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EL CONTENIDO ECONÓMICO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.



  1. UBICACIÓN DE LOS CONTENIDOS ECONÓMICOS:

Los preceptos constitucionales que hacen referencia a materias de índole económicas en la Constitución Política de la República de Nicaragua se encuentran ubicados, en primer lugar, en el Capítulo I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 5, párrafo 2 y 4 que hacen referencia al Derecho de propiedad y a sus diversas formas respectivamente. Así como el objeto que debe cumplir la propiedad como es La función social.

En segundo lugar, en el Título IV. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DEL PUEBLO NICARAGÜENSE. Capítulo I. DERECHOS INDIVIDUALES. Artículo 44 establece “el reconocimiento y garantía del Derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción...” A su vez, siempre dentro del mismo Título IV, aparece en el Capítulo III. DERECHOS SOCIALES. Artículo 57 y ss. referidos al Derecho de todos los Nicaragüenses al trabajo, la educación, la cultura, la salud, la seguridad social, vivienda digna, cómoda y segura que garantice la seguridad familiar. Siempre dentro del Titulo IV, aparece el Capítulo V. DERECHOS LABORALES. Artículo 80 y ss. Este capítulo señala que el trabajo es un derecho y una responsabilidad social. Establece la participación en la gestión de la empresa por parte de los trabajadores. Reconoce el derecho a la huelga y a la libertad sindical.

En tercer lugar, el texto constitucional, establece un apartado exclusivo en el Título VI. ECONOMÍA NACIONAL, REFORMA AGRARIA Y FINANZAS PÚBLICAS, este Título se divide en tres capítulos que como vemos se encarga de regular la economía, la reforma agraria y las finanzas del país. Este apartado nos permite estudiar el modelo económico que la Constitución establece y que el Estado de Nicaragua debe seguir, así como lo referente al Banco Central y su papel; también hace referencia al presupuesto General de la República y sus características esenciales, remitiendo los detalles del mismo a la Ley.

CAPÍTULO I: ECONOMÍA NACIONAL.

El artículo 98, establece que “la función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país; suprimir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de las riqueza”.

Sin embargo, los artículos 99 y ss. son los que a mi juicio establecen las pautas para lograr ver de una forma no muy clara, pero si se analiza en una especie de conjunto, se puede deducir cuál es el tipo o modelo económico que el Estado debe seguir. En el artículo 99 se dice “el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. El artículo 103 menciona la palabra “ECONOMIA MIXTA”. En el artículo 104 se habla de que “la iniciativa económica es libre”. También, a lo largo del articulado se hace mención al BANCO CENTRAL, se señala de una forma bastante vaga el papel del mismo dentro de la economía del país, y el mismo artículo remite a la ley su desarrollo. Se habla de la obligación por parte del Estado a la prestación de servicios de educación, salud, y seguridad social, así como se hace la salvedad que se pueden establecer servicios privados en las áreas de salud y educación. Por otro lado se establece el deber del Estado de garantizar el control de calidad de los bienes y servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo.

A continuación transcribo de manera íntegra los artículos que hacen mención a lo anteriormente señalado:

Artículo 99 “El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial, privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social.

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas, cooperativas, asociativas y otras.

El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema financiero. Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.

El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales, que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán regulados por la ley”.

Artículo 101 “Los trabajadores y demás sectores productivos, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos”.

Artículo 103 “El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social”.

Artículo 104 “Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre”.

Artículo 105 “Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos ala población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotaciones a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado aprestarlo sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enajenados bajo ninguna modalidad.

Se garantiza la gratitud de la salud para los sectores vulnerables de la población, priorizando el cumplimiento de los programas materno infantil. Los servicios estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y educación.

Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo”.

CAPÍTULO III DE LAS FINAZAS PÚBLICAS.

Este apartado trata sobre el tema del Presupuesto General de la República.

Artículo 112 “La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y su objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La ley determinará los límites de gasto de los órganos del Estado y deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán concordantes entre sí.

La Asamblea Nacional podrá modificar el proyecto de presupuesto enviado por el Presidente de la República, pero no se puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos. La ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia.

Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley anual de Presupuesto no puede crear tributos”.

Artículo 113 “Corresponde al Presidente de la República la formulación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, el que deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley de la materia.

El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea Nacional, los presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales y de las empresas del Estado”.

II. ¿ESTA UBICACIÓN TIENE ALGUNA IMPORTANCIA?

Tenemos que señalar que la ubicación anteriormente establecida sobre el contenido económico de la Constitución Política de la República de Nicaragua, no obedece a ninguna lógica estructural en cuanto a la protección de los contenidos ya que esta Constitución carece de “protección jerarquizada” por así decirlo de los derechos fundamentales, dentro los cuales se encierran los económicos, como aparece por ejemplo en el caso de la Constitución Española que establece unos derechos “superprotegidos” que son objeto del amparo y otros que no lo son.

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 45 establece “Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo”

La misma Constitución en el Capítulo X. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES. En el Capítulo II. CONTROL CONSTITUCIONAL. Establece en su artículo 187 “El Recurso por inconstitucionalidad, contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.

Artículo 188 “Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política”.

Artículo 190 “ La ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este capítulo”

Como podemos observar existe una ley que se denomina “LEY DE AMPARO” que su contenido regula todo lo referente al Recurso por Inconstitucionalidad, al Recurso de Amparo como tal y al Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus. Esta Ley señala que el Recurso de Amparo procede cuando se viole o tratare de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución política. Se puede deducir que todos los derechos son sujetos de amparo. Desafortunadamente no he podido obtener Sentencias de La Corte Suprema de Justicia, el cual es el máximo órgano judicial y el encargado de la justicia Constitucional, mediante lo cual pueda observar la protección de los derechos de contenido económico.

III. EL MODELO ECONÓMICO QUE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE.

De la lectura de los preceptos constitucionales creemos que se puede deducir que se trata de una economía mixta como la mayoría de los textos constitucionales modernos que han pasado por una etapa de transición, por ejemplo, los países del Este de Europa. Es menester recordar que el texto constitucional de Nicaragua es del año de 1987, período que el país se encontraba bajo un régimen que tendía más hacia el socialismo que el capitalismo. El texto del ´87 establecía por tanto el principio de la dirección y planificación de la economía y el principio de la economía mixta. El texto pretendía buscar el equilibrio entre ambos, aunque definitivamente el grado de intervencionismo del Estado en la economía era mayor que el de la participación de la empresa privada.

En 1995 el texto constitucional fue reformado, el régimen político había cambiado y el Estado estaba bajo la dirección de un régimen que abogaba más por la empresa privada, la intervención de los sujetos privados en el mundo económico más que el Estado, sin embargo, esto no deslindaba las responsabilidades del Estado en dirigir la economía, garantizar y promover el desarrollo integral del país (Arto. 99).

Debido a las reformas de algunos de los artículos que comprenden el Título VI.ECONOMÍA NACIONAL, REFORMA AGRARIA Y FINANZAS PÚBLICAS. En particular los artículos 99, 104, 105 del Capítulo I. ECONOMÍA NACIONAL, se logró adecuar el texto constitucional a los objetivos del Gobierno y de esta forma trazar la política económica que ha seguido el Estado de Nicaragua en la última década. En la actualidad el Estado sólo cuenta con un Banco de carácter estatal que es el Banco Central de Nicaragua y otro banco semiestatal del cual es propietario del 60% del total de las acciones. Podemos afirmar sin lugar a dudas que la economía en la actualidad está siendo movida por la empresa privada, que como establece el mismo texto constitucional, ...El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares.

IV. SOBRE EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA.

La Constitución Política de Nicaragua hace mención al Banco Central. En el párrafo tercero del artículo 99 estable que el Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario...

Sin embargo la Constitución no dice nada más acerca de su estructura, funciones, autonomía, entre otras. Tenemos que remitirnos a la Ley creadora del Banco Central así como a sus reformas correspondientes para poder observar su contenido, estructura y funcionamiento.

La ley creadora del Banco Central de Nicaragua señala que “el Banco es un Ente Autónomo Descentralizado del Estado, de carácter técnico, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”. Arto. 1 Ley orgánica del Banco Central.

“El objetivo fundamental del Banco Central será velar por la estabilidad interna y externa de la moneda”. Arto 3 Ley Orgánica del Banco Central.

“El Banco Central, en su condición de autoridad monetaria del Estado, determinará y ejecutará la política monetaria, cambiaria y crediticia del Estado, en coordinación con la política económica global del Gobierno Nacional, atendiendo, en primer término, al cumplimiento del objetivo fundamental del Banco”. Arto. 4 Ley Orgánica del Banco Central.

“Al Banco Central de Nicaragua le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones principales:

Ser el responsable exclusivo de la emisión de moneda en el país, de la puesta en circulación y retiro de billetes y monedas de curso legal dentro del mismo. Actuar como consejero de la política económica del Gobierno Nacional y además ser banquero y agente financiero del mismo. ” Arto. 5 inc. B y C. Ley Orgánica del Banco Central.

La ley no establece a quien corresponde el nombramiento del presidente del Banco. Por su parte la Constitución política en el Título VIII. DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. Capítulo III. PODER EJECUTIVO, en el artículo 150 sobre las atribuciones del Presidente de la República, señala en el inc. 6 “ Nombrar y remover a los ministros y viceministros de Estado, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales...” Con lo cual podemos observar que el Presidente de la República es quien nombra al presidente del Banco Central, ya que como señala la ley del Banco, este es un ENTE AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO. De esta manera vemos que la autonomía del Banco es puesta en tela de duda, además el Presidente de la República no solo nombra al presidente del Banco sino también a los miembros del Consejo Directivo, integrado por el Presidente del Banco, el Ministro de Hacienda y crédito y tres miembros más. Arto 14 Ley Orgánica del Banco Central.

Otro aspecto importante a destacar es el referido al hecho que el Banco tiene una duración indefinida, y además es el encargo de emitir billetes y ponerlos en circulación en el país, en mi entender esta situación sólo podría ser superada mediante la creación de un Ente de carácter Regional( a nivel de Centro América) mediante un proceso de integración del área, que conlleve a la aparición de una moneda única, tal cómo es el caso de la Unión Europea donde los bancos centrales de los países integrantes ya no tienen razón de ser, ya que la puesta en práctica de una moneda única, como es el Euro, hace que las regulaciones financieras provengan desde un solo órgano rector como es caso del banco europeo con sede en Frankfurt, Alemania.

V. SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL ÓRGANI FISCALIZADOR DEL ESTADO.

Como hemos señalado el Título VI. ECONOMÍA NACIONAL, REFORMA AGRARIA Y FINANZAS PÚBLICAS. En el Capítulo III. DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, se establecen regulaciones sobre la Ley del Presupuesto General de la República. Dentro de las características que se mencionan destacan, entre otras, la vigencia anual y el objeto de la ley (regular los ingresos ordinarios y extraordinarios de la Administración Pública); la ley debe de establecer los límites del Presupuesto, mostrar las fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los cuales deben ser concordantes entre sí. Arto 112 Cn.

Por otro señala que al Presidente de la República le corresponde elaborar y presentar el Poyecto de Ley del Presupuesto ante la Asamblea Nacional a quien le corresponde discutirlo y aprobarlo (Arto.113, 138 inc.6, 150 inc.5 Cn). Toda modificación al presupuesto requiere de la Asamblea Nacional (Arto. 112 párrafo 3 Cn.), esto es para evitar las transferencias que se dan entre los Ministerios de Estado, que dentro del terreno de la praxis es de lo más normal.

La Constitución no dice nada sobre el hecho de la ausencia del proyecto de Ley de Presupuesto. Al respecto la ley de Presupuesto establece que de no ser posible aprobarse un nuevo presupuesto, se utilizará el presupuesto aprobado para regir el año anterior. Esta situación se presentó en la práctica, en el año 97 cuando el gobierno entrante trabajó con el presupuesto que había operado el gobierno saliente para el año 96, la Asamblea Nacional saliente no aprobó el proyecto de Presupuesto lo cual generó esta situación. Esto es muy peligroso ya que quedó demostrado desde la praxis las arbitrariedades que se cometieron ese año (97) en materia de manejo de los fondos del erario público.

Por otro lado, sobre el órgano fiscalizador del Estado encontramos en el Título VIII. DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. Capítulo IV. DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. En el Artículo 154 “ La Contraloría General de la República es el organismo Rector del sistema de control de la Administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado...” El artículo 155 inciso 2 señala que le corresponde a la Contraloría “ El control sucesivo sobre la Gestión del Presupuesto General de la República.”

Como vemos es la Contraloría General de la República el órgano fiscalizador del Estado y el encargado de la vigilancia del cumplimiento efectivo del Presupuesto General de la República. También el parlamento tiene facultades de vigilancia del presupuesto a través de informes que puede pedir sobre el ejercicio del mismo (Artículo 138 inc. 6 Cn.).

  1. CONCLUSIONES:

Una Constitución según mi opinión debe ser un instrumento que sirva como marco general de actuación de los poderes público y de protección al ciudadano frente a estos, de cómo, por un lado, el Estado debe actuar, y cómo, por otro lado, este actuar no lesione los derechos de los ciudadanos.

El establecer en una Constitución unas reglas más o menos claras de cómo debe ser una política económica y qué debe pretender alcanzar la misma, es decir, sus objetivos, brinda una especie de seguridad tanto al ciudadano común y corriente como al inversionista, ya que se supone dentro de una lógica racional que todo va estar encaminado a la obtención de los fines propuestos.

El problema del contenido económico en constituciones que lo tiene más o menos claros no presenta según mi entender muchos problemas. Los problemas se plantean en aquellos textos donde no se tiene más o menos claros, cuál serán las directrices a seguir en materia económica, cuáles serán esos objetivos a alcanzar, y nos encontramos en la práctica con gobiernos que llegan a improvisar planes económicos según sus preferencias y antojos. Además la protección de los derechos económicos de los ciudadanos es fundamental, aquí los órganos correspondientes como los Tribunales Constitucionales deben de jugar un papel determinante en asegurar que los mismos se cumplan.

El Estado, por tanto, tiene que definir sus políticas económicas y los gobiernos que pasen por el deben respetar estos objetivos, y los órganos e instituciones de protección de estos derechos económicos deben cumplir su función. En países donde se ha experimentado una transición política, una vez definida una política económica, debe respetarse la misma, y los gobiernos deben seguir estas directrices trazadas, por supuesto con la capacidad, gestión y astucia de cada uno, algunos endurecerán sus políticas económicas debido a diversas situaciones que les toque vivir, otros en cambio tendrán la mejor suerte de gobernar en períodos de relativa tranquilidad y calma que permita jugar un poco con la economía y ser menos crueles. Al final el objetivo común del Estado debe de ser el tratar de garantizar que la vida de los ciudadanos sea menos difícil y se pueda vivir con relativa comodidad. Claro está, algunos menos optimistas podrán preguntarme: ¿Qué entendemos por relativa comodidad?.


Por otro lado, ¿Qué sucede cuando las constituciones establecen enunciados de poca practicidad?, aquí, nos planteamos el interrogante de que si vale la pena suprimir artículos constitucionales que no tienen ningún uso práctico. Me parece que suprimir algunos de los preceptos que las constituciones establecen es un poco arriesgado, en lo particular yo no lo haría, ya que algunos de los preceptos han sido producto de momentos históricos y de conquistas obtenidas a medida que los y tiempos avanzan. Por tanto, si aparecen dentro del texto constitucional es porque han sido producto de la necesidad en determinado momento de enmarcarlos.

Esto también nos genera la consecuencia que aparecen textos constitucionales cargados de una serie de enunciados que no tiene ningún valor práctico y que carecen de una eficacia jurídica real, lo cual nos genera la duda e interrogante siguiente: ¿Se está quedando sin contenido material el ordenamiento constitucional o no?. ¿Estamos vaciando de contenido la Constitución o no?.

Me parece que hasta cierto punto sí, pero estos enunciados, repito, han sido producto y tienen que ver mucho con la experiencia histórica que cada país ha tenido y ha vivido y que el constituyente ha querido recoger y ha conformado el texto constitucional. Sólo cada sociedad es capaz de decidir y establecer los enunciados que mejor le parezca en cada Constitución.

Creo que el mejor planteamiento desde un punto de vista jurídico y político, ya que no podemos obviar lo que ambas realidades representan y significan, estaría en el caso, a manera de ejemplo la Constitución de Nicaragua, en plantearse si ¿siguen siendo válidos los enunciados establecidos por el constituyente del ´87?, o por el contrario, ¿es necesario una constituyente y plantearse un nuevo modelo de Estado, y redactar preceptos constitucionales que estén elaborados con menos retórica y demagogia?.

Sólo cada sociedad y cada realidad es capaz de responder. En lo particular pienso que en el caso de Nicaragua sí cabe la posibilidad de plantearse la necesidad de una nueva Constitución, que establezca normas y principios más acordes a nuestras realidades y con menos demagogia.



Salamanca 29 de Mayo 2000.


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