emitir obligaciones subordinadas las cuales podrán ser no susceptibles de convertirse en acciones, o de conversión obligatoria en acciones, así como emitir otros títulos de crédito.
XVII.- Efectuar en los términos que señale la secretaria de hacienda y crédito publico, las operaciones análogas o conexas que autorice.
LAS PROHIBICIONES A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.
A las instituciones de fianzas les esta prohibido:
I.- Otorgar garantías en forma de aval, salvo aquellos casos que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante reglas de carácter general, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y del Banco de México;
II.- Gravar en cualquier forma los bienes de su activo;
III.- Obtener prestamos, a excepción hecha de la emisión que hagan de obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito, conforme a lo dispuesto en el articulo 16, fracción XVI, de la Ley Federal de Seguros y Fianzas, así como de lineas de crédito otorgadas por las instituciones de crédito para cubrir sobregiros en las cuentas de cheques que mantengan con las mismas, sin que estas lineas de crédito excedan el limite que al efecto establezca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas mediante disposiciones de carácter general y aquellos otros casos que para mantener la liquidez de las instituciones de fianzas autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general;
IV.- Realizar contratos de reafianzamiento o de reaseguro.
V - Asumir riesgos u otorgar financiamientos bajo esquemas de reaseguro financiero, cuando no se trate de instituciones autorizadas para practicar exclusivamente el reafianzamiento o el reaseguro;
VI.- Especular con los bienes recibidos en garantía de fianzas otorgadas;
VII.- Dar en reporto títulos de crédito;
VIII.- Operar con sus propias acciones, salvo los casos previstos en la Ley del Mercado de Valores;
IX.- Afianzar a sus funcionarios y administradores, o aceptarlos como contrafiadores u obligados solidarios, así como otorgar pólizas en las que los mismos aparezcan como beneficiarios;
X.- Entrar en sociedades de cualquier clase, excepto en los casos de inversión en acciones permitidas por la Ley Federal de instituciones y Fianzas, y también les esta especialmente prohibido entrar en sociedades de responsabilidad ilimitada y explotar por su cuenta minas, plantas metalúrgicas, establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas, sin perjuicio de la facultad de poseer bonos, obligaciones, acciones u otros títulos de dichas empresas conforme a lo previsto en esa misma ley. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá autorizar que continúen su explotación, cuando las reciban en adjudicación o pago de adeudos, o al ejercitar los derechos que les confieren las operaciones que celebren.
XI.- Adquirir bienes, títulos o valores que no deban conservar en su activo.
Cuando una institución reciba en pago de adeudos o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor o al ejercitar los derechos que les confiere las operaciones que celebren conforme a esta ley, bienes, derechos, títulos o valores, que no deban conservar en su activo, deberá venderlos dentro del plazo de un año contado a partir de su adquisición, cuando se trate de títulos o de bienes muebles; de dos años cuando se trate de inmuebles urbanos; y de tres años cuando se trate de establecimientos mercantiles o industriales o de inmuebles rústicos. Para efectos de la valuación y afectación de dichos bienes, las instituciones deberán ajustarse a lo establecido en las reglas de carácter general que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Estos plazos podrán ser renovados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cuando sea imposible efectuar oportunamente su venta sin gran perdida para la institución.
Expirados los plazos o, en su caso, las renovaciones que de ellos se concedan, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sacará administrativamente a remate los bienes, derechos, títulos o valores que no hubieran sido vendidos;
XII.- Comerciar con mercancías de cualquier clase;
XIII.- Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la institución, los directores generales o sus equivalentes y las personas que ocupen cargos con las dos jerarquías inferiores a las de aquellos, salvo que correspondan a prestaciones de carácter laboral, otorgadas de manera general; los comisarios, propietarios y suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; los ascendientes; descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriores; y
XV.- Repartir dividendos con los fondos de las reservas que hayan constituido por disposición legal o de otras reservas creadas para compensar o absorber perdidas futuras.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN CONTRA DE LAS
INSTITUCIONES DE FIANZAS.
A) EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.
Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución de Fianzas. en caso que esta no le de contestación dentro del termino legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el articulo 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. en el primer caso, las Instituciones Afianzadoras estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el articulo 93 bis de la misma.
En las reclamaciones en contra de las Instituciones de Fianzas se observara lo siguiente:
I.- El beneficiario requerirá por escrito a la Institución el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la misma.
La institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de 15 días naturales, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. en este caso, el beneficiario tendrá 15 días naturales para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho termino, se tendrá por integrada la reclamación.
Si la Institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.
Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la Institución de Fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario, las razones, causas o motivos de su improcedencia;
II.- Si a juicio de la Institución procede parcialmente la reclamación podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibir, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la siguiente fracción. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los intereses mencionados en el articulo 95 bis de Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en el lapso que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos de los artículos 93 bis y 94 de Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
III.- Cuando el beneficiario no este conforme con la resolución que le hubiere comunicado la Institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, conforme a lo establecido en los términos de los artículos 93 bis y 94 de la Ley de la materia.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA PROCESAL
CONTRA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.
Los juicios contra las Instituciones de Fianzas, se substanciaran conforme a las siguientes reglas:
I.- Se emplazara a la Institución y se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en un plazo de cinco días hábiles, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia;
II.- Se concederá un termino ordinario de prueba por diez días hábiles, transcurrido el cual actor y demandado, sucesivamente, gozarán de un plazo de tres días hábiles para alegar por escrito;
III.- El tribunal o juez dictará sentencia en el plazo de cinco días hábiles;
IV.- Contra las sentencias dictadas en los juicios a que se refiere este articulo, procederá el recurso de apelación en ambos efectos. contra las demás resoluciones, procederán los recursos que establece el código de comercio;
V.- Las sentencias y mandamientos de embargo dictados en contra de las instituciones de fianzas, se ejecutaran exclusivamente por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, conforme a las siguientes reglas:
A).- Tratándose de sentencia que condene a pagar a la institución, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la ejecutoria, la requerirá para que cumpla. si dentro de los tres días hábiles siguientes la Institución no comprueba haberlo hecho, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ordenara el remate en bolsa, de valores propiedad de la Institución y pondrá la cantidad que corresponda a disposición de la autoridad que conozca el juicio; y
B).- Tratándose de mandamientos de embargo dictados por la autoridad judicial o administrativa, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas determinara los bienes de la institución que deban afectarse en garantía exclusiva del cumplimiento de las obligaciones por las que se ordeno el embargo. la misma comisión dictara las reglas sobre el deposito de dichos bienes;
VI.- El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden, son supletorios de las reglas procesales contenidas en este articulo y son aplicables al juicio todas las instituciones procesales que establecen dichos ordenamientos;
VII.- Los particulares podrán elegir libremente jueces federales o locales para el tramite de su reclamación; y
VIII.- Las Instituciones de Fianzas tendrán derecho, en los términos de la legislación aplicable, a oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza.
Las fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales, que no sean del orden penal, se harán efectivas a elección de los acreedores de la obligación principal, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93, 93 bis y 94 de Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Para el caso de que se hagan exigibles las fianzas señaladas en el párrafo anterior, durante la tramitación de los procesos en los que hayan sido exhibidas, el acreedor de la obligación principal podrá iniciar un incidente para su pago, ante la propia autoridad judicial que conozca del proceso de que se trate, en los términos del código federal de procedimientos civiles. en este supuesto, al escrito incidental se acompañaran los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.
Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de la ley en cita, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este articulo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación:
I.- Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería el Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor;
II.- Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora mas próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la Institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación.
La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior.
Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevaran a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes.
En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello;
III.- en el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la Institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le remataran valores en los términos de este articulo;
IV.- Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la fracción v. en caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitara a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado;
V.- En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la Institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, demandara la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellado de la misma;
VI.- El procedimiento de ejecución solamente terminara por una de las siguientes causas:
A).- Por pago voluntario;
B).- Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa;
C).- Por sentencia firme del tribunal fiscal de la federación, que declare la improcedencia del cobro;
D).- Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro.
Si la Institución de fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:
I.- Las obligaciones en moneda nacional se denominaran en unidades de inversión, al valor de estas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este articulo y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectué el mismo.
Ademas, la institución de fianzas pagara un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;
II.- Cuando la obligación asumida en la póliza de fianza se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa obligación, la afianzadora estará obligada a pagar un interés moratorio que se calculara aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los estados unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;
III.- En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el calculo del interés moratorio a que aluden las fracciones i y II de este articulo, el mismo se computara multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;
IV.- Los intereses moratorios a que se refiere este articulo se generaran por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este articulo y hasta el día inmediato anterior a aquel en que se efectúe el pago. para su calculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el numero de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento;
V.- El derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo surgirá por el solo incumplimiento de la obligación de la afianzadora dentro de los plazos referidos en la parte inicial de este articulo, aunque la obligación asumida en la póliza de fianza no sea liquida en ese momento;
VI.- El acreedor, una vez que haya surgido a su favor el derecho a las indemnizaciones establecidas en este articulo, podrá convenir con su deudor la revisión total o parcial a dichas indemnizaciones, salvo que se trate de las siguientes obligaciones:
A).- Las derivadas del estado civil o alimentos;
B).- Las derivadas de sucesiones en las que estén involucrados derechos a favor de menores;
C).- Las de carácter fiscal federal, local o municipal;
D).- Las que tengan como beneficiario a autoridades o entidades de las administraciones publicas, federal, locales o municipales; y
E).- Las de carácter civil que tengan como beneficiario a personas físicas o morales que no se dediquen a actividades empresariales;
VII.- Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de las indemnizaciones establecidas en este articulo, el juez o arbitro, ademas del importe que resulte de la obligación asumida en la póliza de fianza, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes;
VIII.- El sistema de actualización e intereses será aplicable a todo tipo de fianzas, salvo tratándose de las fianzas que garanticen créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;
IX.- Si la Institución de fianzas, dentro de los plazos o términos legales, no efectúa el pago de las indemnizaciones a que estuviere obligada, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le impondrá una multa de quinientos a diez mil días de salario, y
X.- Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto.
Al practicarse el embargo en el juicio ejecutivo mercantil de recuperación iniciado por una institución de fianzas, sobre los mismos bienes embargados precautoriamente, la institución conservara respecto a los demás acreedores el mismo lugar que tenia el embargo precautorio, retrotrayéndose los efectos del embargo definitivo a la fecha del embargo precautorio.
En los asuntos relativos a los procedimientos en que se encuentre relacionada alguna Institución de fianzas en virtud de la realización de su objeto social, se aplicara la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. serán aplicables a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas, las disposiciones establecidas en dichos ordenamientos mientras no se opongan a lo dispuesto por esta ley.


DEFINICIÓN DE REAFIANZAMIENTO.
El reafianzamiento es el contrato por el cual una Institución de Fianzas, de Seguros o de Reaseguro debidamente facultada conforme a esta ley, o Reafianzadoras Extranjeras registradas de acuerdo con el articulo 34 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se obligan a pagar a la institución reafianzada, en la proporción correspondiente, las cantidades que esta deba cubrir al beneficio de su fianza.
En los casos de reafianzamiento, cada institución participante será responsable ante la fiadora cedente por una cantidad proporcional a la responsabilidad que haya asumido y en relación con la cantidad que deba cubrirse al beneficiario de la póliza respectiva.
El pago de la prima por concepto de reafianzamiento será proporcional a la cantidad que haya sido cedida. Las reafianzadoras tendrán derecho al reembolso de las cantidades cubiertas a la reafianzada en la misma medida en que esta obtenga la recuperación de lo pagado al beneficiario de la fianza, por parte de su fiado y demás obligados.
La fiadora directa esta obligada a obtener el consentimiento previo de sus reafianzadoras para ampliar el monto de la fianza, modificar su vigencia y cualquier otra característica así como todo lo relacionado con la reclamación de las pólizas y las negociaciones que al efecto se lleven a cabo con el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores. Deberá informar oportunamente a las reafianzadoras, acerca de cualquier circunstancia que conozca en relación con la obligación garantizada y las garantías de recuperación ofrecidas.
DEFINICIÓN DE REASEGURO FINANCIERO.
Por reaseguro financiero se entiende el contrato en virtud del cual una empresa de fianzas, en los términos del articulo anterior, realiza una transferencia significativa de responsabilidades asumidas por fianzas en vigor, pactando como parte de la operación la posibilidad de recibir financiamiento del reasegurador o reafianzador.
La institución que reafiance estará obligada, en su caso, a proveer de fondos a la reafianzada, con objeto de que esta cumpla sus obligaciones como fiadora. la falta de provisión oportuna hará responsable a la reafianzadora de los daños y perjuicios que ocasione a la reafianzada.
Hay coafianzamiento cuando dos o mas instituciones de fianzas del país otorgan fianzas ante un beneficio, garantizado por un mismo o diverso monto e igual concepto, a un mismo fiado.
En el coafianzamiento no hay solidaridad pasiva, debiendo el beneficiario exigir la responsabilidad garantizada a todas las instituciones coafianzadoras y en la proporción de sus respectivos montos de garantía.
Las instituciones de fianzas solo asumirán obligaciones como fiadoras, mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales a las mismas, tales como de ampliación, disminución, prorroga, y otros documentos de modificación, debiendo contener, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la secretaria de hacienda y crédito publico y la comisión nacional de seguros y fianzas.
El beneficiario, al ejercitar su derecho, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada. en caso de perdida o extravió, el beneficiario podrá exigir a la institución de fianzas de que se trate, que le proporcione, a su costa, un duplicado de la póliza emitida a su favor.
La devolución de una póliza a la institución que la otorgo, establece a su favor la presunción de que su obligación como fiadora se ha extinguido, salvo prueba en contrario.
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